No les dota de fondos para la gestión

Escrivá se resiste a ceder el trámite del IMV a los ayuntamientos pese al atasco

El Ministerio de Inclusión quiere avanzar en los convenios con los consistorios para recabar la ayuda de los trabajadores sociales, pero insiste en acaparar la gestión aunque la ley le permitiría compartirla. 

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Escrivá se resiste a ceder el trámite del IMV a los ayuntamientos pese al atasco. 
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Los intentos por acabar con el cuello de botella del Ingreso Mínimo Vital (IMV) no acaban de surtir efecto. Aunque el Ministerio de Seguridad Social ha intentado desatascar la situación a través de encargos a empresas como Tragsatec o con la contratación de un millar de interinos, los problemas continúan. Pero el departamento de José Luis Escrivá no tiene previsto cambiar su estrategia actual. E incluso ha descartado contar con los ayuntamientos, con los cuales podría contar a través de convenios que están recogidos en la ley de la prestación. Así lo aseguran diversas fuentes consultadas por La Información, que destacan que el ministro apuesta por mantener para su ámbito de acción esa gestión. Tanto que no está previsto que les transfiera fondos específicos para que se encarguen de la tramitación de la ayuda.

Como apuntó el ministro en una entrevista este lunes y confirman fuentes de Seguridad Social, Escrivá tan solo tiene en mente ampliar la colaboración con los consistorios para que los trabajadores sociales les permitan llegar a más colectivos vulnerables que podrían recibir la paga. Un acuerdo que, de llevarse a cabo, se sumará al que ya existe para que los ayuntamientos ayuden a las oficinas del ministerio con los datos del padrón de los solicitantes. Pero no se darán pasos más allá, confirman desde la cartera también responsable de Inclusión y Migraciones. Por lo que se mantendrá el plan actual. El mismo que ha provocado numerosos problemas y que ha supuesto que no se haya podido responder a la mayoría de demandantes, como ha admitido el propio Escrivá.

La posibilidad de encargarse directamente de la prestación es algo que veía con buenos ojos la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la organización que representa a los consistorios. Pero la entidad que preside el alcalde de Vigo, Abel Caballero, junto a otros de sus compañeros de ciudades destacadas, reclamaron al Gobierno que les transfiriera fondos para asumir esa nueva competencia. Una petición que justificaron con que asumir el IMV implicaba un aumento de costes, ya que necesitarían más personal eventual y más medios. Algo que Escrivá rechazó en un primer momento, al recordar que las casas consistoriales estaban en una "situación financiera de superávit". Lo que no sentó muy bien a varios primeros ediles, como los de Madrid y Zaragoza, José Luis Martínez-Almeida y Jorge Azcón

A pesar de este primer revés, la FEMP no se rindió. Por eso, la organización estaba pendiente de si se incluía una partida específica dentro de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 que cubriera las necesidades que tendrían si tuvieran que empezar a tramitar las solicitudes. Pero ese fondo finalmente no se ha incluido en las cuentas públicas que se aprobarán antes de que acabe el año, como confirman desde Seguridad Social. Una situación que, sumada a la negativa de Escrivá de suscribir el convenio para que pudieran encargarse de las tramitaciones, implica que los ayuntamientos van a quedarse tal y como están. Lo que supone que aún tengan que ayudar con el cruce de datos del padrón con sus propios recursos. 

La posibilidad de emplear a las entidades locales para tramitar las peticiones del IMV está recogida en el artículo 22 de la norma publicada en el BOE hace seis meses. Según señala este apartado de la ley, tanto estas como las comunidades autónomas "podrán iniciar el expediente administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (...) el oportuno convenio que les habilite para ello". Pero no se prevé que los municipios vayan a aceptar una futura cesión de la tramitación sin que les doten de más fondos. Esa financiación era una condición imprescindible para que estuvieran dispuestos a una mayor implicación.

Fuentes de la FEMP aseguran a este diario que el ministerio de Inclusión ha contado con ellos "en todo momento". De hecho, en uno de sus boletines informativos, recogieron que "una vez firmados los respectivos convenios, es probable que, tras la apertura del expediente, el propio Ayuntamiento pueda efectuar la posterior tramitación y gestión previas a la resolución del expediente". Una ambición expuesta hace unos meses que ahora choca con los planes de Seguridad Social. Mientras tanto, José Luis Escrivá asegura públicamente que se generaron "expectativas excesivas" sobre el ritmo al que podrían tramitar las peticiones de la prestación. De la que se han aprobado tan solo el 13% del más de millón de solicitudes que se han registrado. 

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