España se encuentra ante una oportunidad histórica para impulsar la modernización del marco de relaciones laborales aprovechando el maná de los fondos europeos, pero corre el riesgo de acabar introduciendo corsés a la legislación que impliquen un paso atrás en flexiseguridad, limitando la capacidad de adaptación de las empresas en crisis y de sectores enteros inmersos en proceso de reconversión. Dos profesionales en la asesoría a empresas en materia de relaciones laborales y recursos humanos, como son Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados, y Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights y exsecretario de Estado de Empleo, abordan este debate en un foro de diálogo organizado por la Fundación Faes en el que cuestionan algunas de las medidas que ha planteado el Gobierno a los agentes sociales en la mesa de diálogo social y exponen sus recetas sobre la reforma que consideran que necesita el mercado laboral patrio.
Ambos cuentan con el bagaje de haber participado de manera activa en la negociación y diseño de la normativa laboral del país durante los últimos años y están al tanto de los asuntos que está tratando en estos momentos el Gobierno con la patronal y los sindicatos para cerrar un acuerdo in extremis. Antes de abordarlos realizan una defensa acérrima de las reformas de 2010 y 2012 por propiciar los mecanismos de flexibilidad interna que permitieron a las empresas realizar ajustes sin destruir empleos. Aunque admiten que vías como los recortes de sueldos son traumáticas, consideran que mejoran el mercado laboral al evitar la destrucción masiva de puestos de trabajo en situaciones como la vivida en los inicios de la crisis financiera, donde se daba la paradoja, por la dinámica de la legislación y de la negociación colectiva de entonces, de que empresas con grandes pérdidas estaban incrementando salarios al tiempo que necesitaban hacer unos ajustes que la ley no les permitía, por lo que se veían obligadas a reducir plantillas.
Lo cual no significa que no sea necesaria una reforma. Juan Pablo Riesgo recuerda que recientemente el mercado de trabajo ha sido objeto de multitud de disrupciones, como la internacionalización, la digitalización, el reto demográfico o la transición energética, y después el Covid... y en este contexto considera que tiene sentido actualizar el marco de relaciones laborales, aprovechando el estímulo de los fondos europeos para avanzar en flexiseguridad y en la reducción de la dualidad y de la elevada tasa de temporalidad, así como fomentar la empleabilidad de los trabajadores y abordar el reto demográfico, impulsando la tasa de actividad de los mayores. Todo ello, invirtiendo correctamente el mecanismo Next Generation y sin dar pasos atrás. "Contrarreformando vamos por el mal camino, hay que mirar al futuro", añade Sagardoy, que explica que eso es lo que demandan las empresas: que la nueva regulación que se ponga en marcha dé respuesta a los retos y necesidades que se van a plantear en los próximos años.
Estas demandas chocan frontalmente con la propuesta gubernamental que plantea la derogación del núcleo duro de la reforma de 2012 para recuperar la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa. Y ante este cambio de paradigma en las relaciones laborales, son contundentes: el Gobierno se equivoca. Sagardoy rechaza de plano un planteamiento que parte de la premisa de que las prácticas "negativas" e "ilegales" que han provocado fuertes devaluaciones salariales en algunos convenios pueden elevarse a una categoría general y deriva en que debe desmantelarse el convenio de empresa. A su juicio, el juego de la articulación de las prevalencias de los convenios debe dejarse a la negociación colectiva, porque "cada sector es un mundo" y son la patronal y la representación de los trabajadores quienes deben articular qué convenio debe prevalecer y en qué materias concretas. "La ley debería entrar menos", zanja.
Coincide con esta visión el exsecretario de Estado de Empleo, que participó directamente en la elaboración de la reforma laboral de 2012 bajo la batuta de Fátima Báñez: "La evidencia empírica demuestra que la negociación colectiva a nivel empresarial ha aportado dinamismo y competitividad a la economía, creación de empleo y crecimiento económico". En su opinión, "lo que procede es demostrar que por qué es necesario abordar la derogación de la prioridad aplicativa del convenio de empresa", porque "que haya gente que se salte el semáforo en rojo no quiere decir que haya que quitar los semáforos, sino que hay que hacer que se cumpla el código de circulación", ejemplifica. Al respecto, cabe recordar que el Gobierno estaba obligado a remitir a la Comisión Europea un informe sobre las deficiencias en la legislación actual sobre negociación colectiva en el marco del Plan de Recuperación... De hecho, ya lo ha enviado, pero no lo ha hecho público.
Sobre la otra pata del borrador de la reforma que ha planteado el Ejecutivo a los agentes sociales, que ofrece diferentes fórmulas para reducir la desorbitada tasa de temporalidad del mercado de trabajo, ambos expertos comparten el diagnóstico: España tiene un exceso de contratos temporales que no solo se explica por razones estructurales y sectoriales (el peso del turismo) sino por motivos incluso culturales por los que la temporalidad se ha utilizado históricamente como mecanismo de flexibilidad más que como herramienta de gestión de los recursos humanos. Por tanto, dan la bienvenida a las medidas para acabar con esta lacra, si bien advierten de que la corrección no debe realizarse por la vía punitiva, de las sanciones y de las limitaciones al uso de contratos temporales y del incremento de los costes laborales mediante alzas en las cotizaciones sociales.
El responsable del think tank de la consultora Ernst & Young avisa de que, si el Gobierno opta por esa vía, España corre un "riesgo serio" de perder competitividad en el entorno internacional, restando capacidad de creación de empleo y, en consecuencia, mermando el crecimiento económico. "No podemos hacernos trampas al solitario ni ponerle puertas al campo", porque "un propósito loable como es la mejora de la protección de los trabajadores y de la situación económica y social puede acabar suponiendo un paso atrás", plantea Riesgo. ¿Cuál es, entonces, la solución? Para Sagardoy, cualquier medida que se proponga para reducir el exceso de temporalidad mediante incentivos a la contratación indefinida, y también vigilando los contratos fraudulentos, iría en la buena dirección. "Es la vía más constructiva y positiva", concluye el catedrático de Derecho del Trabajo.
La corrección de la temporalidad no debe realizarse por la vía punitiva, sino con incentivos a la contratación indefinida
Tampoco echan las campanas al vuelo con la propuesta para configurar un nuevo mecanismo de flexibilidad interna que acompañe a los ERTE tradicionales en el marco legislativo. El Gobierno ha planteado que esta herramienta, concebida para permitir ajustes temporales de plantilla a las empresas que atraviesen situaciones de crisis por diversas causas, sea activada por el Consejo de Ministros. Un exceso de intervención administrativa que chirría tanto a la patronal como a los sindicatos y que ni Sagardoy ni Riesgo ven con buenos ojos. Desde su perspectiva, el mecanismo debe dirigirse a la formación y recualificación de los trabajadores y dotarse de la suficiente financiación, sin imponer más cargas administrativas ni económicas a los ajustes empresariales que resulten necesarios.
Ambos coinciden en señalar que España se encuentra ante una oportunidad de oro para poner sobre la mesa instrumentos adicionales a los ya existentes (los ERTE) que permitan a las empresas realizar ajustes no traumáticos, por la vía de la transición y la formación de los trabajadores, aprovechando la financiación de los fondos europeos. Pero sobre todo hay que evitar que se pongan trabas y obstáculos al desarrollo de la actividad empresarial, cayendo en el bucle de la hiperregulación. "Las empresas piden una mirada hacia el futuro y que la nueva ley responda a sus necesidades", explica Sagardoy. "La reforma debe mirar al futuro y abordar los retos del mercado de trabajo con responsabilidad y no suponer el primer paso atrás en flexiseguridad en 20 años financiado y tutelado con fondos europeos", concluye Juan Pablo Riesgo, cerrando así el foro Diálogos Faes.
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