Varios gobiernos autonómicos advirtieron el pasado jueves al Ministerio de Política Territorial y Función Pública en la Conferencia Sectorial de Administración Pública de que, en los términos en que se les había presentado el acuerdo para reducir al 8% la temporalidad en el sector público, éste les iba a obligar a prescindir de decenas de miles de interinos. El texto que se les presentó preveía limitar las ofertas de consolidación de plazas de interinos a aquellas que llevaran más de tres años ocupadas por temporales y tuvieran un reflejo presupuestario explícito, y planteaba, asimismo, una tasa de reposición para las constituidas en los últimos tres años, lo que según fuentes sindicales las condenaba "a su desaparición".
El texto siguió negociándose tras aquella reunión, casi hasta este mismo lunes, y en su versión definitiva - que fue rubricada este lunes por el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, y los sindicatos mayoritarios del sector público- abre la mano para evitar que decenas de miles de plazas que hoy están ocupadas en situación de fraude de ley por trabajadores interinos y laborales indefinidos se vayan al limbo.
Iceta mantuvo este lunes en el acto de firma del acuerdo que la cifra de plazas de interinos que se estabilizarán entre 2021 y 2024 rondará las 300.000 - la misma cifra que el Gobierno ha venido manejando desde el inicio del proceso - pero fuentes sindicales aseguran que bajo las nuevas condiciones reconocidas en el texto definitivo esa cifra probablemente se irá por encima de este umbral, hasta los 400.000 o incluso los 500.000.
Plan de choque para reducir la temporalidad al 8%
No fue el único cambio que experimentó el texto. Lo que en un principio era un Acuerdo de Medidas para reducir la temporalidad en el sector público se convirtió en el momento de presentarlo a la opinión pública en un 'Acuerdo sobre el Plan de Choque para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas'. El 'plan de choque', como ya ha venido contando La Información, se basa en una macrooferta de estabilización de plazas que se tendrán que incluir en las ofertas de empleo público de las diferentes AAPP antes de que acabe el año, que se deberán convocar a lo largo de 2022 y que se tendrán que ocupar de manera efectiva antes de 2024.
El proceso servirá para estabilizar plazas estructurales que a día de hoy están cubiertas por personal no funcionario, pero no garantiza el puesto a sus actuales ocupantes que tendrán que competir con otros opositores por permanecer en la Administración. El asunto ha sido uno de los principales problemas a resolver en la negociación. Las plataformas de defensa de los intereses de los interinos defienden, incluso en los tribunales, la 'fijeza', la consolidación de su situación en la Administración con rango de funcionarios después de periodos de permanencia que en algunos casos rondan los 30 años. Argumentan que la mayoría de ellos aprobaron una oposición, aunque no consiguieran la plaza, y que la doctrinal del Tribunal de Justicia de la UE ha considerado como un abuso la situación de fraude de ley en la que han permanecido en la Administración durante lustros.
El Ministerio no ha visto en ningún momento la 'fijeza' como una solución. Entiende que va contra los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en los procesos de selección de personal del sector público. Por el contrario ha enfocado el asunto tratando de acordar un procedimiento que garantice esos principios y proporcione alguna cierta ventaja a las personas que han venido ocupando esas plazas por años. En concreto, un proceso de concurso-oposición en el que la parte de méritos del concurso pesará un 40% en la nota final y valorará especialmente tanto el trabajo previo en la Administración como el conocimiento del puesto sacado a cobertura. Los sindicatos plantearon en alguna propuesta que la oposición no fuera eliminatoria, pero el Gobierno lo descartó bajo el argumento de proporcionar seguridad jurídica al proceso.
Para las plataformas de interinos esta supuesta ventaja es absolutamente insuficiente bajo el prisma de que personas que en muchos casos ya superan los 50 años y tienen un trabajo que deben seguir desempeñando van a tener que competir con opositores profesionales, con todo el tiempo del mundo para presentar la oposición y con competencias para el estudio más frescas.
El 'caramelo' de la indemnización
Fuentes del colectivo aseguran que según los datos que manejan los propios sindicatos en los procesos de estabilización convocadas hasta la fecha, que han permitido estabilizar ya 56.000 plazas, apenas el 10% o el 15% de los interinos actuales consiguen 'retener' sus plazas. El Gobierno ha querido establecer garantías en este sentido para dar cumplimiento a la sentencia del TJUE, que insta a la Administración española a indemnizar a los empleados mantenidos en fraude de ley, y ha regulado el pago de una indemnización de 20 días por año para los interinos que no consigan mantener su puesto en la Administración. Para ello, no obstante, los interinos actuales deberán concurrir a esos proceso, de lo contrario tampoco recibirán compensación.
El acuerdo también hace referencia a la posibilidad de que los interinos que aprueben la oposición pero no consigan la plaza puedan integrarse en la bolsas de trabajo ya existentes y en las eventuales que se pudieran crear. La salida no convence al colectivo que lo considera una compensación insuficiente después de años trabajando para la Administración. Los despachos que vienen defendiendo sus derechos en los últimos años ya preparan una ofensiva jurídica contra el acuerdo rubricado este lunes.
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