Sin medidas de ingresos ambiciosas a la vista, con los Presupuestos de 2019 que las preveían rechazados y con un panorama político incierto, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue incrementando el apartado del gasto. El real decreto-ley sobre igualdad aprobado este viernes en Consejo de Ministros supone añadir más leña al fuego. Las medidas urgentes que incluye y que son de inmediata aplicación una vez se difunda en el BOE (previsiblemente será el próximo martes, según fuentes gubernamentales) va a implicar una factura adicional de más de 600 millones de euros este año. Y no es una cantidad menor, teniendo en cuenta que el Gobierno va a dejar un agujero de hasta 10.000 millones por la puesta en marcha a golpe de decreto de medidas como la subida de las pensiones, el alza del Salario Mínimo Interprofesional o la mejora de las nóminas de los funcionarios. El déficit sigue así engordando y amenaza con escalar hasta el 2,4%, frente al 1,3% comprometido con Bruselas.
A la espera de conocer el detalle de la memoria económica de las medidas en pos de la igualdad real, que todavía no se ha hecho pública, el Gobierno estima que el coste final de este decreto-ley rondará los 610 millones de euros, que se pretenden financiar a cargo de la Seguridad Social y su previsible "incremento de la recaudación" gracias a los mayores ingresos derivados del alza del Salario Mínimo y el aumento de la cotización máxima, según manifestó Calvo en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cortes este viernes
Fuentes gubernamentales citadas por Europa Press admitieron recientemente que la inclusión de los permisos por paternidad "era complicada" sin tener los Presupuestos aprobados. De hecho, en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2019 que fue rechazado en el Congreso, el Gobierno preveía gastar 302 millones más para poder financiar la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas en 2019.
A este gasto habría que sumar otros más de 300 millones de euros que supondrán las mejoras de las pensiones de los cuidadores no profesionales de personas con dependencia, que ahora cotizarán a la Seguridad Social gracias a un convenio especial. Calvo explicó que este colectivo se compone mayoritariamente de mujeres, por lo que el Gobierno ha decidido incluir esta medida en su pack de igualdad.
A la espera del pack laboral
Pero la factura no acaba aquí. El Ministerio de Trabajo tiene preparado otro paquete de decretos para mejorar las condiciones del mercado laboral que va a cargar más gasto a la Seguridad Social. Solo la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, que el Consejo de Ministros va a aprobar por decreto sí o sí para llevar a la Diputación Permanente, supondrá otros 388 millones de euros, según los cálculos de Magdalena Valerio que aparecían en los PGE y que fueron confirmados por la secretaria de Estado, Yolanda Valdeolivas.
Y aún hay más. La ministra de Trabajo ha adelantado su compromiso de aprobar un plan de choque contra el desempleo de larga duración entre parados de más de 45 años y un plan de retorno de jóvenes talentos en el extranjero cuyos costes, por el momento, no ha desglosado.
Todas estas partidas tensan aún más las cuerdas de la Seguridad Social, que ayer mismo tuvo que aprobar otro préstamo de 13.830 millones para hacer frente al pago de las pensiones de este año. La nómina se encuentra disparada tras las últimas subidas aprobadas por el Gobierno y sufre especialmente en verano y navidad, con el abono de las extras, por lo que Valerio se ha visto obligada a volver a tirar de financiación externa para cumplir con estos compromisos extraordinarios con la hucha (el fondo de Reserva) casi vacía y sin nuevos impuestos, como las tasas incluidas en los Presupuestos fracasados y que preveían nuevos ingresos para pretender cubrir parte de todos estos gastos.
Hay que recordar que la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lanzó un lamento desde la tribuna del Congreso momentos antes de fracasar los PGE de 2019: "El objetivo de déficit se iría al 2,2 o al 2,4, en vez del que proponemos". Los decretos de Sánchez, en definitiva, supondrán diez décimas adicionales de diferencia con respecto el déficit previsto, lo que traducido a números son 10.000 millones de euros respecto al 1,3% que tuvo que asumir el Gobierno socialista.
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