Iglesia denuncia acusaciones falsas de Policía peruana en protesta antiminera

  • La Iglesia católica peruana denunció hoy que la Policía la ha acusado falsamente de haber promovido las violentas manifestaciones antimineras en la provincia sureña de Espinar, donde la semana pasada murieron dos manifestantes.

Lima, 6 jun.- La Iglesia católica peruana denunció hoy que la Policía la ha acusado falsamente de haber promovido las violentas manifestaciones antimineras en la provincia sureña de Espinar, donde la semana pasada murieron dos manifestantes.

"Hemos sido acusados de ser violentistas, de ser antimineros, de provocar la manifestación en la población de Espinar. Esas son acusaciones falsas e indignantes", afirmó hoy el vicario general de la prelatura de Sicuani, el obispo Eduardo Adelmann.

Representantes de la Vicaría de Sicuani, de la Vicaría de la Solidaridad y de la Conferencia Episcopal de Acción Social ofrecieron hoy una rueda de prensa en Lima, en la que remarcaron que "su voz es la de la Iglesia".

Se mostraron, además, sorprendidos por la detención de dos de sus colaboradores en Espinar, acusados por la Policía de llevar municiones en un vehículo de la institución.

Los detenidos "fueron golpeados, ingresados a la propiedad de (la minera) Xstrata y luego se pretendió levantar un acta donde supuestamente se habría hallado municiones en el vehículo que ha quedado a disposición de la Policía", denunció la directora de la Vicaría de la Solidaridad, Ruth Luque.

El obispo Adelmann remarcó que la Vicaría tiene una preocupación constante por el bienestar de la población y dijo que también mantiene buenas relaciones con la empresa suiza Xstrata.

Los pobladores y las autoridades de Espinar exigen a la minera que evalúe el impacto ambiental que causan las operaciones de la mina de cobre Tintaya y que incremente del 3 % a un 30 % el aporte voluntario que entrega a la comunidad.

Las protestas de la semana pasada en Espinar dejaron decenas de heridos y detenidos, incluido el alcalde Óscar Mollohuanca, y llevaron a la declaración de estado de emergencia (de excepción) durante 30 días.

Luque dijo que la detención de Mollohuanca "es injusta" por ser un líder que goza del respaldo mayoritario de la población y que ha invocado al diálogo y a la tranquilidad, y que en estos momentos se encuentra en una prisión de la región Ica.

La representante de la Vicaría de la Solidaridad también pidió a la Fiscalía que aclare las circunstancias en que se produjeron las dos muertes y los heridos, y al Ministerio de Salud que se pronuncie sobre el estado de otras dos personas que recibieron impactos de bala en la cabeza.

Los representantes de la Iglesia católica indicaron que las malas relaciones entre la población de Espinar y la minera tienen larga data, aunque agregaron que esperan que se recupere la confianza y el diálogo.

"Queremos hacer un llamado para reconocer la corresponsabilidad de estos eventos: de la sociedad civil que ha llegado a extremos no razonables de violencia... y de la Policía, que llenó un pueblo con 1.600 efectivos, en nuestra opinión algo extremo", remarcó Adelmann. EFE.

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