La huelga de transportistas pierde fuerza tras el rechazo desde Fenadismer

La huelga de transportistas anunciada desde la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte se queda sin el apoyo de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) tras una asamblea extraordinaria en la que ha consultado a sus asociados ir al paro convocado para el próximo lunes. La respuesta ha sido unánime y tajante, ya que considera que las medidas legislativas aprobadas recientemente por el Gobierno "no justifican en la actualidad llevar a cabo esta medida de presión límite".

La federación agrupa a más de 30.000 pymes y autónomos de transporte, con más de 60.000 vehículos y asegura que el sector no se encuentra en la misma situación "crítica" que atravesó a principios de año por el encarecimiento de los carburantes, y que llevó a la Plataforma a convocar un paro de 20 días que Fenadismer en ese caso sí secundó. En este sentido defiende que las medidas aprobadas tras aquellos paros han permitido a los transportistas incrementar sus tarifas y disfrutar de bonificaciones y ayudas directas para compensar el encarecimiento de los carburantes, medidas que esperan que el Gobierno se comprometa a prorrogarlas a partir de enero.

Asimismo, explica que el sector cuenta ahora con instrumentos legales para mejorar la actividad de los transportistas, además de canales para denunciar cualquier incumplimiento que se produzca en las nuevas leyes de transporte aprobadas. En cualquier caso, pide responsabilidad a los convocantes para que respeten a los transportistas que decidan no secundar el paro y continuar su actividad profesional.

Tal decisión quita algo de fuerza al paro anunciado para el próximo lunes a las puertas del Black Friday y con la cadena de suministro en alerta con solo recordar el impacto sufrido por las movilizaciones promovidas por la misma agrupación el pasado mes de marzo. Sin embargo, mientras que hace siete meses la imposibilidad de cubrir los "desorbitados" incrementos del precio del carburante hacía que muchos transportistas no pudieran trabajar y les saliera más rentable parar, ahora mismo el sentir del sector es que no existe una necesidad económica límite y son varias ya las asociaciones mayoritarias que desde que se convocaran los paros han ido dando la espalda a tal iniciativa. 

Poco respaldo del sector a la huelga

Aún así las imágenes de las estanterías vacías en los supermercados y las alertas desde sectores como el pan o los lácteos que tenían que parar sus cadenas podrían volver a sucederse si el descontento que manifiestan los convocantes termina calando en el resto. Por ahora parece que no y en la misma línea que Fenadismer las patronales CEOE, Cepyme y ATA han expresado su oposición al paro, pues consideran que "agravará la difícil situación económica" de las empresas "y la población en general"; y han pedido al Gobierno que garantice la libre circulación y seguridad de los transportistas que deseen trabajar.

La junta directiva de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) tampoco lo secundará, pues considera que hacerlo no sería responsable, puesto que provocaría un desabastecimiento y un empeoramiento generalizado de la situación económica y social. Desde Murcia, la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales también ha pedido que se garantice el derecho al trabajo de las empresas, así como la libre circulación de personas y bienes para evitar situaciones no deseadas, especialmente en las zonas de mayor circulación.

También se ha desvinculado de la convocatoria la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime), al considerar que una nueva paralización sería "insostenible" para muchos autónomos y pymes del sector. El sindicato de transportistas autónomos de Euskal Herria, Hiru, tampoco lo apoyará, a pesar de que refleja "la frustración no resuelta, porque las administraciones no han abordado en su globalidad las problemáticas que se plantearon en marzo".

Mientras, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, confía en que la plataforma convocante acabe rectificando e insiste en que el Gobierno está haciendo todo lo que está en su mano para cumplir los compromisos con el sector. Desde Asturias, ha expresado su respeto a la movilización, pero ha incidido en que "nadie desea un paro" que va a perjudicar al propio sector del transporte de mercancías por carretera y al conjunto de la sociedad española.

Un sector dividido

En estos momentos, hay 103.000 empresas con autorización de transporte de mercancías (unos 560.000 camiones), de las que la mitad tiene un sólo vehículo y un 80%, menos de 5 vehículos, por lo que se trata de un sector "enormemente fragmentado", ha señalado a EFE el vicepresidente ejecutivo de Astic, Ramón Valdivia. En primavera, la Plataforma reclamaba al Gobierno una normativa que prohibiera la contratación por debajo de los costes de explotación del transportista efectivo, lo que se logró en agosto, con la aprobación de la llamada ley de la Cadena de Transporte, fruto de los acuerdos suscritos en marzo entre el Gobierno y las asociaciones del CNTC.

Hasta ahora, no era obligatorio que los contratos de transporte fueran por escrito, de hecho, en caso de los autónomos, sólo uno de cada diez transportistas trabajaban bajo un contrato escrito, de acuerdo con Fenadismer. Actualmente, es obligatorio por ley que todos vayan por escrito y que figure el precio del transporte y que éste debe cubrir los costes de explotación y, si esto no se produce, el transportista tiene la posibilidad de presentar una denuncia anónima ante la Inspección de Transportes.

Sin embargo, la plataforma denuncia ahora el incumplimiento de la ley por parte de los cargadores y la "pasividad" de la Administración en el control de su aplicación. Las principales patronales recuerdan que la nueve ley lleva en vigor apenas tres meses y "las cosas no pasan de blanco a negro en un día", por lo que consideran que no hay motivos que justifiquen llevar a cabo esta medida extrema.

Una cadena de contratación muy larga

Tras los acuerdos alcanzados con el Gobierno en este último año, tanto estructurales como económicas, las principales asociaciones siguen apostando por la negociación del resto de las medidas previstas. Valdivia ha destacado las relativas a la normativa de pesos y dimensiones de los vehículos; la creación de un código de buenas prácticas y unos estándares aplicables a las zonas de carga y descarga y de descanso de los conductores; la baja demanda de la profesión, especialmente entre las mujeres, y la revisión de la cadena de subcontratación.

En España, la subcontratación ha tenido muchos eslabones y, hace unos años, se pactó con el Gobierno una medida, llamada la acción directa, por la cual el transportista efectivo, ante un impago, tiene derecho a reclamar a cualquier miembro de la cadena, incluyendo al cargador principal, haya pagado ya o no, ha detallado Valdivia.

Esta medida tenía como objetivo, y lo ha conseguido, que los cargadores tuvieran cuidado de quién estaba en la cadena para que una quiebra o un impago no se volviera contra ellos, lo que la ha reducido bastante, aunque "todavía hay un exceso de intermediación en más de una ocasión". El sector está negociando con el Gobierno cómo se puede instrumentar una normativa -cuyo proyecto se debe presentar hasta febrero próximo- que vaya a luchar "contra ese mal".