El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha empezado a desarrollar el registro en el que deberán inscribirse las entidades del tercer sector de acción social que colaboren en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital. Se trata de mediadores, como son las ONGs y otras entidades privadas sin ánimo de lucro, que cooperarán con la entidad gestora de la prestación acreditando determinados requisitos exigidos para el acceso a la misma. De este modo, el departamento que dirige José Luis Escrivá pretende disminuir el número de personas que, pudiendo tener derecho a la prestación, no han tenido acceso hasta ahora, aumentando así el número de beneficiarios.
El pasado mes de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 3/2021, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, que modifica el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital, estableciendo una mayor flexibilidad en el concepto de unidad familiar (incluyendo como unidad de convivencia a quienes viven juntos sin vínculos) y ampliando la cobertura a grupos altamente excluidos y vulnerables que no estaban siendo incluidos en las anteriores reformas de la ley, como los sin techo (personas sin hogar con "domicilio ficticio") o los residentes en servicios residenciales temporales y de uso colectivo como albergues, pisos tutelados o centros de acogida.
Entre las modificaciones que se hicieron en febrero se encuentra la incorporación al texto de una disposición transitoria que establece la colaboración de las entidades del tercer sector de acción social en la gestión de la prestación de Ingreso Mínimo Vital. Dicha disposición señala que, de forma excepcional, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, las entidades del Tercer Sector de Acción Social debidamente inscritas en el registro de mediadores podrán emitir certificado para la acreditación de las circunstancias de vulnerabilidad previstas.
De este modo, el Ministerio posibilitó que, en situaciones de convivencia complejas, la acreditación de la unidad de convivencia pueda ser certificada por los servicios sociales, entidades colaboradoras del IMV y el tercer sector social subsidiaria y transitoriamente, una solución similar a la planteada por muchas comunidades autónomas a la hora de acreditar las unidades de convivencia para acceder a sus programas de rentas mínimas. Los mediadores deben cumplir una serie de requisitos, como el de disponer de puntos de atención directos a las personas en todas las autonomías y ciudades autónomas, así como una experiencia acreditada en el acompañamiento y asistencia a personas en riesgo de exclusión social, particularmente en el acompañamiento con el Ingreso Mínimo Vital.
No ha sido hasta este mes de septiembre, sin embargo, cuando el Escrivá ha puesto en marcha la creación del registro obligatorio de mediadores sociales. En concreto, el Ministerio acaba de sacar a trámite de audiencia e información pública el borrador de la orden correspondiente y la fecha límite para la presentación de aportaciones es el próximo día 24 de septiembre. La idea es aprobarla en el último trimestre del año para dar un acelerón al ritmo de tramitación, disminuyendo el número de personas que, teniendo derecho a la prestación, no han tenido acceso a ella por dificultades para acreditar su situación de vulnerabilidad y ampliando así el número total de beneficiarios.
Quince meses después de su puesta en marcha, la Seguridad Social ha rechazado tres de cada cuatro solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, concediendo unas 330.000 prestaciones de un total de 1,4 millones de solicitudes recibidas. A la espera de que el Ministerio actualice -previsiblemente, esta misma semana- los datos de la nómina, algo que no hace desde el pasado mes de mayo, esta es la última información aportada por el Ejecutivo en una respuesta al senador de Compromís Carles Mulet. El ritmo de concesión, en cualquier caso, es lento y sitúa muy lejano el horizonte de los 850.000 hogares beneficiarios que se fijó el Gobierno y que el propio Escrivá ha admitido que no se alcanzará "ni de lejos".
"Desde que se puso en marcha la prestación del Ingreso Mínimo Vital se han recibido más de 1.400.000 solicitudes. De ellas, se han tramitado cerca del 85%, entre las cuales, se han aprobado cerca de 330.000 solicitudes", afirma el Gobierno en su respuesta. En la argumentación explica que entre "las principales causas de denegación está el incumplimiento del requisito de vulnerabilidad económica, es decir, superar los umbrales de renta y patrimonio". Hay que recordar que entre los planes del Ministerio está retocar los niveles de renta fijados inicialmente para hacer más accesible la prestación, así como incorporar un complemento por hijo, medidas que están todavía pendientes de aprobación.
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