Jueves, 18.07.2019 - 21:09 h
Después del acuerdo con El Corte Inglés

El INE negocia con las grandes 'telecos' para poder explotar sus bancos de datos

Estudia la fórmula para acceder a los datos de movilidad de personas de los operadores y mejorar su información censal y de movimientos de turistas.

Fotografía turistas / EFE
El INE quiere los datos de los operadores móviles para los flujos de turistas. / EFE

El Instituto Nacional de Estadística (INE) quiere tener acceso a la información sobre las pautas de movilidad de los usuarios de la que disponen los grandes operadores de telefonía móvil que trabajan en España. El objetivo: mejorar sus bases de datos y afinar la estadística pública, principalmente en lo que se refiere a los Censos de Población y a las muestras que tratan de detectar los movimientos de turistas en el mercado interior.

La Dirección del INE ha mantenido ya los primeros contactos con los principales operadores del sector -que en España está dominado por Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil-, según confirman tanto fuentes del INE como del sector, para explorar las posibilidades estadísticas que ofrecen sus bancos de datos y chequear su aplicación práctica sobre las encuestas y muestras que elabora el instituto.

"Estamos en contacto con estas operadoras, del mismo modo que están haciendo otros institutos estadísticos europeos, para ver qué tipo de datos pueden aportar y analizar su posible uso en futuras operaciones piloto", explican fuentes oficiales del INE, que aclaran también que a día de hoy "no se están utilizando esos datos, sólo se está viendo las posibilidades que ofrecen".

Otras fuentes conocedoras de los contactos precisan que la intención del INE es más concreta: acceder a los bancos de datos de estos operadores para obtener información más rica, detallada y actualizada sobre los desplazamientos de los españoles, con el fin de mejorar la precisión de los Censos de Población y de las muestras sobre movilidad de turistas en España, especialmente de los viajeros residentes. En Estadística son conscientes de que la información que puede extraerse de la geolocalización de las llamadas telefónicas, los mensajes de texto y las conexiones a internet de los usuarios de dispositivos móviles es mucho más rica y precisa que la obtenida a partir de los cuestionarios realizados a los ciudadanos y que su eventual uso mejoraría exponencialmente no sólo la calidad sino también el valor de las estadísticas públicas.

El problema de la burocracia administrativa

El principal obstáculo que se está encontrando el organismo público, dependiente del Ministerio de Economía, es la fórmula jurídica más adecuada para concretar esta relación, según revelan fuentes conocedoras de la situación. La Ley de Contratación Pública regula de manera muy estricta las figuras que se pueden utilizar para sustanciar esa relación y los procedimientos para hacerlo, y la cúpula del INE aún está estudiando el mejor encaje para cerrar un acuerdo de esta naturaleza. 

Estas mismas fuentes señalan que el INE incluso maneja una cifra que se podría ofrecer a los operadores por esa información, pero la negociación aún no ha llegado a ese punto a la espera de resolver la fórmula jurídica más adecuada para cerrar un potencial acuerdo. Hay que recordar, también, que la transacción estará gravada en el futuro por el Impuesto sobre Servicios Digitales que identifica la venta de datos como uno de sus hechos imponibles.

¿Qué información?

De concretarse el acuerdo, el INE acedería a los datos acumulados de conexiones entre sus clientes y las antenas de telecomunicaciones que tienen repartidas por toda España, a través tanto de los dispositivos móviles conectados a internet como otros dispositivos en el hogar. Llamadas realizadas o ubicaciones aproximadas (no a través de GPS) de esos usuarios son algunos de ellos. Permitiría, por tanto, analizar flujos de población, hábitos tanto de particulares como de empresas o la afluencia turística.

¿Entregarán las telecos los datos privados de sus clientes? Las compañías sólo empaquetarán este tipo de datos de manera anonimizada y extrapolada. Por tanto, no tendría que haber ningún problema de privacidad. Estos datos ya son explotados por numerosas compañías e instituciones que se los adquieren a las diferentes filiales de 'big data' de las compañías.

Telefónica lo hace a través de su filial Luca. Ésta cuenta con cuatro grandes soluciones tecnológicas para venderlas a administraciones públicas centradas en el transporte, el turismo, el retail o la segmentación de la publicidad. "Basándonos en el comportamiento de los usuarios", precisa. Vodafone, por su parte, cuenta desde hace un año con el servicio Insight que, a cambio de una cuota mensual de entre 1.000 y 1.500 euros, sus clientes pueden tener acceso a un servicio basado en estos datos. 

Nuevo canal de colaboración

En los últimos tiempos y aprovechando la mayor utilización de los bancos de 'big data' por parte de las empresas, el INE ha abierto un nuevo canal de colaboración con el sector privado para aprovechar esos ingentes flujos de información para mejorar la estadística pública y también la eficiencia de sus procesos de recogida de información, anclados todavía en muchos casos en un sistema de recopilación por parte de agentes estadísticos.

En 2016, Eurostat abrió la puerta para que los institutos estadísticos nacionales pudieran acordar con las denominadas 'unidades informantes', entendiendo como tales los particulares y las empresas, acuerdos para poder explotar información de interés estadístico. El INE incluyó en el Plan Estadístico Nacional para el periodo 2017-2020 como línea estratégica "la necesidad de explotar el potencial de las fuentes administrativas y el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información", en un contexto además en que las dificultades para recoger la información de manera tradicional se han incrementado por el fuerte recorte de plantilla sufrido por el instituto estadístico después de la crisis - con la amortización del 15% de su plantilla - y las dificultades para incorporar personal externo por las restricciones presupuestarias y de la normativa de contratación pública.

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