El Ministerio de Industria y los sindicatos intentan elaborar una serie de medidas para intentar que Nissan reconsidere su decisión de excluir a la planta de la Zona Franca de Barcelona de la adjudicación de la producción de un pick up o camioneta ligera.
Según informaron a EFE fuentes sindicales, las dos partes buscan un acuerdo sobre un documento a trasladar a Nissan y que se centra en cinco puntos: moderación salarial, incremento de la productividad, flexibilidad productiva, optimización de los mecanismos de flexibilidad y política de contratación temporal.
Las reuniones se han celebrado en Madrid el pasado martes y miércoles y prosiguieron el viernes bajo la presidencia del director general de Industria, Jesús Candil, con presencia, en algunos casos, de la secretaria general de Industria, Teresa Santero.
La representación del Gobierno se apoya ante la dirección de Nissan en los más de cien millones de euros que se han concedido en ayudas para esta marca, con cargo al Plan de Competitividad de Automoción.
La fuentes de la representación sindical entienden que se puede hacer cambiar de opinión a Nissan, aunque reconocen que las condiciones que el fabricante ha exigido son, en algunos casos, de difícil encaje, sobre todo en lo relativo a retribuciones y flexibilidad productiva.
Los sindicatos con representación en Nissan, presentes en las reuniones, UGT y USOC, intentan buscar la mediación del Gobierno para que el fabricante automovilístico japonés se vuelva atrás en su decisión de exclusión, adoptada el pasado 2 de diciembre por el Comité de Inversiones de la marca.
El pasado mes de noviembre la dirección de Nissan propuso a los sindicatos una serie de medidas tendentes a flexibilizar salarios y jornada laboral para optar a la producción de este modelo, pero la representación laboral las rechazó por entender que menoscababan las condiciones del convenio colectivo actualmente en vigor.
La intención de los sindicatos presentes en la reunión es cerrar hoy unas propuestas para hacerlas llegar a la cúpula corporativa de Nissan y que ésta vuelva a tener a Barcelona en sus planes de producción del modelo pick-up, así como asegurar la versión eléctrica del NV200 y la futura generación de este modelo.
CCOO, el sindicato de mayor representación en la planta de Zona Franca, no participa en estos contactos porque, según dijo Javier Pacheco, secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Cataluña "se nos invitó a abandonar, ya que no aceptamos una negociación basada en las propuestas ya rechazadas y que incumplen el Plan Industrial de 2009, que ya supuso un recorte de plantilla de 1.500 trabajadores".
Para Pacheco, el proceso abierto "se ha planteado en la clave de competir con un fábrica de Sudáfrica, país que ha garantizado a Nissan una exención de aranceles de 50 millones de euros anuales durante diez años, y la fórmula de competencia que se nos ofrece a nosotros es sobre la repercusión en salarios de los trabajadores".
La carrera ahora es contra reloj, porque Nissan anunció que el próximo 13 de enero decidirá definitivamente la planta a la que se adjudicara el modelo pick-up.
Las fuentes sindicales consultadas señalaron que la adjudicación del modelo pick-up a la planta de Barcelona supondría unas inversiones en torno a los 80 millones de euros, garantía de empleo para la plantilla actual de 3.200 trabajadores y un aval de vida productiva para la planta de diez años.
La representación laboral de la planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona está repartida entre 10 representantes de CCOO, 9 de USOC, 6 de UGT y 4 de CGT
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