La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha detectado 3.635 infracciones en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por las que ha sancionado a las empresas con un total de 16,5 millones de euros, según los datos avanzados a La Información por el departamento que dirige Yolanda Díaz. Es el balance de la campaña específica puesta en marcha en abril de 2020, en pleno pico de la emergencia sanitaria, dirigida a prevenir y detectar actuaciones fraudulentas en relación con la percepción de las prestaciones por desempleo derivadas de los ERTE vinculados a la Covid-19, así como con las exoneraciones de cotizaciones sociales para los empresarios.
Según la información facilitada a este medio, la Inspección ha finalizado 24.606 de los 33.440 expedientes iniciados hasta ahora, lo que implica que en estos momentos todavía mantiene 8.834 investigaciones abiertas. Es decir, que el montante de las multas se elevará previsiblemente en los próximos meses. Como avance, cerca del 15% de las empresas investigadas han sido multadas (se han detectado 3.635 infracciones en esas 24.606 órdenes de servicio ya cerradas) con sanciones que suman 16.539.433 euros, que es el grueso derivado de las multas al que habría que sumar una cuantía menor en concepto de liquidación de cotizaciones sociales impagadas.
De este modo, casi 15 de cada 100 investigaciones ha resultado en infracción y sanción, con una multa media de unos 4.550 euros, una cuantía inicialmente reducida, habida cuenta de que las infracciones más graves pueden ser sancionadas con hasta 187.000 euros. En una primera valoración, además, no se trata de un porcentaje de sanción demasiado elevado, si bien un análisis más exhaustivo refleja que la proporción se aleja notablemente del balance general de la Inspección, teniendo en cuenta que en 2019 se realizaron 1.060.484 actuaciones, entre las que se detectaron 89.230 infracciones, un 8,4% del total, según consta en la última memoria anual.
La Inspección programó actuaciones de control del fraude vinculado a las medidas adoptadas para garantizar el empleo con ocasión de la situación creada por la pandemia y en particular a los ERTE, mediante una campaña específica, puesta en marcha en abril, dirigida a prevenir y detectar actuaciones fraudulentas en relación con la percepción de las prestaciones por desempleo. La propia ministra Díaz ya avisó desde el inicio de la puesta en marcha de esta herramienta de protección del empleo de que el Gobierno, a través de la Inspección, vigilaría el cumplimiento de las condiciones por parte de las empresas para evitar abusos de los recursos en un momento de crisis especialmente delicado para las finanzas públicas.
Estas actuaciones tienen una doble vertiente "detectar situaciones de afiliación a la Seguridad Social indebidas tras la declaración del estado de alarma para acogerse a un ERTE junto con la creación de empresas ficticias, así como la percepción fraudulenta de prestaciones por desempleo en ERTEs vinculados al Covid-19 en situaciones de actividad laboral, más frecuentes, según se observa, en la modalidad de teletrabajo". Así lo indica el departamento de Trabajo en una nota en la que analiza el impacto de la pandemia en las estadísticas oficiales del Ministerio.
También explica que, con el inicio del proceso de desescalada a nivel nacional, se programó una acción de intensificación de la presencia inspectora en los centros de trabajo, desarrollándose en la última quincena de junio 10.000 visitas inspectoras a centros de trabajo, junto con una campaña informativa de las obligaciones empresariales para la correcta recuperación de empleo en las empresas que han recurrido a ERTE a través del boletín RED de la Tesorería General de la Seguridad Social, llegando al 100% de las empresas. Paralelamente, se procedió al envío de 75.000 notificaciones a empresas en ERTE con carácter informativo.
Los datos de balance de la campaña, hasta ahora desconocidos, salen a la luz cuando el Gobierno está a punto de abrir una nueva negociación con los agentes sociales para abordar una eventual prórroga de los ERTE, ya que el esquema actual caduca el próximo 31 de enero. Está previsto que este viernes, día 8, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social se reúnan con la patronal y los sindicatos para empezar a hablar sobre las condiciones en las que podrían permanecer los ERTE durante los próximos meses. La intención de Díaz es cerrar el asunto antes del día 15 y no llevar las negociaciones al tiempo de descuento, como en anteriores ocasiones.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios