"A estas alturas el dato final de crecimiento del PIB español en 2019 depende más del INE que del desempeño real de la economía". Así perfilaba un analista la recta final del año en lo que a los datos de crecimiento económico se refiere nada más conocer la revisión a la baja de cuatro décimas (del 2,4% al 2%) operada en sus previsiones para 2019 por el Banco de España. Ponía el foco de esta forma en el 30 de septiembre y en el dato de crecimiento del segundo trimestre del año que el INE tenía programado hacer público ese día y sobre cuyo aspecto final existía un razonable nivel de incertidumbre después de la tremenda revisión del crecimiento de los últimos tres años aflorada tras el último ajuste metodológico quinquenal ejecutado por Estadística.
La incertidumbre de los analistas era en este caso también la incertidumbre del Ministerio de Economía, que el próximo 15 de octubre debe enviar sus previsiones sobre el crecimiento de la economía española a la Comisión Europea dentro del borrador de Plan Presupuestario para 2020 y que esperaba al dato del INE para decidir qué hacer con su objetivo de crecimiento para 2019. Estadística publicó al fin este lunes la cifra y ese 0,4% trimestral y 2% interanual que reflejan sus datos no deja a Economía mucho margen de maniobra.
"Con las revisiones a la baja del crecimiento mundial que hemos visto en las últimas semanas y lo que ha ocurrido con el cambio de metodología del INE, el Gobierno va a tener muy complicado sostener su actual previsión de crecimiento", avanza un analista con larga experiencia como asesor en Moncloa. Argumenta que el colchón de confianza que en otro contexto Bruselas podría demostrar con las previsiones nacionales de los países se estrechará en un contexto de enfriamiento económico.
En el Gobierno, de momento, guardan silencio sobre el particular. Se recuerda que el Ejecutivo fue prudente cuando el consenso de los analistas situaba el crecimiento de España a final del año en el 2,4%, por encima del 2,2% que el Ejecutivo ha mantenido como previsión para 2019 durante todo el año, y se subraya que esa cautela es la que también guiará la acción del Gobierno ahora que todos parecen haber virado al pesimismo. El relato tiene sus grietas. El pasado mes de julio la ministra de Economía, Nadia Calviño, dejó caer que el Gobierno se planteaba una mejora de su previsión de crecimiento para 2019 y en agosto, en pleno debate sobre la formación o no de un gobierno de coalición con Unidas Podemos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llego a cuantificar esa mejora: una décima, hasta el 2,3%.
El Gobierno mantuvo ese plan hasta principios de septiembre, cuando conoció el efecto negativo sobre los datos de crecimiento de la revisión metodológica del INE. Cuando los analistas del Banco de España explicaron esa rebaja de cuatro décimas en su previsión de crecimiento para 2019 entre los meses de junio y septiembre precisaron que dos décimas se debían al enfriamiento de la economía y otras dos al efecto sobre el crecimiento estadístico de 2019 de la revisión metodológica del INE. "Sin el cambio de metodología del INE nuestra previsión de crecimiento se habría alineado con la del Gobierno", concedían los analistas del Banco de España.
El Gobierno tiene ahora por delante la decisión de qué hacer con su previsión de crecimiento para este año y para los siguientes. El asunto ni es sencillo ni es menor. Mantener la actual previsión de crecimiento expondría al Ejecutivo a sobreestimar el crecimiento de la economía española en 2019, ya que como destaca el consenso de los analistas todos los factores que pueden influir sobre el comportamiento de la economía de aquí a final de año pueden tirar del PIN a la baja, no al alza.
Rebajarla también tendría sus efectos. Dificultaría aún más el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda pública para 2019 -que el Banco de España ya da por perdidos- y obligaría a un ajuste más exigente al Gobierno que salga de las urnas el próximo 10 de noviembre en los dos años siguientes, si se quiere cumplir el Plan de Estabilidad y no exponerse a volver de nuevo al esquema de vigilancia intensiva de Bruselas, que se activaría si España no cumpliera la regla de gasto europea ni sus objetivos de reducción de deuda pública en los próximos tres ejercicios.
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