Se intensifican las visitas de la Inspección

Díaz abre la veda contra el uso irregular de los ERTE con multas a las empresas

La ministra de Trabajo admite tener conocimiento de varias actuaciones por parte de algunas empresas y adelanta que hará balance público de los datos que está recopilando su departamento.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Congreso
La Inspección caza 6 grandes fraudes en ERTE y se lanza con multas de 188.000€
EP

Antonio es propietario de un pequeño restaurante en el centro de Madrid, muy cerca de la Plaza Mayor. Retomó la actividad en cuanto se lo permitieron las restricciones sanitarias, pero decidió hacerlo devolviendo a sus puestos de trabajo a una cocinera y un camarero, sin sacarles del ERTE. Justifica que durante los últimos meses sus ingresos han sido cero y ha tenido que seguir haciendo frente a importantes gastos sin haberse podido beneficiar de las líneas de avales públicos. No es un caso aislado. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social está investigando miles de actuaciones como esta y tienen identificados media decena de grandes fraudes en los expedientes de regulación temporal de empleo que conllevan importantes sanciones.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, admitió el jueves en rueda de prensa para presentar el acuerdo alcanzado con los agentes sociales para prorrogar los ERTE hasta septiembre que le consta que se están dando estos fraudes. Aunque aseguró que la mayor parte de las empresas son "honestas y responsables", reconoció tener constancia de que hay empresarios que han reabierto su negocio y tienen a sus trabajadores en ERTE, pero trabajando. "Por la laxitud del momento no podíamos tener los controles necesarios para este tipo de expedientes, pero ahora mismo sí que ya estamos explorando cualquier irregularidad y cualquier fraude", adelantó, para añadir que próximamente su departamento hará balance público de los datos que están recopilando y que, añadió, "son de mucho interés".

El ejemplo que puso la ministra, que no es otro que el de Antonio, es solo uno de los grandes fraudes que están persiguiendo los inspectores en estos momentos. Fuentes de la Inspección explican que el trabajo, tanto presencial como telemático, de personas afectadas por una suspensión de empleo, o en su caso el trabajo de empleados afectados por reducciones de jornada fuera de su horario sin que la empresa haya comunicado esta variación al SEPE o a la Autoridad Laboral, supone una infracción muy grave que implica sanciones para la empresa de entre 6.251 y 187.515 euros, según fija la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que además otorga una infracción por cada trabajador que la empresa tenga en esta situación.

En el caso anterior, el trabajador, de participar voluntariamente en este fraude, estaría obligado a la devolución de los importes percibidos y se arriesgaría a la pérdida durante un año de cualquier prestación económica y ayuda al fomento del empleo, según establece la mencionada Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Hay que matizar, no obstante, que si no se demuestra el dolo o culpa del trabajador, porque este no tiene por qué ser consciente de las comunicaciones realizadas por la empresa a las autoridades laborales, cabría la responsabilidad subsidiaria de la empresa en cuanto a la devolución de la prestación y en este caso no habría pérdidas de acceso a prestaciones y ayudas al fomento del empleo futuras.

Otro de los grandes fraudes que están investigando los inspectores es la tramitación de los ERTE mediante declaraciones de datos falsos o inexactos presentados a la Autoridad Laboral para generar prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso. En este supuesto las empresas se están exponiendo de nuevo a multas de hasta 187.515 euros por una infracción considerada muy grave. Además, están obligadas a responder directamente de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por los trabajadores, siempre que no concurra dolo o culpa de estos. Eso sí, de existir connivencia con el empresario para el cobro indebido de prestaciones públicas, el empleado está obligado a devolver la prestación y se arriesga a perder prestaciones y ayudas durante un año.

Relacionado con las declaraciones de datos falsos o inexactos ante la Autoridad Laboral surge otro tipo de fraude, no menos escandaloso, que realizan los empresarios para favorecer el cobro de prestaciones indebidas a través de altas ficticias a la Seguridad Social. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social también considera esta infracción como muy grave: "El falseamiento de documentos para que los trabajadores obtengan o disfruten fraudulentamente prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores o con los demás beneficiarios para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones". La multa máxima también roza los 188.000 euros.

Desde la Inspección explican que otro tipo de fraude que están detectando en los ERTE es la finalización de contratos temporales durante el tiempo que dure el expediente o la no inclusión en los ERTE de los trabajadores fijos discontinuos. Ambas infracciones se consideran muy graves y pueden suponer sanciones por la cuantía más elevada que determina la ley. En este sentido, hay que recordar que el Gobierno, en el 'Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos derivados del Covid-19, prohibió la extinción de contratos por causas objetivas durante esta crisis y estableció que la suspensión de los contratos temporales por un ERTE supondría la interrupción del cómputo de su duración. 

Existe otro supuesto y es el del trabajador afectado por un ERTE que está prestando servicios en una empresa distinta a la suya. Los inspectores también se están encontrando con estos fraudes que conllevan infracciones muy graves para los empresarios. Según consta en la ley, por "dar ocupación a los trabajadores afectados por la suspensión de contratos o reducción de jornada, en el período de aplicación de las medidas de suspensión de contratos o en el horario de reducción de jornada comunicado a la autoridad laboral o a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, en su caso". El trabajador, que también incurre en infracción muy grave por compatibilizar prestación y empleo, deberá devolver los importes y se arriesga a quedarse sin acceso a ayudas durante un año.

Los inspectores también explican que la falta de aportación final y decisión empresarial en plazo para el ERTE supone la caducidad del procedimiento y, en consecuencia, el trabajador debe devolver la prestación pública y el empresario abonar su salario. También surgen dudas respecto a la contratación de trabajadores durante el ERTE, que el Gobierno ha prohibido explícitamente, al igual que la realización de horas extra, con algunas excepciones. Desde la Inspección aclaran que se trata de fraude por infracción grave si las funciones pueden realizarse con personal propio, pero no en el caso de no poder atenderse con los trabajadores en plantilla, por ejemplo, por no contar con la categoría profesional necesaria.

Estas son las principales actuaciones fraudulentas que se están encontrando los inspectores y subinspectores de Trabajo, un batallón clave en esta crisis.  El Gobierno reforzó su papel aumentando los mecanismos de control y elevando las sanciones a las empresas que cometan fraudes en la tramitación de los ERTE. También serán los responsables de vigilar que los empresarios no despiden a las personas afectadas por suspensiones de empleo durante los seis meses posteriores a la recuperación de la actividad. De momento, tras el cruce de datos masivo a través de la herramienta de lucha contra el fraude de la Seguridad Social, ya han iniciado las visitas a compañías de todo el territorio nacional y están procediendo a proponer las sanciones previstas en la ley en el caso de detectar irregularidades.

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