Las previsiones del Gobierno hacen aguas. El Plan de Estabilidad remitido a Bruselas a finales del pasado mes de abril contemplaba un incremento de las pensiones del 6% en 2023, en línea con la inflación prevista para este año, pero la persistente tensión de los precios energéticos continúa tirando al alza del IPC y obliga a revisar el cuadro macro. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya ha incorporado a su discurso que el escenario inflacionista va a durar más de lo inicialmente estimado y ahora toca trasladar ese pesimismo a los papeles. Para empezar, a la documentación que obra en poder de la Comisión Europea desde hace dos meses y que en lo que se refiere a la factura de las pensiones es papel mojado.
La tarea no es baladí porque en Bruselas existe una gran preocupación por la subida de las pensiones con el IPC. En sus ultimas previsiones, las autoridades comunitarias advierten de que la indexación puede suponer un gasto mayor del previsto inicialmente si se mantienen las tensiones inflacionistas, complicando la reducción del déficit público. Y fuentes al tanto del mood bruselense revelan que la Comisión ya se está planteando exigir medidas adicionales al Gobierno español para garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo, toda vez que el desembolso de 12.000 millones de fondos que depende de la primera parte de la reforma ya está prácticamente aprobado pese a la vinculación de las pensiones a los precios. "Validaron esa medida en el Plan de Recuperación. Aunque ahora se arrepientan, no pueden tumbarla", afirman las fuentes consultadas.
Pero la preocupación está ahí y en la capital belga quieren saber por cuánto va a salir el mantenimiento del poder adquisitivo de los 9 millones de pensionistas que hay en nuestro país. El Banco de España calcula que cada punto porcentual de subida de las pensiones supondrá un desembolso de 1.800 millones de euros, de modo que inicialmente el coste total en 2023 podría alcanzar los 11.000 millones, en base a esa previsión de inflación que comunicó el Gobierno a Bruselas en el Plan de Estabilidad. Pero todas las previsiones y el giro en el discurso de Calviño apuntan a que el IPC medio del año será muy superior a ese 6% que proyectaba el Ejecutivo hace dos meses en el deflactor del consumo privado (el indicador que elabora el Ministerio de Asuntos Económicos y más se asemeja al Índice de Precios de Consumo) por lo que la factura será inevitablemente más elevada.
Continuando con la referencia del Banco de España, el organismo supervisor calcula que la inflación cerrará el año en el 7,2%, por lo que según sus estimaciones la factura de las pensiones se elevaría en 13.000 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Pero el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos podría quedarse corto, ya que tras el incremento mayor de lo previsto en el IPC de mayo servicios de estudios como la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) han elevado sus previsiones de IPC medio para este año hasta el 7,9%. Esa inflación más cercana al 8% de media anual inflaría el gasto en pensiones en más de 14.000 millones el año que viene. Y no hay que olvidar que ese gasto se consolida en los Presupuestos, de ahí la inquietud de la Comisión Europea por la estabilidad financiera del sistema y de las cuentas públicas españolas.
Es más, prestigiosas instituciones como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estiman que el gasto extraordinario en la partida de pensiones superaría de largo los 13.000 millones en 2023, en base a una referencia de inflación del 8,8% y a un aumento de la factura de 1.500 millones de euros por cada punto porcentual de incremento de la nómina. La presidenta del organismo creado a instancias de Bruselas para fiscalizar las cuentas públicas, Cristina Herrero, advertía al Gobierno este martes de la fragilidad de la posición fiscal española ante la subida de tipos de interés por el coste de la deuda y de la necesidad de adoptar medidas para corregir el déficit y de "contar con una estrategia fiscal a medio plazo".
Precisamente, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, recogía el guante de Herrero este miércoles durante su intervención en la Asamblea General de la patronal y enfatizaba la advertencia al Gobierno sobre la necesidad de contar con un plan fiscal para dar "confianza a los mercados". Según los cálculos de la organización empresarial, cada punto de inflación supondrá un coste adicional de 1.700 millones de euros en la partida de las pensiones el próximo ejercicio, lo que elevará la factura extraordinaria en 13.600 millones de euros, en base a una previsión de inflación del 8%. Así lo detalló Garamendi en su discurso de clausura en abierto, en el que añadió que la propia evolución demográfica sumará al gasto otros 4.000 millones de euros anuales, de modo que el coste total se dispararía a 18.000 millones.
El Banco de España, la AIReF, la CEOE o la propia Comisión Europea. Las advertencias al Gobierno de Pedro Sánchez por haber decidido ligar las pensiones a la inflación en el peor momento posible se suceden. Pero la medida está en el BOE y no se va a tocar ni una coma del acuerdo que, en lo que respecta específicamente a la indexación, contó con el respaldo parlamentario del Pacto de Toledo, así como con el apoyo de los dos flancos del diálogo social, patronal y sindicatos. Esto obligará a Calviño a recalcular la factura en los próximos meses para adaptarla al IPC, en función del impacto que vayan teniendo las medidas del decreto anticrisis que se ampliará este sábado en un Consejo de Ministros extraordinario. Todo, bajo la atenta vigilancia de las autoridades europeas, que tienen en su poder la llave del grifo de los fondos de recuperación.
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