A mediados de junio, el Gobierno puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital. Se trataba de la medida de mayor calado social que se activó de urgencia para hacer frente a la crisis ocasionada por el coronavirus. Sin embargo, la alta demanda de las solicitudes generó un cuello de botella en el sistema que retrasó, y mucho, la aprobación y el pago de las mismas. Ante este panorama, el IMV ha experimentado varios cambios en las últimas semanas con el fin de agilizar el proceso.
De hecho, antes de firmar el anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, se acordó también una serie de enmiendas para regular el real decreto que modificaban en cierta forma los requisitos a la hora de pedir la ayuda. Uno de estos atañe a los ingresos.
En este sentido, se acordaba que para conceder el Ingreso mínimo vital se tuvieran en cuenta los ingresos de los meses transcurridos durante el año en curso. Anteriormente, el cálculo se realizaba en base a lo percibido durante el 2019, con excepción de aquellos que hubieran visto caer sus ingresos por debajo del umbral de renta garantizada en 2020, aportando una Declaración Responsable. Ahora, sin distinciones, se tendrán en cuenta los del año presente. En la práctica supone las familias no tendrán que esperar hasta que acabe el año en el que han perdido sus ingresos para solicitar el IMV.
Ante esta situación, nos podemos encontrar en el siguiente supuesto: una persona que ha solicitado la ayuda antes de estas modificaciones, que tenga incluidos en sus documentos aportados los ingresos del 2019 y que le hayan denegado el IMV por rebasar ese límite. Pero, que, sin embargo, si hubiera aportado lo ganado en 2020, sí hubiera cumplido todos los requisitos exigidos, al ser bastante inferiores por debajo de la crsis. ¿Qué ocurre en estos casos? ¿Se puede reclamar?
Lo cierto es que sí. En el adjunto a la resolución de la solicitud, siempre se incluye un epígrafe que dice que si no se está conforme con la resolución se puede presentar en la Dirección Provincial una reclamación previa a la vía jurisdiccional en el plazo de 30 días hábiles contados desde el siguiente de recibir la notificación. Se podría también presentar una nueva solicitud declarando los ingresos de 2020.
