El ICO lanza un SOS a Hacienda al verse desbordado por un millón de préstamos

Cuatro de cada diez profesionales de la plantilla del ICO tienen más de 50 años. El problema de envejecimiento de la plantilla ha intentado resolverse por la vía de agilizar y potenciar las ofertas públicas de empleo en los últimos dos o tres años, pero el organismo tiene un problema: no resulta atractivo para los jóvenes universitarios que aspiran a hacer carrera en el área económica de la Administración. "La gente que entra nueva aquí tiene un nivel muy alto y en cuanto ve las condiciones salariales y las perspectivas de carrera que se le ofrecen aquí aplica a otros destinos, en el Banco de España, el Ministerio de Economía o incluso con excedencias para irse al sector privado donde encuentran condiciones mucho mejores. Tardan en irse dos o tres años, pero acaban saliendo. Un año son diez, otro doce, otro siete, tenemos un grave problema de fuga de talentos", relata un miembro del Comité de Empresa del instituto de crédito. El problema, denuncia, viene arrastrándose desde hace años, pero sus consecuencias han aflorado con toda su crudeza en los últimos meses, al compás del incremento de la carga de trabajo del ICO por la gestión de la línea de avales con garantía estatal puesta en marcha con motivo de la pandemia.

"Lo que ha ocurrido estos últimos meses es que las unidades encargadas de la gestión de esas líneas han tenido sobrecarga de trabajo, con tareas en fines de semanas y jornadas maratonianas para sacar adelante el trabajo", expone otra fuente sindical. "El ICO necesita más recursos, pero sobre todo necesita configurar una carrera profesional digna de tal nombre", remacha. El caso es que según las fuentes consultadas tras muchos años reivindicando esto en vano el equipo del actual presidente del instituto, José Carlos García Quevedo, ha tomado cartas en el asunto y ha planteado ante el Ministerio de Hacienda - donde se enclava la todopoderosa Dirección General de Costes de Personal, encargada de examinar cualquier modificación de condiciones laborales en el sector público estatal que sea susceptible de acarrear un incremento de gasto - la necesidad de dar un giro a la política laboral respecto al ICO, tanto para mejorar las ofertas públicas de empleo como para desbloquear unas condiciones laborales que en algunos casos han terminado ya en los tribunales de justicia.

A los sindicatos les preocupa que la creciente carga de trabajo sobre el ICO, derivada ahora de la gestión de la línea de avales que ya ha tramitado con éxito cerca de un millón de préstamos con garantía estatal para más de 600.000 empresas y por un monto acumulado de 116.000 millones de euros, en lo que supone uno de los mayores sino el mayor programa de crédito gestionado desde el organismo en su historia reciente, quiebre el delicado equilibrio laboral de la institución y acelere la salida de trabajadores, vía búsqueda de otros destinos o vía jubilación. Aseguran que el presidente de la institución comparte esa preocupación y así se lo ha transmitido en las reuniones que han mantenido en los últimos meses, aunque desde el ICO prefieren no pronunciarse sobre el asunto.

Lo que dicen los datos es que en 2019 - el último ejercicio para el que existen datos oficiales - la plantilla del ICO alcanzó un máximo de 346 trabajadores después de tres años de incremento de la dotación de personal desde el suelo de 308 empleados que se alcanzó en el año 2016. También dicen que hay necesidades por cubrir si se tiene en cuenta que ya bien entrado 2021 todavía está pendiente la cobertura de los 39 puestos de trabajo que se sacaron en las ofertas de empleo público de 2018 y 2019: 17 técnicos por la OEP de 2018 y otros 21 puestos de técnico y uno de administrativo, por la de 2019.

"Tenemos entre un 7% o un 10% de la plantilla muy cerca de la edad de jubilación y es un riesgo mayor del que parece, porque ya hemos visto en los últimos años como hay muchos compañeros que cuando llegan a los 60 años deciden jubilarse porque no les sale a cuenta continuar trabajando unos años más", advierten. La solución, dicen, está encarrilada con la empresa: un plan de recursos humanos que mejore las condiciones laborales y recupere la carrera profesional como antídoto para conseguir retener ese talento que hoy huye despavorido del ICO. "Pero, claro, todo esto requiere de que se autorice ese gasto". Y eso corresponde a la Comisión Interministerial de Retribuciones (Cecir), un organismo en el que Hacienda acostumbra a imponer su criterio y que se ha labrado una fama a golpe de bloquear los planteamientos laborales que implicaran mejoras más allá de las previstas en los acuerdos que regulan las condiciones de todos los funcionarios.

No es un problema exclusivo del ICO. El último convenio de Adif, el acuerdo sobre prejubilaciones en Correos o los acuerdos sociales para implantar las 35 horas en la Administración se han topado con este organismo tras haber cerrado previamente acuerdos con los sindicatos. El agravante en el caso del ICO es que arrastra desde hace siete años un conflicto estructural que viene envenenando el día a día de la institución, que según los sindicatos afecta a cerca de la mitad de la plantilla y por la que reclaman al instituto de crédito estatal en torno a dos millones de euros.

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El conflicto se centra en el llamado 'sistema de desarrollo profesional', un esquema de retribución variable que se acordó en el ámbito del ICO allá por 2003, en sustitución del plus de antigüedad, en busca de un sistema retributivo más moderno que permitiera a la banca pública cumplir con los mayores estándares de calidad y vicular esa percepción extra al cumplimiento de una serie de objetivos de desempeño profesional.

En su momento se decidió que el sistema se dotara con el 1% del presupuesto destinado a gastos de personal, pero en 2014, en plena espiral de ajustes presupuestarios para cumplir con Bruselas, la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) decidió recortar al 0,2% la dotación de esta bolsa a todos los organismos autónomos y entes públicos que la tenían reconocida, dejando fuera desde entonces a la inmensa mayoría de la plantilla del ICO.

Como suele suceder en estos casos, una medida de ajuste que nació como transitoria se ha convertido en estructural con graves perjuicios para los trabajadores de la entidad que se han quedado en unos incentivos que entienden que les corresponden. Los sindicatos atribuyen a este tijeretazo una parte importante de la pérdida de atractivo del ICO para los opositores y de la fuga de talentos desde la institución hacia otras ramas del sector público con mejores condiciones salariales.