La Seguridad Social culpa del retraso en los pagos del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a los errores que se están detectando en las solicitudes. Dos meses después de su puesta en marcha y tras revelar La Información que apenas se han aprobado un 1% de las peticiones, el Ministerio de José Luis Escrivá admite que solo se han validado unos 6.000 expedientes de las más de 750.000 solicitudes recibidas. El resto, hasta llegar a 80.000 beneficiarios, se corresponden con la nómina de los más de 74.000 que venían percibiendo la prestación por hijo a cargo, según confirman fuentes de este departamento.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha distribuido una nota de prensa a los medios de comunicación en la que afirma que "el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha reconocido a más de 80.000 hogares el Ingreso Mínimo Vital, de las más de 143.000 solicitudes analizadas", pero no matiza que en esas más de 80.000 solicitudes reconocidas se incluye el pago de oficio a 74.119 personas que son beneficiarios de la prestación por hijo a cargo. De este modo, la cantidad real de peticiones analizadas y concedidas desde el pasado 15 de junio, fecha en la que se habilitó la solicitud de la prestación, asciende a algo menos de 6.000.
El departamento de Escrivá destaca además que esos 80.000 expedientes validados suponen el 56% de las 143.000 solicitudes analizadas (de nuevo, teniendo en cuenta que aquí se incluyen los que cobraron de oficio a finales de junio), si bien también añade que la Seguridad Social ha recibido hasta la fecha casi 750.000 solicitudes, de manera que el ritmo de reconocimiento es lento (143.000 apenas representa el 19% de 750.000). Para justificar este atasco, el Ministerio explica que las peticiones recibidas equivalen "a los expedientes de pensiones que se resuelven en un año completo".
Además, en la nota añaden que un 7,5% del total de las solicitudes se han recibido por duplicado y cerca de un 40% de las peticiones examinadas hasta el momento han llegado "con la documentación incompleta (gran parte de ellos sin certificado de empadronamiento), lo que implica que la entidad comunique al solicitante la incidencia para que aporte la información requerida". Hasta la fecha, entre las solicitudes revisadas hay más de 25.800 pendientes de documentación y se han denegado cerca de 36.800, en más de la mitad de los casos por exceder los límites de renta y/o patrimonio que están fijados como requisitos para obtener esta ayuda.
El Ministerio reconoce el cuello de botella que se está produciendo con esta nueva prestación que nació para paliar los efectos económicos de la pandemia sobre la población más vulnerable y asegura que en las últimas semanas se han desplegado "diferentes iniciativas con el objetivo de mejorar el proceso de tramitación". En este sentido, se ha desarrollado un protocolo de intercambio de información con las comunidades autónomas para el traspaso de datos de las solicitudes resueltas y se ha habilitado un procedimiento de cruce masivo de datos con la Agencia Tributaria.
Además, el Ministerio destaca que se ha llegado a acuerdos con cerca de 150 ayuntamientos para que estos aporten directamente la información referida al padrón municipal necesaria para tramitar el IMV, "lo que agilizará gran parte del proceso y evitará desplazamientos de los solicitantes". Gracias a estas iniciativas, afirman, "el ritmo de tramitación se ha ido incrementando progresivamente durante el proceso de puesta en marcha de la ayuda y es más rápido que el de otras prestaciones similares previas". Como ejemplo: entre el 10 y el 17 de agosto se han examinado 8.062 expedientes, de los que 4.875 se han resuelto (un 10% más que la semana anterior).
Desde el INSS aseguran que tienen previsto realizar un balance exhaustivo de la evolución de estos meses de puesta en marcha a finales de septiembre, que es la fecha que se dio inicialmente el Ministerio para elaborar una evaluación del proceso inicial de tramitación. Además, recuerdan que a quienes hayan realizado la solicitud hasta el 15 de septiembre y tengan derecho a ella según la documentación acreditada, les será concedida con efectos retroactivos desde el 1 de junio. "Los datos facilitados hasta ahora no son concluyentes puesto que las duplicidades y la falta de documentación en gran parte de las solicitudes distorsionan estas cifras", zanjan.
Colapso por falta de medios
El Ministerio garantiza que las solicitudes se están tramitando a la mayor velocidad posible gracias al esfuerzo de la plantilla, si bien los funcionarios denuncian la falta de medios materiales y humanos para abordar la carga de trabajo extra que está suponiendo esta gestión. Hace ya semanas que los sindicatos de empleados públicos alertaron del colapso de los expedientes, como se advirtió en estas páginas, donde el responsable nacional de CSIF en la Seguridad Social, José Manuel Moreno, denunciaba un "importante atraso" en la tramitación por la "carga abrumadora de trabajo", no sin recordar que el INSS cuenta con una plantilla de apenas 10.617 efectivos y solo tres cuartos son gestores con competencias para tramitar prestaciones.
El personal de la Seguridad Social tiene ahora que sumar a sus tareas habituales la gestión del IMV, que supone entre 40 y 45 minutos por solicitud, según han tasado en CSIF, lo que está provocando a su vez atrasos en los trámites de otros expedientes, incluidas altas de pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidades, etc. El colapso que describen los funcionarios ha llevado a los sindicatos a pedir el refuerzo de 1.000 interinos para el Instituto Nacional de la Seguridad Social y otros 250 para la Tesorería General y en estos momentos están pendientes de la resolución de Hacienda. Hace unos días el mismo Escrivá admitía que la plantilla atraviesa una "situación muy difícil" por la falta de personal y el exceso de trabajo y adelantaba que el Gobierno prepara ya un refuerzo adicional con la incorporación de 550 nuevos funcionarios con plaza fija en 2021.
Pero el atasco en la gestión de esta novedosa y compleja ayuda pública no se está produciendo solo en el INSS. Escrivá tuvo que recurrir a la contratación de trabajadores externos, a través de una encomienda de gestión a la empresa pública Tragsatec (Tragsa), que aportó unos 500 efectivos para la gestión de las solicitudes y en torno a 200 teleoperadores adicionales para atención telefónica a los interesados en percibir esta ayuda. Empleados que han participado en esos trabajos, sin embargo, denuncian retrasos en los trámites desde el inicio del proceso, con expedientes paralizados por la complejidad de las casuísticas particulares de las familias, los requerimientos de información no aportada o los procesos de clasificación previa al envío del papeleo al INSS, quien finalmente es responsable de tomar la decisión sobre la aprobación o rechazo de la prestación.
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