Los empresarios se posicionan respecto al Ingreso Mínimo Vital (IMV) que va a aprobar el Consejo de Ministros del próximo martes. Esta semana han arrancado las negociaciones del Gobierno con los agentes sociales para terminar de recoger sus aportaciones y, con el borrador del proyecto en la mano, la CEOE define su posicionamiento: "La medida debe aprobarse con carácter urgente para dar respuesta a los colectivos que han quedado desamparados en esta crisis, pero el Gobierno no debe aprovechar el estado de alarma para implantar una medida estructural", afirma a La Información un portavoz oficial de la patronal.
Es la primera línea roja que marcan los empresarios en la mesa de negociación abierta con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, arquitecto de este instrumento de protección económica para las familias más vulnerables. La confederación empresarial rechaza la implantación precipitada del IMV, tal y como está planteado, y apuesta por habilitar una herramienta similar, pero de carácter coyuntural, que no suponga un incremento del gasto estructural y que atienda a los colectivos que no hayan podido beneficiarse de ninguna de las prestaciones aprobadas hasta ahora y corran el riesgo de quedarse atrás por la crisis del coronavirus.
La segunda línea roja pasa por impulsar la empleabilidad de estos colectivos. Tras conocer que el Gobierno ha cambiado la orientación inicial de la renta mínima y ha desvinculado su cobro de la búsqueda activa de empleo, como se adelantó en estas páginas, los empresarios se han plantado en este punto. Fuentes de la cúpula de la CEOE advierten de que uno de los requisitos que deben cumplir los futuros beneficiarios de esta prestación es buscar un puesto de trabajo. "Queremos incluir una vinculación con las políticas activas de empleo", revela un empresario, que recuerda que éstas están transferidas a las comunidades autónomas.
"Hay que introducir necesariamente como requisito la búsqueda activa de empleo", insisten las fuentes empresariales consultadas, y añaden una nueva demanda: que se subvencionen los contratos que las empresas firmen con perceptores del IMV. Es decir, que el Estado premie a los empresarios que contraten a los beneficiarios de esta prestación extraordinaria, en línea con lo que fijaba el extinto Programa de Activación para el Empleo (PAE), el subsidio especial de 426 euros para parados de larga duración con cargas familiares.
Hay que recordar que el PAE fue un programa extraordinario de carácter temporal, prorrogado bajo la fórmula de subsidio extraordinario, dirigido a quienes hubieran permanecido en paro durante más de doce meses y cumplieran una serie de requisitos, entre ellos la acreditación ante el Sepe de la búsqueda activa de trabajo y su participación en los procesos de activación propuestos por los servicios públicos de empleo, sin poder rechazar ofertas laborales adecuadas. Permitía compatibilizar la percepción de la ayuda con un trabajo y del salario que pagara el empresario se descontaban los 426 euros de la ayuda.
Pues bien, los empresarios presionan ahora para conseguir una subvención similar en los contratos que puedan firmarse con perceptores del Ingreso Mínimo Vital. "Ayudaría al trabajador, que cobraría el salario íntegro y además se activaría en el mercado laboral, motivándose, manteniendo habilidades y adquiriendo otras nuevas... y cotizando a la Seguridad Social", explican fuentes empresariales conocedoras de las conversaciones que se están manteniendo estos días con el Gobierno. En paralelo, añaden, "esto ayudaría a la empresa, reduciendo los costes, mientras seguiría pagando el 100% de las cotizaciones sociales".
Consultados al respecto del posicionamiento de la patronal en las negociaciones que se están produciendo durante esta semana, desde el departamento de la Seguridad Social explican que efectivamente tienen previsto introducir una serie de incentivos al empleo en la estructura final del IMV, pero insisten en que el diseño todavía está en marcha y durante la recta final de este proyecto se siguen recogiendo las aportaciones que están recibiendo desde distintos ámbitos, incluidos tanto el empresarial como el sindical. "Está todo muy avanzado, pero hasta que no esté cerrado preferimos no entrar al detalle", zanjan.
Escrivá ha anunciado que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará el IMV y ha adelantado que se están estudiando las fórmulas para agilizar el pago para unos 100.000 hogares en situación de extrema necesidad. No obstante, el alcance potencial de la renta prometida por el ministro, cuando esté completamente desplegada, es de más de un millón de familias, con un coste estimado de entre 3.000 y 3.500 millones de euros anuales. La ayuda será de un mínimo de 462 euros por persona, con un máximo de 1.015 euros por unidad familiar, en función de los hijos a cargo, y se fijará un límite en el patrimonio de los beneficiarios, excluidas las deudas y la vivienda habitual. Es todo lo que se sabe hasta ahora.
Pero el punto más conflictivo en la negociación con la patronal es la desvinculación del cobro de la prestación de la búsqueda activa de empleo. Fuentes gubernamentales confirmaron este cambio de última hora tras percatarse de que introducir esta obligatoriedad en el ingreso mínimo sería contraproducente para una parte de sus beneficiarios, especialmente para los colectivos más desfavorecidos de la sociedad, sobre todo en un momento en el que el mercado laboral está en estado de 'shock', devastado por las consecuencias de la crisis sanitaria. Desde la CEOE mantienen que la vinculación del IMV con la búsqueda de trabajo es condición 'sine qua non' para lograr su apoyo a este salvavidas social.
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