El fondo para financiar operaciones de reestructuración de deuda empresarial que está ultimando el Gobierno y cuya gestión se encomendará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) nacerá con el mandato de priorizar la concesión de ayudas directas a las empresas, con el doble objetivo de facilitar que éstas puedan quitarse de encima la parte de los préstamos bancarios recibidos que no estén en condiciones de devolver...pero también de impedir que estas operaciones de alivio financiero terminen traduciéndose en un deterioro de los balances de los bancos, según ha podido conocer La Información de fuentes financieras al tanto del diseño del instrumento.
La idea de fondo es priorizar la inyección directa de recursos para sufragar la devolución de préstamos como solución para empresas a las que la crisis ha 'sobreendeudado' pero que tienen unas expectativas de actividad que garantizan su solvencia a medio y largo plazo. Se trata de empresas, según el relato que ha venido utilizando últimamente la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que son viables, pero que necesitan quitarse la mochila de deuda acumulada durante la pandemia para engancharse a la recuperación.
El nuevo fondo ICO al que el Gobierno está danto los últimos retoques y que se aprobará este próximo martes, o como muy tarde al martes siguiente, ofrecerá un abanico de opciones más amplio para reestructurar la deuda de empresas con problemas de solvencia, que contemplará desde la renegociación de las condiciones de devolución de los préstamos (alargando plazos o ajustando los tipos de interés) a la conversión de esas deudas en préstamos participativos, pasando por la temidas quitas de deuda, si bien esta opción será una solución de último recurso, como se han encargado de subrayar desde la Vicepresidencia Económica.
La principal ventaja frente a todas esas opciones de las ayudas directas a empresas para amortizar préstamos es, según se han encargado de recordarle al Gobierno tanto las propias entidades como el Banco de España en las últimas semanas, que en este mecanismo el efecto de la operación sobre los balances de los bancos es nulo. A efectos prácticos, sería como si la empresa hubiera decidido amortizar anticipadamente una parte del préstamo. La situación sería bien diferente en caso de renegociación de las condiciones, configuración de un préstamo participativo o acuerdo para abordar una quita de deuda, ya que en la mayoría de estos escenarios el banco se vería obligado a elevar la probabilidad de impago del préstamo y como consecuencia de ello a provisionar en su balance una cantidad mayor.
Los riesgos que podría entrañar esta situación fueron puestos de manifiesto una vez más muy recientemente por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que subrayó en una charla en la Universidad Autónoma de Madrid las ventajas de las ayudas directas a las empresas desde la perspectiva de que "evitarían un deterioro, potencialmente relevante, de la posición patrimonial del sector bancario, lo que resulta crucial para impedir que esta crisis incorpore un elemento financiero adicional que podría hacerla mucho más persistente, como demostró la anterior crisis internacional".
El imperativo de intentar que la crisis no se filtré al sector financiero, lo cual podría conducir a un estrangulamiento de los canales de financiación de empresas y particulares y a medio plazo en una crisis peor, no implica que el Gobierno no entienda que la banca tiene que asumir una parte del coste causado por el impacto de la crisis. Fuentes de la Vicepresidencia advierten de que el fondo del ICO está ideado para acompañar el necesario proceso de reestructuración de la deuda del tejido empresarial y que si en ese proceso se materializan pérdidas en determinados préstamos bancarios "éstas se repartirán en función de las garantías establecidas" y el fondo no cubrirá en ningún caso la pérdida que se le genere al banco.
Un 'escudo invisible' para el sector financiero
La necesidad de impedir la conversión de la crisis económica en una crisis financiera ha sido uno de los principios que ha guiado no sólo la respuesta española sino incluso la europea a la crisis pandémica. Buena prueba de ello es que de los tres fondos dotados con 11.000 millones de euros que está perfilando el Gobierno en su muy esperado programa de ayudas a la solvencia empresarial, dos de ellos se basan de forma exclusiva en ayudas directas: uno orientado a dar cobertura a los perjuicios económicos causados a las empresas por las medidas de restricción a la actividad decretadas por el Gobierno desde el inicio de la pandemia, que se gestionará desde la comunidades autónomas con recursos transferidos desde el Estado; y otro de apoyo a la solvencia de empresas de pequeño y mediano tamaño con necesidades de respaldo por debajo de los 25 millones de euros - similar al Fondo Sepi -, que será gestionada por la sociedad estatal Cofides.
El fondo para reestructuraciones que se gestionará desde el ICO operará únicamente sobre las empresas que en su día recurrieron a la línea de avales con garantía estatal puesta a disposición por el banco público para cubrir las necesidades de liquidez de los primeros compases de la crisis y que según los últimos datos distribuidos por la Vicepresidencia de Asuntos Económicos habría canalizado ya más de 114.000 millones de euros de financiación hacia las empresas. El asunto no está exento de controversia porque tanto desde el ámbito empresarial como desde el financiero se ha advertido de que las necesidades de reestructuración no se limitan al perímetro de las más de 600.000 empresas que solicitaron la financiación a través del ICO. Según el informe elaborado por el Banco de España para evaluar los problemas de sobreendeudamiento generados por la pandemia, cuyas principales conclusiones publicó El País, buena parte de los entre 7.000 y 20.000 millones en que se evaluó la magnitud del problema, no están entre las empresas que solicitaron la financiación del ICO.
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