Las administraciones públicas tendrán que indemnizar con 20 días por año trabajado, con un tope máximo de un año de salario, a los interinos que lleven más de tres años en sus plantillas y no logren superar el masivo proceso de estabilización que se abrirá en los próximos meses y que aspira a liquidar el exceso de temporalidad del sector público de aquí a 2024. El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha decidido, en aras de un acuerdo que ahora parece inminente, modificar su propuesta inicial presentada hace un par de semanas y asumir la reivindicación sindical de reconocer una compensación económica a aquellos trabajadores que lleven años trabajando para la Administración, pero que no puedan superar las pruebas de selección para la estabilización del personal interino en la plantilla de la Administración Pública, según figura en la última propuesta presentada por el Gobierno a la que ha tenido acceso La Información.
La anterior propuesta llevada por el equipo de Iceta a la mesa de negociación con los sindicatos mayoritarios de la Función Pública limitaba el pago de indemnizaciones a los futuros interinos a los que las Administraciones Públicas mantuvieran de forma irregular durante más de tres años en puestos de la Administración, una vez entrara en vigor la modificación legal impulsada por el Ministerio para restringir el periodo temporal durante el cual una administración pública puede recurrir a personal interino para ocupar un puesto de trabajo. Sin embargo, no preveía reparación económica alguna para aquellos que han venido trabajando durante periodos aún más largos para la Administración a lo largo de estos años ante la eventualidad de que no pudieran retener su puesto de trabajo en el proceso de estabilización de interinos cuyas características precisamente se están negociando ahora.
Sindicatos como Comisiones Obreras y CSIF marcaron de forma explícita tras la última propuesta de Función Pública la extensión de las indemnizaciones a los actuales interinos en situación de fraude de ley como una línea roja a la hora de alcanzar el acuerdo. El asunto debía tratarse en una reunión programada para el pasado jueves, pero el Ministerio decidió suspenderla a última hora con el argumento de dar más tiempo a la negociación. El paréntesis abierto por Función Pública le ha permitido esperar a conocer el criterio interpretativo con el que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo va a enfocar a partir de ahora la incidencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 3 de junio de 2021, que concluyó que los tribunales españoles no estaban aplicando la doctrina del TJUE en cuanto a las situaciones de abuso a los interinos y cuestionó a las autoridades españolas por su permisividad con el encadenamiento casi indefinido de contratos temporales en la Administración sin ningún tipo de penalización a las administraciones ni compensación a los trabajadores afectados, incumpliendo las indicaciones realizadas por el TJUE.
La posición del Supremo fuerza a prever una compensación
El posicionamiento del Supremo, conocido este lunes, rectifica la jurisprudencia mantenida hasta ahora por el Alto Tribunal, y considera celebrados en fraude de ley los contratos de interinidad que superen los tres años de duración, obligando asimismo a la Administración a convertir a los trabajadores afectados en indefinidos no fijos, una figura que algunos juristas siguen considerando que es contraria a la doctrina del TJUE. El sindicato CCOO ya advertía en una nota difundida este martes que el retorno del Tribunal Supremo a la que era su doctrina hasta el año 2014 supone también reconocer que "la persona trabajadora tendrán derechos indemnizatorios, en principio a razón de 20 días por año trabajado, si se mantiene lo que venían marcando las sentencias" y que precisamente este punto está en línea con lo que el sindicato ha venido defendiendo en la mesa.
Sea por el posicionamiento del Supremo o por la presión sindical, el caso es que la propuesta de acuerdo que el Gobierno ha presentado este martes a los sindicatos reconoce por primera vez en el curso de la negociación ese derecho a indemnización al personal interino que esté en la actualidad en fraude de ley y equipara la eventual ruptura de la relación laboral de la Administración con esos interinos a la consideración de despido objetivo, con la compensación consabida de 20 días por año trabajado con un límite máximo de doce mensualidades. El asunto es que la propuesta elaborada por el departamento que dirige Miquel Iceta rebaja también de 33 días por año trabajado a 20 días por año trabajado la indemnización que preverá la futura Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para los interinos futuros a los que las administraciones mantengan durante más de tres años en plantilla fuera de los supuestos excepcionales previstos en la ley.
Una avalancha de reclamaciones de impacto multimillonario
Según la propuesta gubernamental, la indemnización se reconocerá únicamente a los interinos que pierdan su vínculo laboral con la Administración. La idea del Gobierno es estabilizar la situación de más de 300.000 interinos en los próximos tres años, de aquí a 2024, dentro del masivo proceso de estabilización que tiene previsto impulsar antes de final de año y en el que se valorará de forma especial tanto la experiencia como empleado público como el desempeño en el puesto objeto de la plaza, con el objetivo de facilitar al máximo la permanencia de los interinos en la Administración dentro del respeto a los principios de e igualdad, mérito y capacidad que deben regir en estos procesos.
Los que superen el concurso-oposición previsto dentro de estas ofertas de estabilización se quedarán en la Administración con todos los derechos propios de los funcionarios y para los que no lo consigan el Gobierno prevé la posibilidad de que las administraciones convocantes los integren en bolsas de empleo específicas o ya existentes. La indemnización se reserva para aquellos que no superen las pruebas y queden fuera del ámbito de lo público.
El plan no convence a las plataformas de defensa de los derechos de los interinos que consideran que la doctrina del TJUE reconoce su derecho a la 'fijeza', es decir, a consolidar su posición en la Administración como funcionarios, al menos en los casos de personas que superaran en su día la oposición. El Sindicato de Trabajadores en Fraude (Sintef), que lucha porque el proceso de consolidación de personal interino se realice a través de un concurso de méritos - en el que únicamente se valoraría la capacidad y la experiencia de los candidatos para el puesto - en lugar del concurso oposición que defienden Gobierno y sindicatos y que obliga a superar también un examen sobre un temario - interpretó este martes el posicionamiento del Supremo como un espaldarazo a su lucha contra el fraude y anunció una oleada de denuncias de interinos contra las Administraciones Públicas "que conllevará indefectiblemente que las indemnizaciones a pagar en caso de abuso serán multimillonarias". El sindicato estima la cifra de afectados en más de 800.000.
La última propuesta de Iceta también pretende dar respuesta a las reivindicaciones de las administraciones territoriales, que habían manifestado sus reservas respecto a la propuesta ministerial porque la consideraban poco operativa, especialmente en lo que hacía referencia a la imposición de un periodo máximo de tres años para los contratos de interinos sin liquidar la tasa de reposición. Iceta ha atendido en parte esas reivindicaciones incluyendo una cláusula adicional que permitirá prolongar dentro de la ley esa relación temporal siempre que la convocatoria de esa plaza se haya hecho dentro de ese plazo de tres años, lo que permitirá prolongar ese contrato de interinidad durante algunos meses más para impedir que la plaza quede sin cubrir.
Igualmente, el Ministerio ha dispuesto la suspensión excepcional de determinados contenidos obligatorios en los procesos de selección de personal de las administraciones públicas para los procesos de estabilización que se realicen en el ámbito de la Administración Local.
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