"Se acercan nuevas elecciones generales y no quedan casi trabajadores con menos de 50 horas ya hechas en 2019 en muchas provincias. Va a ser un caos". Un nota interna circulada por el sindicato CSIF hace apenas unos días puso en el punto de mira el problema. La intensa secuencia de convocatorias electorales a lo largo del año 2019 había terminado por consumir el margen de 60 horas extra que el convenio permite realizar al personal laboral del INE -que supone dos terceras partes de los 3.500 trabajadores del organismo, según la última memoria de la institución- y el horizonte de unas nuevas elecciones generales abría un abanico de incertidumbres sobre cómo Estadística iba a afrontar las cargas extra que le toca asumir cuando hay un proceso electoral: actualización de censos, con sus altas y sus bajas; gestión del voto por correo y elaboración de listas electorales, entre otras.
El asunto venía agravado por otras dos circunstancias de naturaleza más estructural. Según fuentes sindicales, salvo en el caso de los obligados a ello por su posición dentro de la estructura del INE -delegados territoriales y en algunos casos responsables de los departamentos del Censo Electoral-, la plantilla de funcionarios de la organización no suele implicarse en los dispositivos de voluntarios que plantea Estadística para los procesos electorales. Éstos se cubren mayoritariamente con laborales, que pueden obtener el equivalente a un 10% de su salario anual por su participación en estos contingentes, y también con la contratación de personal externo, reclutado de las listas del paro.
Por otra parte, el esquema de incentivos económicos vigente inhibe también la captación de voluntarios al generar diferencias de hasta 2.000 euros, según el sindicato CSIF, entre los pluses obtenidos según desarrollen su trabajo en una u otra provincia.
Con una parte de la plantilla desconectada de los dispositivos electorales del INE por unas razones u otras y otra parte impedida para formar parte de los mismos por las limitaciones establecidas en el convenio, y con las elecciones en puertas, el presidente de la institución, Juan Manuel Rodríguez Poo, se ha decidido a 'tirar de chequera' para limar al menos las distorsiones que inhibían la incorporación de potenciales voluntarios y alinear mejor los incentivos económicos para que los premios por participar en el proceso no sean un freno para cubrir las necesidades.
No lo hará con fondos propios del INE, sino con los recursos que el instituto estadístico gestiona de lo que recibe del Ministerio del Interior para sufragar los gastos del proceso electoral. Los contactos mantenidos en los últimos días entre la Dirección del INE y las centrales sindicales han permitido alumbrar un principio de acuerdo de intenciones que plasma sobre el papel dos de las principales ambiciones de los sindicatos. En primer lugar, la implantación de un sistema de reparto de fondos que "evite las discriminaciones entre el personal que se presta voluntario a los trabajos de elecciones y promueva la participación equitativa en los procesos", según el análisis de CCOO.
El objetivo es cerrar la brecha salarial detectada por los sindicatos entre lo que abonan unas delegaciones provinciales y otras, y garantizar que se retribuye el mismo trabajo con el mismo salario, principal queja de los representantes de los trabajadores y principal motivo de que muchos no se quisieran adscribir a este proceso. En segundo lugar un sistema más transparente, que evite cualquier arbitrariedad en el reparto por parte de las delegaciones de los premios de productividad derivados de la participación en el proceso electoral.
Fuentes sindicales advierten de que el acuerdo no está cerrado al 100% y de que exigirán nuevas garantías en una reunión que se celebrará el próximo martes, pero admiten también que es un primer paso para resolver el problema de potencial insuficiencia de personal que se cernía en la gestión del censo de cara al 10-N, en la medida en que parece garantizar un mismo punto de partida para todos los trabajadores.
Un nuevo concepto salarial
Según fuentes del INE, este principio de acuerdo viene a desarrollar un esquema que ya se sentó el pasado mes de marzo en el acuerdo retributivo pactado entre la Dirección del instituto y los sindicatos, y en el que se incluyó un nuevo concepto salarial, bajo el nombre de 'trabajo en elecciones', para retribuir la participación del personal en los dispositivos especiales de los procesos electorales.
El instituto estadístico señala que, en cualquier caso, el INE tendría vías alternativas para evitar cualquier problema de dotación de personal en caso de elecciones y aunque la realización de horas extra por parte de la plantilla sea el mecanismo principal también podría recurrir en mayor o menor medida a la contratación de externos. Según fuentes sindicales, en el último proceso electoral se contrataron en torno a 600 externos.
Fuentes no oficiales del INE señalan no obstante que con acuerdo o sin acuerdo las carencias de personal de la institución harán que durante las elecciones se viva una suerte de 'estado de excepción' en el organismo. La actualización y comprobación de los censos, la gestión del voto por correo o de los envíos de propaganda electoral -medio millón de votantes se han dado ya de baja para el 10-N- son, dicen, trabajos que requieren mucha dedicación de tiempo y aunque los más farragosos se encomiendan al personal contratado restan mucho tiempo disponible para las funciones ordinarias del personal del INE.
Una situación que se puede agravar si como ya sucedió en mayo el voto por correo alcanza cifras históricas, ya que es uno de los trabajos que más horas consumen. Según estas fuentes, esas insuficiencias de personal se notarán en otros planos y es posible que obliguen al INE a retrasar la toma de datos para algunas de las encuestas más emblemáticas del organismo como el IPC o la EPA. Un ajuste, que aseguran, no es excepcional, pero que ilustra una situación extraordinaria.
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