El BdE pronostica un 3,7%

La inflación desviará el gasto público y complicará la estrategia de Sánchez

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) alerta en sus previsiones del impacto que supondrá la inflación en el gasto público, en partidas como las pensiones, vinculadas al índice de precios al consumo (IPC).

Ministra de Hacienda María Jesús Montero
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Europa Press

Los economistas insisten en que la inflación es temporal y, por ello, descartan que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés durante el próximo año. No obstante, el Banco de España cree que la escalada de precios seguirá creciendo durante 2022, cuando prevé que el Índice Armonizado de Precios al Consumo (IAPC) en media anual se sitúe en el 3,7%, después de cerrar en el 3% este año. 

El supervisor bancario ya ha alertado del riesgo que supone que la inflación se traslade a los salarios y este lunes, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha apoyado la advertencia. Además, ha subrayado que el incremento de los precios tiene consecuencias para el gasto público. "Las repercusiones de una alta inflación son múltiples, entre las que sobresalen las siguientes: se produce una pérdida de poder adquisitivo de la renta familiar; repercute en el gasto público, al aumentar en mayor medida el gasto ligado al IPC, como las pensiones; los tipos de interés reales son negativos, lo que perjudica al ahorrador; y ocasiona una merma de la competitividad de la economía española vía precios, lo que reduce nuestra capacidad exportadora", recoge en su informe sobre la coyuntura económica.

De hecho, tras conocerse el dato definitivo del IPC de noviembre, el Gobierno confirmó que las pensiones subirían el próximo año un 2,5%. Esta cifra ya supone una desviación del gasto público previsto por el Ejecutivo que calculó una inflación del 0,9% para este año y que compensará el desajuste con la paguilla que recibirán en enero los pensionistas. Será una partida de unos 2.000 millones de euros, según aseguró el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. La de este enero será la última paguilla que abone el Estado tras aprobarse un nuevo sistema de revalorización de las pensiones.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ya alertó de que el Gobierno se había quedado corto en calcular el coste de las pensiones. Lo hizo, incluso antes de que el organismo que dirige recortase las previsiones de crecimiento en casi dos décimas. En su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, De Cos cifró en 3.500 millones el gasto extra que deberían contemplar las cuentas públicas para el pago de las pensiones. También la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calculó un porcentaje de gasto superior al que prevé Moncloa.

Aunque el Ejecutivo confía en que la inflación se vaya corrigiendo a medida que lo hagan los precios de la energía, lo cierto es que las medidas aprobadas hasta la fecha por el Gobierno no han logrado contener los precios. La inflación ha seguido al alza desde los meses de verano y altera la previsión de gasto que el equipo de Sánchez ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Según los PGE, la Seguridad Social destinará en 2022 171.165 millones de euros al pago de las pensiones. Una cifra récord que supone un 4,8% más que lo calculado para 2021 y que se explica por el dato de la inflación, pero también por el aumento del número de pensionistas y porque las nuevas pensiones suponen importes más altos -de media- que las ya concedidas.

Además del impacto que la inflación pueda ocasionar sobre el gasto público, el IEE alerta sobre los riesgos que el incremento de precios puede tener sobre la inversión empresarial, palanca indiscutible del crecimiento económico. En este sentido, pone de relieve que "una mayor inflación y aumento de expectativas o incertidumbres acerca de la misma acabaría, tarde o temprano, elevando el coste de capital. La conjugación de estos dos efectos, a su vez, contraería la inversión empresarial, que, a su vez, en el largo plazo es el principal determinante de las posibilidades de crecimiento de una economía y generaría, adicionalmente, una mayor espiral inflacionista". 

En esta línea, los economistas manifiestan que la "inseguridad jurídica" que se puede ocasionar por la negociación de normas laborales o fiscales puede perjudicar también al tejido empresarial. Haciendo referencia a la reforma laboral, la subida del salario mínimo o la reforma fiscal en la que trabaja el Gobierno, el IEE apunta que "este tipo de modificaciones en el marco regulatorio no favorecen ni el asentamiento de empresas, ni la mayor inversión por parte de estas, ni la creación de nuevos negocios, así como la atracción del talento humano".

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