Más allá de la socorrida y recurrente cuestión de la soberanía, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y las condiciones en las que se producirá impactará definitivamente sobre un rincón de la península ibérica, en una esquina apenas separada por una simple verja, pero totalmente interrelacionada humana y, sobre todo, económicamente. Hablamos de Gibraltar, por supuesto, donde se constatan como en ningún otro lugar de Europa las diferencias entre hermano rico y hermano pobre.
Esta ciudad británica de 32.000 habitantes apenas tiene un 0,49% de paro y disfruta del tercer PIB per cápita más alto del mundo, con 96.263 euros (datos del gobierno local), solo por detrás de Qatar y Luxemburgo. A pocos metros, en la provincia de Cádiz, La Línea de la Concepción (63.000 habitantes más otros 10.000 no censados) sufre una de las tasas de paro más elevadas de España, el 32%; la menor renta per cápita del país, unos 7.700 euros; y la menor esperanza de vida, 79,7 años. Y el ejemplo de la Línea es extensible al resto de municipios de la mancomunidad del Campo de Gibraltar: Algeciras, San Roque, Los Barrios, Tarifa, Jimena, Castellar...
Pero ambos mundos se necesitan. Así lo han reconocido estos días a La Información desde al gobierno gibraltareño presidido por Fabián Picardo al alcalde de la Línea, el independiente José Juan Franco, pasando por los miles de españoles (8.840 a finales del pasado mes de julio según los datos del gobierno de Gibraltar) que cruzan cada día la verja para trabajar. “Gibraltar es la mayor fábrica de Andalucía”, explica gráficamente el portavoz de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (ASCTEG), Juan José Hermida y los datos le avalan: el número de puestos de trabajo en el enclave británico actualmente es de más de 24.000.
A continuación, y parafraseando la mítica frase de Bill Clinton en 1992 en la campaña que le llevó a la Casa Blanca frente a George Bush padre, no duda en decir a los cuatro vientos: “No es la soberanía, es la economía… Estúpido”. Hay que dejar aparcado el tema de la soberanía, en litigio prácticamente desde que en el Tratado de Utrecht de 1713 España cedió el Peñón a Inglaterra, “porque lo que aquí sucede es una cuestión económica, de trabajo, de derechos humanos…”, sentencia Juan José Hermida.
El Brexit, para ser más concretos el ‘Gibrexit’ (contra el que, por cierto, votaron el 95% de los ‘llanitos’ en junio de 2016) tiene a todos sumidos en la incertidumbre y al borde de un ataque de nervios en el Peñón porque temen por su modo de vida y su futuro. Gibraltar, para mantener su posición de potencia económica; y La Línea y todo el Campo de Gibraltar, para no despeñarse definitivamente por el sumidero del paro y la pobreza y poder mantener cierta actividad económica. La legal y la sumergida que, como veremos, también la hay (y en abundancia). Empecemos por la A y Fernando (nombre ficticio porque aquí también hay cierto miedo a dar la cara), un trabajador de La Línea de 54 años, empleado desde 2014 en la constructora gibraltareña JBS. Cuenta que gana “1.500 euros cuando en España en mi mismo puesto ganaría 800 o, probablemente, estaría en el paro”.
El propio Fabián Picardo deja clara la solución: “Lo fundamental es garantizar la libre circulación de personas por la frontera, que tengan acceso a sus trabajos por las mañanas y de vuelta a sus casas por la tarde”. El alcalde linense es incluso más drástico: “Es una cuestión de vida o muerte para nosotros. Somos la única frontera Brexit continental de Europa, uno de cada tres puestos de trabajo de la comarca provienen de Gibraltar, la incertidumbre es total por lo que pueda pasar… Y el Gobierno español no hace nada, no se da cuenta de lo que aquí sucede”.
Las partes en juego no quieren ni pensar en el “desastre” que sería un nuevo cierre de la frontera como el que fue decretado por Franco en 1969 y que supuso un descenso del 40% en la población de La Línea. Al menos, dicen todos, esperan que se mantenga el estatus actual y “la libre circulación de personas y mercancías” entre ambos lados de la verja, más allá de otras cuestiones espinosas como los de la sanidad española que disfrutan los trabajadores transfronterizos (un total de 14.123 a finales de julio de 2018, donde los que no son españoles son en su gran mayoría ciudadanos comunitarios) gracias a la tarjeta sanitaria europea, el subsidio de desempleo o la utilización conjunta del aeropuerto.
El Consejo Económico y Social de la mancomunidad del Campo de Gibraltar, por ejemplo, se reunía este miércoles y exigía al Gobierno español un plan integral para la comarca con el fin de paliar las diferencias socioeconómicas a ambos lados de la frontera. El presidente de la mancomunidad de municipios, el popular Ángel Fernández, explica: “El 30 de marzo se acerca y nos preocupa la situación de esos trabajadores transfronterizos. No hay acuerdo entre la UE, el Reino Unido y España y tenemos que estar preparados para cualquier escenario respecto al Brexit”.
Los alcaldes ya se reunieron con el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, el pasado 18 de septiembre para pedirle ambas cosas: inversión en la comarca y que en la negociación del Brexit se priorice la situación de los trabajadores transfronterizos.
Y es que quedan menos de seis meses para que el 30 de marzo de 2019 arranque el periodo transitorio del Brexit, un día después de que se produzca el divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea, que se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2020. Durante esos meses de ‘transición’ hasta la ruptura definitiva, Londres no participará en la toma de decisiones en la UE, pero mantendrá el acceso al mercado único y la unión aduanera.
Los negociadores de ambas partes se habían dado de plazo hasta el presente mes de octubre para el acuerdo definitivo sobre las condiciones, pero, de momento, no hay acuerdo. España mantiene un derecho de veto en lo relativo a Gibraltar en las negociaciones, pero tras seis sesiones de trabajo, bilaterales e infructuosas, entre España y Gran Bretaña, el negociador de la UE para el Brexit, el francés Michel Barnier, ha decidido tomar personalmente las riendas en este aspecto.
Josep Borrell aseguraba el pasado 13 de septiembre en el Congreso que “no era el objetivo” en estas negociaciones la cuestión de la soberanía, sino que lo preocupante son las condiciones socioeconómicas del Campo de Gibraltar. Entre estas preocupaciones, Borrell habló de pesca, de la aduana, del contrabando de tabaco, del aeropuerto o de la situación de los trabajadores españoles en el Peñón. “No puede ser que el tercer territorio con la renta más alta del mundo esté rodeado de una planicie de subdesarrollo” en la que “existen problemas de tráfico de drogas, contrabando e inestabilidad social”, sentenció Borrell.
La postura del gabinete Sánchez contrasta con la del exministro de Exteriores del primer gobierno de Rajoy, José Manuel García-Margallo, quien habló de “plantar la bandera de España encima de la Roca” aprovechando las negociaciones sobre la salida del Reino Unido la UE. Su sucesor, Alfonso Dastis, viró esta política, y de hecho España no introdujo la cuestión de la soberanía en las negociaciones, pero una intervención del popular Esteban González Pons en el Europarlamento esta misma semana ha vuelto a encender la mecha. González Pons pidió a la UE que en el acuerdo sobre el Brexit se fijara un calendario bilateral entre Madrid y Londres para "reiniciar" la negociación sobre la soberanía de Gibraltar: "No encontraremos una oportunidad mejor para resolver la impresentable situación de la última colonia que queda en Europa”, dijo, antes de asegurar que lo principal para España era la situación laboral de los "más de 10.000 españoles” que trabajan en Gibraltar, pero “también evitar” que el Peñón "siga siendo lavadora de dinero ilegal" y un "centro de evasión de capitales".
La reacción del Gobierno de Fabián Picardo no se hizo esperar y tachó a González Pons de “franquista” y de “no respetar la democracia, los derechos humanos, la soberanía y la libre determinación del pueblo gibraltareño”. Gibraltar se defiende y el gobierno de Picardo quiere dejar claro que “ni para la OCDE ni para la UE somos un paraíso fiscal. Gibraltar tiene un estatus fiscal especial como lo pueden tener Canarias, Ceuta o Melilla, pero aquí se cumple la Ley y somos una democracia totalmente homologada”.
Según informan desde el propio gobierno presidido por Fabián Picardo, el PIB de Gibraltar está creciendo anualmente alrededor de un 10% en los últimos siete años que gobierna la alianza GSLP/Lib (Socialistas/Liberales). Esto queda reflejado también en el número de trabajadores transfronterizos españoles: en diciembre de 2011 eran 4.357; a finales de julio de 2018 eran 8.840, un 103% más.
Pero, ¿de qué vive Gibraltar? En primer lugar, del juego online. Las principales casas de apuestas del mundo, como William Hill, 888, Betfair, están radicadas allí y se aprovechan, en buena parte, de la fibra óptica española. También de otros servicios financieros, la construcción y la venta de combustible y derivados del petróleo, que en buena parte Gibraltar importa de España para luego revenderlo. También hay sombras en los ‘negocios’ gibraltareños.
Según las cuentas del propio gobierno de la Roca, Gibraltar importó el pasado año 72 millones de cajetillas de tabaco por las que su Gobierno obtuvo 180 millones de euros en derechos de importación, el 26% de su presupuesto anual de 690,8 millones de euros y suficiente para financiar, por ejemplo, su sanidad, que costó 169 millones de euros. La mayor parte de ese tabaco acaba en manos del contrabando y pasa la frontera hasta España por la verja o por mar. Las cifras apuntan a que el 40% del tabaco que se vende en Andalucía proviene del contrabando y en la provincia de Cádiz han cerrado en los últimos 10 años el 50% de los estancos. Un agujero para las arcas públicas españolas y una ‘bicoca’ para las gibraltareñas, a quien las autoridades españolas exigen más control.
En la Roca, dicen, responden con “hechos” y ponen en valor sus aprehensiones. Por ejemplo, en la tarde del sábado 29 de septiembre, agentes del Servicio de Aduanas (HM Customs) de Gibraltar interceptaron un vehículo, con dos hombres de nacionalidad española, y con un total de 160 cartones de tabaco (1.600 cajetillas). Desde el Gobierno de Picardo, que asegura estar en “permanente contacto” con el gabinete de Teresa May y “perfectamente representado por este” en unas negociaciones sobre el Brexit que espera y confía que “lleguen a buen puerto”, insisten en que Gibraltar y los municipios adyacentes “se necesitan mutuamente” y huyen de quienes consideran que la economía gibraltareña parasita a la del Campo de Gibraltar.
“Más de 14.000 personas viven en España y trabajan en Gibraltar, y la mayoría de ellas son españolas; las empresas gibraltareñas compran productos y servicios por un volumen de 400 millones de libras al año a empresas españolas; los ciudadanos de Gibraltar gastan más de 70 millones de libras al año en bienes y servicios en España; los ciudadanos residentes en Gibraltar con una segunda vivienda en España gastan más de 62 millones de libras en el país; Gibraltar representa el 25% del PIB de la región vecina y la economía de Gibraltar es el segundo empleador más importante para la región andaluza tras la Junta de Andalucía”.
Esto demuestra”, según Picardo y su gobierno, “la importancia de la relación económica entre Gibraltar y la región española adyacente y el elevado nivel de prosperidad compartida que ya existe”. Esto último, que se comparta el progreso es muy relativo para el otro lado. “Gibraltar es, por así decirlo y poniendo un ejemplo ilustrativo, el directivo de la gran empresa y nosotros, lamentablemente, los que vamos a limpiar sus casas, los que le servimos las copas o realizamos el mantenimiento de su Mercedes o su yate, aunque es vital que eso se pueda mantener porque, por ahora no tenemos otra cosa”, responde el alcalde linense.
El edil expone las especiales características de su ciudad sin poner paños calientes: “La Línea tiene 63.000 habitantes censados, que en realidad son 73.000; un paro por encima del 30%; graves problemas de narcotráfico y contrabando; la tasa de pobreza más alta de la provincia de Cádiz, que ya de por sí es la más pobre de España. Nuestro tejido de pymes depende, en un 50% o más, de Gibraltar. La situación de incertidumbre la vivimos desde hace dos años y nadie, ni el PP ni el PSOE han hecho nada. Yo no me meto en cuestiones de política internacional ni de gran política, pero aquí hay un problema real, de personas, de economía, de vida, y nadie hace nada”.
Según Franco, que exige también un plan integral estatal y autonómico para el desarrollo de la comarca, plan que en su municipio han consensuado desde hace dos años todos los grupos municipales, además de incluso Ciudadanos, Podemos e IU que no tienen representación en el ayuntamiento. Pero no se puede poner en marcha “porque necesitamos la ayuda exterior”. Y “todos son buenas palabras, todo el mundo nos informa, pero, de momento, nada. yo he hablado con todo el mundo… me falta pedir audiencia con el Papa”, se lamenta mientras que el reloj del Brexit sigue sonando. Cada vez más fuerte y más cerca.
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