Humala niega cualquier intención de criminalizar la protesta social en Perú

Isabel Saco

Ginebra, 11 jun.- El presidente de Perú, Ollanta Humala, negó hoy cualquier intención de criminalizar la protesta social en su país, en relación a una serie de manifestaciones contra un proyecto minero de capitales suizos que se desarrolla en la provincia de Espinar (departamento de Cuzco).

"No hay ninguna criminalización de la protesta social. Se está defendiendo el Estado de Derecho", dijo el mandatario en una conferencia de prensa en Ginebra, tras su intervención en la Conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Un sector de la población de Espinar protesta desde hace varias semanas contra la mina Tintaya por considerar que contamina y que su aporte económico al desarrollo local es insuficiente, en un conflicto social que ha causado al menos catorce muertos, según información avalada por la Defensoría del Pueblo.

Requerido por su posición frente a esta situación por la prensa internacional, Humala relacionó cualquier acto violento a las acciones de la minería informal, que -recordó- es un fenómeno que afecta a varios países latinoamericanos y no solamente a Perú.

Esa actividad, continuó, involucra a "cientos de miles de personas que trabajan y no respetan los estándares del medio ambiente, contaminan de manera peligrosa los ríos en la Amazonía, talan bosques y afectan a las empresas formales".

Minutos antes, durante su alocución en la sesión plenaria de la OIT, Humala aseguró que las comunidades indígenas y campesinas de su país se convertirán en "aliados estratégicos" del Estado y reiteró su disposición a escucharlas.

Asimismo, insistió en que su prioridad es erradicar la exclusión social y promover "un crecimiento económico acompañado de una inversión responsable y de la explotación racional de los recursos naturales, respetando el medio ambiente".

En relación con la promoción del empleo y las inversiones, Humala aseguró que el Gobierno peruano cree en los principios de "la participación" y de "la consulta previa", dos pilares fundamentales de las normas internacionales de la OIT.

Sobre la aplicación de la Ley de Consulta Previa aprobada en Perú al caso del proyecto minero de Tintaya, el presidente declaró a la prensa que esta norma es "para las comunidades indígenas" y que una población "no necesariamente" califica "para esto".

"Las poblaciones tienen sus autoridades electas que las defienden", agregó.

Explicó que la intención de la referida ley es "no dejar a ningún sector de la población indefenso y esto normalmente se da en comunidades amazónicas o (las) que, si bien están dentro de una demarcación territorial, no necesariamente tienen autoridades representativas que puedan hacer defender sus derechos".

"En Tintaya estamos construyendo una nueva relación con la minería y eso implica resolver todas las dudas", continúo.

Humala recordó que en su discurso ante la OIT había planteado la necesidad de establecer "una nueva relación con la minería, lo que implica generar confianza".

Recordó que en el caso de Tintaya -un importante proyecto de extracción de cobre de la minera suiza Xstrata- "se habla de un problema político o ideológico, pero no hay que negar que más allá de eso hay un problema de fondo que es la desigualdad, la pobreza, y un problema de impacto ambiental".

"Esto nosotros estamos decididos a resolverlo", enfatizó, tras recordar que en otras situaciones de duda incluso se pidió un peritaje internacional.

En respuesta a un estudio del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) que habría confirmado un problema de contaminación por la actividad de Tintaya, Humala dijo que se mostraron resultados de "otra área de influencia" y este "es un tema que entra en el campo de la desinformación, lo cual lamentamos".