Industria envía al supremo toda la información requerida sobre el nuevo sistema de primas a renovables

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo informó este martes de que ha enviado toda la documentación requerida por el Tribunal Supremo en el proceso abierto por la modificación de la retribución a las energías renovables.
En un comunicado, el Ministerio explicó que en marzo se envió el expediente completo que consta de 1.700 documentos, 150.000 folios y 20 GB de información. Con posterioridad, el Tribunal Supremo requirió nueva información que se le facilitó el pasado 12 de junio.
Desde Industria señalaron que la información facilitada al Supremo es el resultado de más de un año de trabajo de veinte profesionales del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).
Para la elaboración del diseño del nuevo régimen retributivo de las energías renovables, el Ministerio de Industria encomendó al IDAE llevar a cabo los análisis técnicos de detalle sobre los costes de producción de las distintas tecnologías renovables, basándose en su propia experiencia acumulada y su conocimiento profundo del sector, así como en fuentes públicas, información de asociaciones, operadores, fabricantes, fuentes oficiales y análisis de expertos independientes.
De manera específica el IDAE ha llevado a cabo un estudio de los distintos costes de inversión y de operación y mantenimiento de todas las tecnologías de generación renovable, en base a estándares y analizando distintas hipótesis y escenarios para una empresa eficiente y bien gestionada, subrayó el departamento de José Manuel Soria.
Como resultado del estudio que ha durado más de 12 meses, se han obtenido más 1.400 estándares de instalaciones tipo para recoger la amplia casuística del sector renovable, formado por más de 65.000 instalaciones.
Por tanto los estándares de renovables se han elaborado exclusivamente por los servicios del Ministerio de Industria, en colaboración con el IDEA, quisieron dejar claro.
El IDAE, añadieron, contrató a dos consultoras externas para contrastar los datos, como es “habitual” para este tipo de trabajos; comprobar la metodología y disponer del posible apoyo judicial en caso de que se produjeran conflictos. Por consiguiente, no se ha encargado a ninguna empresa externa la elaboración de los mismos, indicaron.