El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, se ha ido hasta el Ayuntamiento de Móstoles para 'fichar' al último alto cargo que le quedaba para completar la estructura directiva de su flamante Vicepresidencia del Gobierno. Se trata de Patricia Bezunartea, hasta ahora directora técnica de Bienestar Social en el consistorio mostoleño y en su día miembro de la candidatura municipal de Ganar Móstoles, plataforma vinculada a Mas Madrid. Se da la circunstancia de que Bezunartea es trabajadora social y no cumple los requisitos para ocupar un alto cargo como directivo público que establece la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, lo que ha obligado a Iglesias a solicitar la enésima excepción a la aplicación de esta norma básica que regula el funcionamiento de la Administración para dar acomodo en la estructura del ministerio a personas de su máxima confianza.
Lo que dice la normativa vigente en esta materia es que con carácter general los puestos predirectivos y directivos hasta la categoría de director general, incluida ésta, deberán ser ocupados por funcionarios de carrera del Estado o de cualquier otra Administración Pública con el grado de capacitación necesario para desarrollar una función directiva, es decir, por niveles A1 de la Administración. La norma prevé que esos puestos se puedan ocupar por perfiles ajenos a la carrera administrativa por "circunstancias excepcionales" y siempre que se motive "mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional".
El asunto es que en el nuevo Gobierno, y singularmente en las áreas dominadas por Unidas Podemos, la excepción se ha transformado en la norma y lo insólito es ver a un miembro de la carrera administrativa ocupar una Dirección General. Con el nombramiento de Patricia Bezunartea como directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, anunciado a principios de semana pero confirmado este viernes por el BOE, el número de 'excepciones' dentro de la estructura de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 asciende a cuatro sobre un total de cinco direcciones generales. La verdadera excepción en este caso es la del director general de Política de Discapacidad, Jesús Celada, único funcionario de carrera que ocupa una Dirección General dentro del Ministerio de Pablo Iglesias.
La incorporación de Patricia Bezunartea ha obligado al Gobierno a modificar apenas un mes después de su aprobación el Real Decreto del pasado mes de enero que definía la estructura básica de los departamentos ministeriales para dar sostén jurídico al nombramiento de una persona ajena a la carrera administrativa como directora general. Iglesias ha aprovechado para ello el Real Decreto de desarrollo de la estructura básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que define el perímetro de actuación de la Vicepresidencia de Iglesias y cuya determinación estaba aún pendiente dos meses después de la configuración del nuevo Gobierno de coalición de las izquierdas, en parte por las dificultades para definir la distribución de competencias en este nuevo Ejecutivo con 22 departamentos (18 ministerios y 4 vicepresidencias).
Conocimientos no disponibles en la Función Pública
Derechos Sociales justifica la solicitud de la excepción legal para incorporar al Gobierno a Bezunartea por las singulares características del puesto, "una dirección general, de novedosa creación, que tendrá que asumir nuevas competencias relacionadas con el reconocimiento y protección de la diversidad familiar y con la elaboración de un marco estatal de servicios sociales de gestión descentralizada", y por la necesidad de disponer de un perfil profesional "con experiencia y conocimiento especializado para la gestión de los servicios sociales relacionados con las nuevas realidades familiares, un conocimiento transversal y, a la vez, específico que se corresponde con profesionales con experiencia y conocimientos que pueden no estar disponibles en el ámbito de la función pública".
La experiencia de la nueva directora general en la gestión pública se limita a su año y medio como directora técnica de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Móstoles, si bien acredita una dilatada trayectoria en la gestión dentro del tejido asociativo en diferentes asociaciones y fundaciones orientadas al trabajo con colectivos desfavorecidos y en riesgo de exclusión social.
El Gobierno ha utilizado todo tipo de argumentos para justificar estos nombramientos de excepción: "Exige de su titular un conocimiento transversal que puede ser difícil de alcanzar restringiéndonos al ámbito de la función pública", dijeron en el caso de la Dirección General del Trabajo Autónomo, la Economía Social y la Responsabilidad Social de las Empresas; "debe conocer el mundo de las letras o de las empresas editoriales", se justifican en el caso de la Dirección General del Libro; "trasciende a las normales competencias administrativas".
De las 16 direcciones generales o cargos con rango de dirección general cuyos nombramientos han dependido del equipo de Pablo Iglesias, solo dos se han ocupado con arreglo a lo establecido en la legislación vigente. Para ocupar las catorce direcciones generales restantes, los ministros de Podemos han optado por personalidades afines ajenas a la carrera de la Administración Pública.
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