El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones expresaba este miércoles su "desconcierto" por la difusión, en medios de comunicación, de una "narrativa creada artificialmente a partir de una realidad que no existe". Con esa crítica, José Luis Escrivá intentaba zanjar la polémica abierta desde el pasado mes de diciembre sobre su intención de recortar las pensiones. Pero pocas horas después, La Información publicaba el informe elaborado por su departamento, en el marco del diseño del paquete de reformas para remitir a Bruselas, en el que se recoge, negro sobre blanco, que la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación de 25 a 35 supondrá una reducción de las prestaciones del 6,3% de media.
Ese borrador, elaborado a mediados de diciembre, se modificó por la presión ejercida desde el flanco de Unidas Podemos en el Gobierno y por el rechazo frontal que mostraron los sindicatos a cualquier reforma que implicase un recorte de las pensiones. De modo que, finalmente, la medida no se ha trasladado a Bruselas... al menos, no en los mismos términos. Lo cierto es que el documento presentado por el área económica del Ejecutivo a los agentes sociales este martes, en una reunión técnica para comunicar de forma oficial a las organizaciones patronales y sindicales los planes para el mercado laboral y las pensiones remitidos a las autoridades europeas, camufla, bajo una redacción más genérica, la misma reforma que barajó Escrivá hace un mes y que supone esa merma de las prestaciones.
De hecho, si se comparan ambos informes -el borrador elevado a Moncloa a mediados de diciembre y el documento presentado a los agentes sociales este martes- se aprecia que la redacción de este apartado se mantiene prácticamente idéntica, pero se modifica el encabezado de la medida y se elimina toda referencia a un impacto negativo en las prestaciones de los jubilados, incluidos los cálculos que inicialmente fijaban ese recorte en el 6,3%. En el texto en el que se resumen las reformas enviadas a Bruselas se habla de la "adecuación de las carreras de cotización a la realidad laboral", mientras el borrador de Escrivá enunciaba este apartado con la "ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación".
Más allá de la nomenclatura, en ambos textos se defiende que la intención es profundizar en la reforma de 2011, para aumentar la contributividad del sistema, haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales y afectan especialmente a mujeres, jóvenes y trabajadores que son despedidos en la última mitad de su vida laboral. La principal diferencia es que, mientras el borrador hablaba específicamente de ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora hasta los 35 años, en el documento final se contempla aumentarlo, pero no se concreta cuánto.
En esta línea, en ambos casos se hace referencia a que, simultáneamente a la ampliación del periodo de cálculo, se revisará el procedimiento de integración de las lagunas de cotización para atender a unas trayectorias laborales cada vez más fragmentadas, especialmente asociadas a la temporalidad. Asimismo, en los dos planteamientos se contempla la posibilidad de elegir los años a integrar en la base reguladora por encima de los umbrales establecidos. Se facilita así la opción de descartar los peores años en términos de cotización, obteniendo una imagen más fiel del esfuerzo contributivo de los trabajadores y corrigiendo las situaciones de injusticia actuales en las que los últimos años de carrera están primados, favoreciendo a trabajadores con carreras de cotización más estables o ascendentes, en detrimento de los más afectados por los vaivenes del mercado laboral, que parecen un doble perjuicio durante la actividad y en la jubilación.
El núcleo de la idea, por tanto, es el mismo. Pero en el documento que obra en poder de los agentes sociales -sin perjuicio de que se trata un resumen y, por tanto, se entiende que la información remitida a Bruselas contiene un mayor detalle de las medidas- se omite una parte capital de la reforma y es su eventual impacto sobre la cuantía de las pensiones. Este sí se detallaba en el borrador elaborado en diciembre, donde se señala directamente que "aun cuando el efecto en cada trabajador es diferente, aumentando la pensión en algunos casos y disminuyéndola en otros, en términos medios la pensión se reduce". Si bien se añade que "el efecto es paulatino en el tiempo y se moderaría por la posibilidad de elección de años" para el cálculo.
Recorte del 6,3%
Pero no solo eso, el borrador inicial pone cifras a ese 'tajo': "El efecto medio de calcular la pensión sobre un máximo de 35 años en lugar de 25 supondrá, a las pensiones comprendidas entre la mínima y la máxima, una reducción media de la pensión inicial del 6,3%". Aunque también añade que el impacto "no es uniforme y depende de las características concretas de cada carrera de cotización". Además, recuerda que la anterior ampliación aprobada en 2011 para elevar el cómputo de 15 a 25 años en 2022 supuso, hasta 2019, con 22 años como base de cálculo, un recorte medio de la pensión del 3,9%, con una incidencia en más de la mitad (el 52%) de las altas. Con todo, añade que "a medida que transcurran los años, la medida tendrá incidencia en un mayor número de nuevas pensiones y la reducción media será mayor".
La reforma, que exigiría una modificación de la Ley General de la Seguridad Social, afectaría a los nuevos pensionistas, si bien la implementación sería progresiva a partir del año 2023, tal y como se plantea en ese borrador inicial. No obstante, también se indica que "pueden existir colectivos a los que les interesa acelerar la aplicación sin esperar a su despliegue completo", aunque sin especificar cuáles. En cualquier caso, se deja constancia, negro sobre blanco, de que la medida (que, a juicio del Ministerio, tiene un "adecuado encaje" en las recomendaciones del Pacto de Toledo) se discutiría previamente en la mesa de diálogo social con la patronal y los sindicatos. Estos últimos ya han manifestado su rechazo absoluto a cualquier modificación que suponga un recorte de las pensiones y, a la vista de la nueva redacción descafeinada de esta reforma, no parece sencillo que Escrivá vaya a lograr recabar su apoyo para un eventual acuerdo.
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