Jueves, 05.12.2019 - 14:50 h
El 81% de beneficiarios son españoles

¿Los inmigrantes se llevan el empleo y las ayudas? Los datos tumban el mito de Vox

La tasa de paro entre los extranjeros es del 19%. FMI y Banco de España advierten de que su mano de obra será necesaria para pagar las pensiones.

EMPLEO EXTRANJEROS

El 77% de la población ocupada extranjera reside en España desde hace más de siete años, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata, por tanto, de personas que cuentan con suficiente arraigo para disfrutar de iguales oportunidades que cualquier español a la hora de acceder a una ayuda púbica o a un puesto de trabajo. Sin embargo, Vox ha utilizado a los inmigrantes como arma arrojadiza durante la campaña electoral para asegurar que la legislación actual discrimina a los españoles frente a los extranjeros en lo que se refiere al acceso al mercado laboral o a determinados servicios sociales como la ayuda al alquiler. Los datos, sin embargo, tumban los mitos extendidos por la formación que preside Santiago Abascal. 

Durante un mitin de campaña, documento en mano, el líder de Vox leyó a los asistentes una serie de apellidos de origen extranjero: "Aaboud, Aalili, Aamir (...)". Abascal pedía perdón por la pronunciación mientras sus seguidores abucheaban. Reproducía el comienzo de este listado de admitidos provisionales como beneficiarios de ayudas al alquiler de la Comunidad de Madrid para denunciar que los políticos han creado una legislación que discrimina a los españoles. Es falso, porque el acceso a las ayudas exige el cumplimiento de una serie de requisitos en función del  nivel de renta, al margen de la nacionalidad y cualquier otro criterio. Además, los beneficiarios, en su gran mayoría, son españoles (el 81,5% del total), tal y como ha contrastado Newtral. 

"¿Inmigrantes para pagar las pensiones o para recibir las ayudas sociales que no alcanzan a millones de españoles en dificultades?", se preguntan en Vox. Nunca han ocultado que su prioridad son los ciudadanos nacionales y han llegado a acusar a los inmigrantes de venir a quitarles el trabajo. Pero los datos son tozudos: la tasa de paro de la población extranjera está seis puntos por encima de la española, en el 19,3%, frente al 13,1%. Entre los latinoamericanos escala hasta el 19% y en los procedentes del resto del mundo, al 22%. Las mujeres son especialmente castigadas, con tasas de paro entre dos y tres puntos más altas en todos los casos.

Son datos recogidos en un informe que ha elaborado la Confederación Sindical de CCOO a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2019, la última disponible. Entre las conclusiones, destaca que mientras el número de parados se ha reducido entre la población española en el último año en 111.600 personas, se ha incrementado entre la población extranjera no procedente de la Unión Europea y la población con doble nacionalidad en 21.600 personas. 

En términos trimestrales, sin embargo, es cierto que más de la mitad del nuevo empleo creado en el tercer trimestre fue ocupado por trabajadores extranjeros (36.700 puestos de trabajo, frente a 32.800 empleos para españoles), que de hecho fueron responsables de todo el descenso del paro, al reducirse el número de extranjeros en desempleo en 25.600 personas, mientras se quedaron sin trabajo 9.300 españoles. 

Empleo de poca calidad

Pero hay que recordar que el tercer trimestre del año es un periodo en el que abunda el empleo estacional para cubrir las vacantes de la temporada estival, generalmente en sectores de escaso valor añadido. De hecho, CCOO denuncia que las personas extranjeras tienen menos oportunidades de acceso a un empleo de calidad y encuentran trabajo más precario en sectores con peores condiciones, mayor temporalidad y parcialidad. En concreto, mientras los extranjeros representan el 12% del total de ocupados en el mercado laboral, alcanzan el 21% en la agricultura, el 16% en la construcción y tan solo el 9% en la industria. 

El sindicato también denuncia la menor presencia de trabajadores de nacionalidad extranjera en los niveles más elevados de la escala profesional (directores, gerentes y técnicos), donde apenas ocupan el 18% de los puestos de trabajo. Mientras, en el nivel más bajo de ocupaciones elementales acaparan el 27% de los empleos. Además, la temporalidad entre los extranjeros roza el 40%, frente al 25% que ronda entre los asalariados nacionales.

Estos datos "constatan de forma nítida y rotunda que los discursos que la derecha está lanzando contra la población inmigrante solo alientan la xenofobia y el odio, poniendo en peligro la convivencia en nuestro país con personas que llevan largos periodos de residencia en España", señala la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana.  Y es que no solo el líder de Vox, también el del PP, Pablo Casado, ha lanzado mensajes al respecto de limitar la entrada de inmigrantes en España porque "no es posible que haya papeles para todos, ni es sostenible un estado de bienestar que pueda absorber a los millones de africanos que quieren venir a Europa".

Estas declaraciones de Casado se produjeron poco después de alzarse a la presidencia del PP y recibieron respuesta por parte del por aquel entonces recién estrenado Gobierno de Pedro Sánchez. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, le recordó al líder 'popular' que el "sistema de protección social necesita que haya millones de cotizantes", por lo que "los extranjeros son más una oportunidad que una amenaza". No en vano, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que la Seguridad Social necesitará más de cinco millones de trabajadores inmigrantes de aquí a 2050 para que las pensiones sean sostenibles.

El FMI no es el único organismo que ha defendido la incorporación de mano de obra extranjera al mercado laboral español. Por su parte, el Banco de España también ha indicado que los inmigrantes serán necesarios para pagar las pensiones ante el incremento del gasto que va a suponer la jubilación de la generación del 'baby boom' y en un informe reciente ha llamado a los políticos a "revisar periódicamente las restricciones asociadas a la política migratoria para tratar de acompasarlas a las necesidades del mercado de trabajo".

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