Francisco Blanco, secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, ha subrayado que el retraso en el despliegue de las ayudas englobadas en el Plan Moves III proviene principalmente de los "atascos enormes" que se originan en las Comunidades Autónomas. Ha sido en su intervención en la Comisión de Industria en el Congreso cuando Blanco ha señalado que los retrasos en estas ayudas automovilísticas comienzan sobre todo en las Comunidades, haciendo especial mención a la Comunidad de Madrid.
Incluso, ha explicado el secretario, estas "no solicitan los fondos disponibles". Esta es la causa por la que ha hecho una llamada a la "corresponsabilidad", ya que es su competencia gestionar estas ayudas. De hecho, en esta línea se ha posicionado otras veces la actual ministra de Industria, Reyes Maroto, que renunciará al Ministerio para emprender su carrera a la candidatura a la alcaldía de Madrid.
De hecho, Maroto llegó a pedir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que agilice las entregas de las ayudas del Plan Moves III, destinadas a incentivar la compra de vehículos eléctricos y que, a su juicio, tienen "muchos retrasos" en su concesión. Por otro lado, Blanco ha contestado a algunas preguntas de diferentes diputados sobre la relación y la interlocución que mantiene el Gobierno con el sector del automóvil.
En este sentido, el secretario ha recordado que el pasado 16 de marzo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió tanto con la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) como la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) para abordar cuestiones como el desarrollo de los puntos de recarga y, también, la movilización de ayudas en el marco del Moves III.
Un Perte VEC más flexible
Durante su comparecencia Blanco también ha dado detalles de la segunda convocatoria del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), que incluirá una primera convocatoria específica para baterías en junio y una segunda ronda general en septiembre por concurrencia simple, hasta agotar los casi 2.200 millones de euros que quedan por movilizar.
Entre las medidas de mayor flexibilidad, ha explicado Blanco, se encuentran que ahora no habrá la necesidad de presentar proyectos agrupados y tampoco tendrán que participar de forma obligada las pymes, de cara a agilizar la distribución de fondos europeos. En su primera convocatoria el Perte del Vehículo Eléctrico repartió 793,72 millones entre las diferentes comunidades autónomas. País Vasco (209,16 millones), Cataluña (198,7 millones) y la Comunidad Valenciana (186,07 millones) acumularon casi el 75% de estos recursos
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