Humala dice que no aceptará "chantaje" de manifestantes mineros

Lima, 25 mar.- El presidente de Perú, Ollanta Humala, afirmó hoy que no aceptará el chantaje de los manifestantes mineros que protestan desde la semana pasada en rechazo a una ley de formalización que tiene como plazo el próximo 19 de abril y que han bloqueado algunas vías.

"No vamos a dar más plazos para formalización, pero apoyo a quienes están en ese proceso... Creemos en el dialogo. No vamos a aceptar chantajes de nadie", declaró Humala, tras una ceremonia oficial en la región norteña de La Libertad.

El jueves último miles de mineros informales iniciaron una movilización nacional en contra de la formalización que ha establecido el Gobierno al considerar que con estas medidas se quiere destruir la minería pequeña y artesanal, que no utiliza maquinaria pesada ni opera en zonas prohibidas.

Humala reconoció la importancia de la actividad minera y destacó que su Gobierno está firme en la lucha contra la ilegalidad en el sector, que opera sin permiso en zonas de reservas naturales.

"Queremos que entren a la formalidad, todos necesitamos empujar el coche, que se llama Perú, para que avance más rápido", manifestó.

El gobernante hizo un llamado a la unidad del país para luchar contra la minería ilegal que trae consigo delitos como la explotación infantil, corrupción y destrucción del medio ambiente.

El alto comisionado para la Interdicción y Formalización de la Minería de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Daniel Urresti, mantiene hoy reuniones junto a su equipo con dirigentes mineros de diversas regiones para solucionar la situación.

Sin embargo, Urresti señaló que no iba a dialogar con los dirigentes de Puno porque los manifestantes de esa zona sureña mantienen bloqueadas algunas vías.

"Mientras esta toma de carreteras persista no hay posibilidad de recibirlos", afirmó Urresti.

Los cientos de mineros que se encuentran en la capital provocaron con sus manifestaciones que el Metropolitano, sistema de omnibuses a gas, suspendiera sus operaciones en algunas estaciones del Centro histórico de Lima.

Por su parte, congresistas como los opositores Yehude Simons y Yohny Lescano se han manifestado a favor de un diálogo entre los representantes de los mineros, de la PCM y los ministros del sector.

Las autoridades peruanas diferencian entre los mineros informales, que permanecen en zonas autorizadas pero sin los permisos respectivos, y los ilegales, que ocupan zonas de reservas naturales y cuya actividad es combatida desde 2011.

En 2012, el Gobierno peruano inició el proceso de formalización con el compromiso de unos 70.000 mineros a nivel nacional, pero según las últimas cifras oficiales solo 31.000 de ellos han gestionado la documentación respectiva.

Las primeras acciones de interdicción en el país sucedieron en 2011, durante el mandato de Alan García (2006-2011), con el fin de aplicar la política estatal de "tolerancia cero" a la minería ilegal, que destruye y contamina la Amazonía peruana.