El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, ha abierto un expediente sancionador a la auditora PwC por las cuentas del Banco Popular de 2016, las últimas bajo el mandato de Ángel Ron. Según ha explicado a Efe un portavoz de PwC, el expediente no cuestiona el resultado de la auditoría, "se limita a poner de manifiesto supuestos errores de forma, con los que no estamos en absoluto de acuerdo".
La noticia de la apertura del expediente sancionador del ICAC, adelantada hoy por Vozpópuli, llega justo una semana después de que la CNMV hiciera pública un expediente a Ron y su equipo por una infracción "muy grave" al suministrar datos inexactos o no veraces en las cuentas anuales de 2016. Sin embargo, el mismo supervisor informaba en un comunicado que había decidido suspender la tramitación de dicho expediente al haber un proceso penal abierto por los mismo hechos.
Todo ello en una semana en la que el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York solicitó al Banco Santander revelar la documentación que pudiera tener sobre la resolución de Banco Popular y su posterior compra al simbólico precio de un euro de su filial Santander Investment Services (SIS), su bróker dealer estadounidense.
En concreto, el juez Edwardo Ramos dictaminó que SIS debe revelar esta información, si bien lo ha rechazado en el caso de Banco Santander SA, Santander Holding USA y Santander Bank NA. Sólo ha estimado la petición respecto a esta filial norteamericana por el hecho de tener su domicilio en Nueva York.
Tanto el grupo de inversores mexicanos liderado por Antonio del Valle como los fondos de inversión Pimco y Anchorage Capital, representados por el despacho Quinn Emanuel, iniciaron en marzo y abril procedimientos legales en Estados Unidos para obtener esta información, al considerar que la Justicia estadounidense es "más garantista" que la española en este tipo de procesos. En conjunto, los bonistas afirman haber perdido más de 1.000 millones de euros.
Banco Santander, no obstante, se opuso a la petición, señalando que el juzgado de Nueva York no tenía competencia para ordenarle esa exhibición documental, por ser una entidad española, existiendo además procedimientos en España y ante las instituciones de la Unión Europea que ya están tratando esta cuestión.
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