"Empresas y trabajadores deben interiorizar la naturaleza fundamentalmente transitoria de algunos de los principales factores que están detrás del actual repunte de los precios y buscar un reparto equitativo de la merma de rentas de la economía nacional frente al resto del mundo que implican los aumentos de costes recientes, en muchos casos concentrados en bienes y servicios que nuestra economía requiere, pero no produce. En caso contrario, podría alentarse una realimentación de precios y costes con efectos adversos para la competitividad, la actividad económica y el bienestar de los ciudadanos".
Así concluyó su intervención inicial el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados el pasado lunes. La advertencia del máximo responsable del supervisor es fruto de una preocupación creciente en el organismo -compartida, por cierto, por el Banco Central Europeo- sobre la eventualidad de que un repunte de precios temporal se acabe convirtiendo en permanente, al provocar efectos de segunda ronda relacionados con la indexación de los salarios y las pensiones públicas.
Respecto a las pensiones, el Gobierno ha hecho caso omiso de las advertencias de organismos nacionales e internacionales para cumplir con el mandato del Pacto de Toledo y ha puesto en marcha una reforma que actualiza las prestaciones con el IPC de forma permanente. Mientras, los salarios quedan al albur -en el mejor de los casos- de la negociación colectiva. La subida salarial media pactada en los convenios se sitúa en torno al 1,5% en lo que va de año, lo que en estos momentos está acentuando la pérdida de poder adquisitivo, con una inflación disparada al 5,5%.
Según se extrae de las estadísticas del Ministerio de Trabajo, la gran mayoría de los trabajadores cubiertos por convenios colectivos (el 83%) no disponen de una cláusula de revisión salarial o, lo que es lo mismo, solo el 17% de los trabajadores cuentan con esta vía para ajustar los sueldos a las variaciones del IPC. De ahí que, por el momento, la escalada de los precios no se esté reflejando en un incremento de los costes salariales: primero, por la escasa prevalencia de estas cláusulas; y segundo, por el carácter plurianual de la negociación colectiva, que permite que los efectos de los convenios se prolonguen de media durante más de tres años.
Pero en el BdE empiezan a reavivarse viejos temores a la generalización de estas cláusulas, que tienen su origen en el modelo salarial fijado desde los Pactos de la Moncloa para sustituir la referencia a la inflación pasada por el IPC previsto como criterio fundamental para orientar las subidas salariales pactadas de cada ejercicio. Antes de la crisis financiera de 2008 cubrían en torno al 70% de los trabajadores, el problema es que el IPC empezó a situarse por debajo de la inflación prevista y la desviación se convirtió en negativa porque los precios subieron menos de lo que lo hicieron los salarios. A partir de ese momento, esta salvaguarda para el blindaje de los sueldos ante los precios empezó a perder peso.
Hasta los años 2011 y 2012, cuando el IPC volvió a escalar por encima del 2% y los empresarios empezaron a mostrar su rechazo por el hecho de que las cláusulas de revisión salarial, al originar subidas de sueldos adicionales, estaban elevando la factura de los costes laborales en plena recesión económica. Tras la reforma laboral del PP, el indicador de precios se mantuvo en niveles bajos, llegando incluso a terrenos negativos, restando relevancia a las cláusulas de revisión salarial en los convenios.
Y así hasta ahora. Como se ha comentado, en la actualidad, apenas uno de cada seis trabajadores cuentan con cláusulas de salvaguarda salarial. Pero en un escenario de presiones inflacionistas, empieza a crecer la preocupación en el BdE ante la eventualidad de que los convenios empiecen a trasladar a los sueldos lo que, insisten, supone un incremento de los precios transitorio. "Resulta particularmente importante evitar el uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas en las partidas de gasto que pudieran alimentar adicionalmente el actual proceso inflacionista", insistía De Cos el pasado lunes en sede parlamentaria.
El planteamiento del jefe del BdE no es compartido por los sindicatos. "No veo ningún riesgo en que se generalicen estas cláusulas", afirma el responsable del gabinete económico de CCOO, Carlos Martín, quien considera que el modelo de salvaguarda es el "razonable" y niega que genere espirales inflacionistas. Martín señala, además, otros dos elementos a tener en cuenta: "Estamos ante un repunte puntual de la inflación" y no hay que olvidar que se ha producido "una fortísima devaluación salarial desde la anterior crisis económica y especialmente por la reforma laboral de 2012, que se diseñó con este objetivo". En este sentido, insiste en que subir los salarios con la inflación no elevaría la presión de precios, sino que supondría la normalización de los márgenes empresariales y recuperación del poder adquisitivo perdido en la última década.
Así, los sindicatos apuestan por reforzar el peso de las cláusulas de revisión salarial para compensar la pérdida de poder adquisitivo, en un contexto de "gran preocupación ante el descontrol de la inflación", avisa el vicesecretario general de Política Sindical de la UGT, Mariano Hoya. En el ambiente sindical la inquietud por el encarecimiento de la cesta de la compra es una constante desde el pasado mes de junio; y ahora, con el IPC desbocado, advierten de que la amenaza real es el traslado del incremento de los costes energéticos por parte de las empresas al precio final que soportan los consumidores. "Ese escenario podría desatar una gran revuelta social", advierte Hoya. Todo dependerá de cómo evolucione, en particular, la factura de la luz de la recta final del año y en qué nivel se sitúe la inflación media.
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