El Instituto de Crédito Oficial (ICO) tiene la intención de embarcarse en una profunda reforma de su sede corporativa, cuyo objetivo declarado es mejorar su rendimiento en materia de eficiencia energética e impulsar su total digitalización y cuyo coste rondará los 35-40 millones de euros según la estimación que el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo trasladó a los representantes de los trabajadores hace poco más de una semana. El proyecto ha desencadenado las críticas de los sindicatos que consideran que no es el momento de abordar "obras faraónicas" cuando el país anda sumido en una crisis y tachan la iniciativa de "innecesaria" y "desproporcionada".
El rechazo sindical al proyecto no ha conseguido hacer cambiar de opinión al equipo directivo del banco público, que lleva madurando este proyecto inmobiliario desde hace al menos dos años y que ya ha encomendado a Segipsa - la sociedad de gestión inmobiliaria del Ministerio de Hacienda - tanto la redacción del proyecto de ejecución de la obra, por 427.680 euros, como los trabajos de dirección y control técnico de la misma, por 731.808 euros. Según la documentación contractual el presupuesto de ejecución material de la obra es de 19,8 millones de euros, pero varias fuentes sindicales presentes en la reunión con el presidente del ICO aseguran que en la misma García de Quevedo les habló de una obra de entre 35 y 40 millones.
El fabuloso montante de la reforma planeada por el ICO es, precisamente, uno de los elementos que más se critica desde los sindicatos, que no sólo lo consideran "un despropósito" en un contexto de crisis como el actual sino también "innecesario" para ejecutar una obra que lo que pretende, aseguran, es "modernizar la sede". "Nos dicen que quieren espacios diáfanos, con los puestos organizados en islas, más iluminación natural y una estructura propia de las oficinas del siglo XXI...No es imperioso, ni prioritario, ni necesario, es algo desproporcionado y carente de toda lógica en un momento de crisis como el que nos encontramos", denuncia Francisco Díaz, responsable de la Sección Sindical en el ICO de UGT y presidente del Comité de Empresa del banco público.
Fuentes del banco público rechazan esta lectura. Señalan que la última gran reforma de la sede del ICO data del año 1989, que hay algunos elementos del edificio que están en muy mal estado, otros que se aproximan al final de su vida útil y que existe una necesidad objetiva de mejorar elementos clave para el bienestar de los trabajadores como la climatización, el consumo energético y la digitalización del mismo. Respecto al gasto de la obra, el ICO avanza que explorará todas las vías disponibles dentro del marco financiero plurianual por si existe la posibilidad de sufragar parte de la factura con fondos europeos. La idea del banco público es completar los trámites administrativos en 2021 de cara a poder iniciar la obra en 2022.
Las 'cuentas pendientes' del ICO
"Estamos rotundamente en contra de gastar 40 millones de euros en una nueva oficina cuando a los empleados del ICO todavía se les adeudan más de dos millones de euros y cuando tenemos un acuerdo sobre teletrabajo pendiente de desarrollar", subraya Miguel Ángel Rozas, secretario general de la Sección Sindical de CSIF en el ICO. "No decimos que no haya defectos en el edificio que se deban corregir, pero no justifican una obra de esa magnitud. No podemos aceptar un gasto así cuando se nos están negando los 180.000 euros al año para sufragar el sistema de desarrollo profesional de 300 trabajadores", critica Ignacio Rubio, de CGT.
El clima laboral en el ICO lleva más de siete años lastrado por una decisión adoptada en el año 2014, en plena avalancha de ajustes salariales en toda la Administración Pública y cuyos efectos se arrastran desde entonces y han generado pérdidas retributivas que llegan hasta los 30.000 euros en algunos casos. El conflicto se centra en el llamado 'sistema de desarrollo profesional', un esquema de retribución variable que se acordó en 2003 para implantar un sistema más moderno y vinculado al cumplimiento de una serie de objetivos de desempeño profesional.
En su momento se decidió que el sistema se dotara con el 1,2% del presupuesto destinado a gastos de personal, pero en 2014, en plena espiral de ajustes presupuestarios para cumplir con Bruselas, la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) decidió recortar al 0,2% la dotación de esta bolsa a todos los organismos autónomos y entes públicos que la tenían reconocida, dejando fuera desde entonces a la inmensa mayoría de la plantilla del ICO con graves perjuicios para sus retribuciones anuales.
El otro frente es el teletrabajo. Los sindicatos no terminan de entender que el ICO se embarque en una 'macrorreforma' costosísima cuando tiene pendiente de desarrollar un acuerdo laboral sobre teletrabajo, que en principio da derecho a la plantilla a desarrollar parte de su jornada laboral semanal desde sus domicilios y que en los últimos meses ha demostrado su efectividad como se ha puesto de manifiesto con la gestión de la línea de avales en los meses de confinamiento.
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