El Gobierno aprovechará el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para aflorar economía sumergida. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está cruzando datos con la Agencia Tributaria para delimitar los potenciales beneficiarios de esta prestación, cuya implantación gradual estaba prevista a partir de 2021 pero ha tenido que precipitarse para dar respuesta a los colectivos más vulnerables en esta crisis sanitaria y económica. El problema es que muchas de estas personas no figuran en los registros de Hacienda, precisamente porque sus bases imponibles están por debajo de los límites exentos. En muchos casos, se trata de ciudadanos que operan en la economía sumergida. Por eso José Luis Escrivá se está planteando la posibilidad de que todo el que solicite el IMV tenga que realizar obligatoriamente la declaración de la renta.
El ministro de Inclusión deslizó esta idea durante un encuentro digital organizado por el Colegio de Economistas de Madrid. Preguntado al respecto de los planes del Gobierno sobre el IMV, Escrivá explicó que todavía se están cruzando los datos con la AEAT y adelantó que esta herramienta será "una oportunidad de cara a aflorar economía sumergida". Después hizo un recorrido por los sistemas de rentas mínimas implantados a nivel europeo y matizó que en España la redistribución de rentas solo se efectúa entre quienes tienen bases imponibles suficientes para hacer la declaración de la renta y, por tanto, queda fuera parte de la población. Por eso, expuso que en ese caso sería "importante" que el IMV "se asocie a que cualquier persona tenga que hacer la declaración" para acceder a esta prestación.
Consultados sobre las declaraciones del ministro, en su departamento se limitan a indicar que la colaboración con la Agencia Tributaria está siendo "excepcional" y que solo cuando se terminen los trabajos explicarán cómo se ha diseñado y cuáles serán los requisitos de acceso. Sin embargo, fuentes conocedoras de la maquinaria que se ha puesto en marcha a toda velocidad para que esta prestación vea la luz a finales de mayo se remiten al 'Estudio sobre los programas de rentas mínimas en España' desarrollado por la Autoridad Fiscal cuando el organismo estaba al mando de Escrivá. En ese 'paper' la AIReF fija como requisito de acceso a una eventual renta mínima "la inscripción en la Agencia Tributaria para agilizar trámites y reducir riesgo de fraude".
El presidente del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, pone en duda el modo en que se va a articular esa inscripción y se cuestiona "en qué concepto se va a dar de alta a las personas procedentes de la economía sumergida en la Agencia Tributaria". Coincide con él el responsable de Estudios e Investigación de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), Javier Gómez Taboada, quien se plantea "en condición de qué va a tener que presentar la declaración de la renta una persona sin ingresos" y tacha de "kafkiana" la idea de que este colectivo especialmente vulnerable rechace la tentación de un trabajo 'en B' y salga a la luz en los registros de la AEAT.
Desde el Ministerio de Inclusión reconocían recientemente a este medio que la información disponible aún adolece de importantes lagunas. "Disponemos de la información que procede de la Agencia Tributaria, que es muy fiable, pero sabemos que no todos los hogares que están en situación de exclusión aparecen en los datos de Renta y es muy probable que los que no aparecen ahí sean los que están en una situación de exclusión social más severa". El propio Escrivá ya aclaró que el IMV no llegará a personas que se encuentren en situación irregular, después de que el Ministerio de Igualdad asegurara que las víctimas de explotación sexual, así como mujeres en situación de prostitución en "extrema vulnerabilidad", podrían beneficiarse de esta prestación.
La idea también se ha puesto negro sobre blanco desde otros ámbitos como la Fundación Faes de José María Aznar. En un documento difundido esta semana, José María Rotellar, doctor en Economía, y asesor del PP en la materia, defiende la implantación de una prestación temporal ligada a la búsqueda de empleo y explica que podrían acudir a ella "las personas que, habiendo estado en la economía sumergida, acreditasen que venían recibiendo unos ingresos por un trabajo que no declaraban, sin consecuencias retroactivas ni para ellos ni para sus empleadores, pero con la pérdida de todo derecho de prestación o el establecimiento de sanciones para ambos de reincidir en el futuro en contrataciones no declaradas". De esta manera, asegura, "además de sostener a la población que dejara de recibir ingresos y pasase por graves dificultades, se podría hacer aflorar una parte de la economía sumergida".
Por su parte, el economista Javier Santacruz reflexiona sobre esta cuestión en conversación con La Información y explica que, en el caso de España, antes de plantear el Ingreso Mínimo Vital es necesario "unificar los criterios y sumar todas las prestaciones monetarias (por no hablar de las prestaciones en especie) para crear un sistema coordinado de rentas diseñado, supervisado y ejecutado por la Agencia Tributaria, de manera que el organismo público que más información tiene de cualquiera de nosotros sea el encargado de llevar la liquidez de forma directa y rápida, teniendo 'controlados' a los beneficiarios y proporcionándoles a cambio incentivos para la búsqueda de empleo".
Este diseño, a juicio de Santacruz, supondría "una fuerza sin precedentes en materia de formalización y reducción de la economía sumergida, sobre la cual se pierde capacidad de persecución en miles de registros de oficinas de ayuntamientos, agencias regionales u organismos estatales que no cuentan con intercambios automáticos de datos, empezando por la propia Seguridad Social". La apuesta de este economista e investigador con amplia experiencia en análisis financiero y de políticas públicas es "un impuesto negativo sobre la renta, de manera que todo el mundo que sea beneficiario de la renta mínima esté controlado vía declaración de la renta y esto genere incentivos para abandonar la informalidad".
"Test de patrimonio"
Otro de los requisitos que avanzó Escrivá durante el webinar fue la elaboración de un "test de patrimonio" que calcule la riqueza neta de los hogares, en función por ejemplo del valor de mercado de bienes inmuebles de las familias. Gómez Taboada sí ve sentido a este planteamiento y expone su razonamiento: "Hay personas que podrían solicitar la renta mínima por no disponer de liquidez, pero que pueden disponer de un gran patrimonio que les permita convertir el inmovilizado en esa necesaria liquidez". "El Estado no está para ayudar a esas personas, sino a quien realmente lo necesita", zanja.
El ministro también adelantó que el IMV "durante algún tiempo, podrá ser compatible con algún tipo de empleo", siempre que el salario percibido no consiga que el hogar supere un mínimo que "aún está por definir". Insistió, eso sí, en que la cuantía de la prestación "variará mucho según las tipologías de hogar", pues "no es lo mismo un adulto solo que una pareja con dos niños o una familia monomarental".
Hasta donde se sabe, y según los cálculos del Gobierno, el IMV llegará a más de un millón de hogares, la mitad de ellos con niños y un 10% monoparentales. En total, tres millones de personas en España se beneficiarán del ingreso mínimo vital. Aunque aún no hay una cuantía oficial, la vicepresidencia de Derechos Sociales y para Agenda 2030 que encabeza Pablo Iglesias pretende que el Ingreso Mínimo Vital sea de 500 euros y que se pueda elevar hasta 950 euros para familias con dos adultos sin ingresos y dos hijos a cargo.
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