Los inspectores de Hacienda se han cansado de observar con impotencia como 'youtubers', deportistas de élite, empresarios o grandes fortunas eluden el control del Fisco español sobre sus impuestos mediante la sencilla estrategia de establecer su residencia en otro país con cargas fiscales más reducidas que España y acreditar su permanencia en el mismo durante un periodo superior a la mitad del año más un día, el criterio que los tribunales españoles han asumido como suficiente para demostrar la condición de contribuyente en otro país. La Inspección ha intentado durante años desafiar la consolidación de este criterio mediante la realización de actuaciones que utilizaban otro tipo de argumentos para sostener la condición de los investigados como contribuyentes españoles a partir de indicios o evidencias que demostraban que el centro de sus intereses económicos estaba en España. Sin ningún éxito hasta la fecha.
Llegados a este punto y al calor del auge del teletrabajo y de los últimos traslados masivos de 'youtubers' e 'influencers' a territorios como Andorra, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado se ha decidido a reclamar al Ministerio de Hacienda que tome cartas en el asunto y que impulse una reforma legal para modificar la actual definición del concepto de 'residente fiscal' y abrir nuevos cauces para que la Inspección pueda actuar contra ese perfil de contribuyente que mantiene sus intereses en España, pero emigra a otros países con un marco fiscal más 'friendly'.
"En el IRPF se antoja necesaria la modificación de la regulación de la residencia fiscal en IRPF para impedir que contribuyentes con una fuerte conexión con el territorio español eludan el pago de este impuesto logrando la residencia fiscal en otros, normalmente calificados como paraísos fiscales o de baja tributación, con unos requisitos menos exigentes para otorgar la residencia fiscal", señala el documento de propuestas que la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha presentado en el marco de su XXXI Congreso que se celebra estos días en Vigo y que tiene previsto elevar en los próximos días al Ministerio de Hacienda.
Según aclaran fuentes de la asociación, la reforma legal que se plantea pasaría por reflejar de forma más precisa en la normativa española los criterios que la Administración Tributaria tendrá en cuenta a la hora de calificar a un determinado contribuyente como 'residente fiscal en España' para evitar interpretaciones que puedan alentar determinados abusos, como los que los inspectores consideran que se dan en la actualidad. El propio documento de propuestas de IHE subraya que "se deben definir con el máximo detalle posible conceptos que, por su ambigüedad, incitan al fraude y dificultan las comprobaciones, como los de residencia habitual, estancia temporal, o núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta".
La propuesta de los inspectores se inspira en modelos que ya se aplican en otros países europeos como Francia donde los criterios para dar la consideración de 'residente fiscal' están definidos con una precisión mucho más elevada y permiten reclamar el pago de impuestos en las mismas condiciones que a un contribuyente normal a contribuyentes que pasan largas temporadas fuera del país, pero de los que se puede acreditar que tienen su centro de intereses económicos o personales en Francia. La idea de fondo es derribar el principio asentado de que un contribuyente con sus intereses en España debe ser considerado residente fiscal en otro país por el mero hecho de pasar fuera de España más de la mitad de los días de un año.
Cerco regulatorio a los defraudadores
El documento de propuestas de Inspectores de Hacienda plantea una vuelta de tuerca muy decidida en la lucha contra el fraude. A juicio del presidente de la asociación, Ransés Pérez Boga, las medidas adoptadas hasta ahora por los sucesivos gobiernos, entre las que incluye la última ley de medidas de prevención del fraude fiscal, han ido en la buena dirección pero son insuficientes para domeñar el fenómeno del fraude fiscal, que a la luz de los últimos estudios internacionales y de los indicios que maneja el colectivo se habría incrementado durante el año de pandemia
Los inspectores van con todo. Plantean que se regule en la Ley General Tributaria un procedimiento de penalización agravada para los fraudes de especial entidad o fruto de tramas organizadas que garantice una suerte de 'muerte civil' de los culpables, de modo que se les impida la realización de diferentes trámites administrativos como la expedición de facturas, la concurrencia a contratos públicos, el cierre de su operativa financiera, la imposibilidad de realizar escrituras notariales o el acceso a subvenciones y ayudas públicas. Piden también la tipificación de una nueva modalidad de 'delito fiscal', con la denominación de 'tenencia injustificable de bienes y derechos', para todo aquel que no sea capaz de explicar los incrementos injusticables en su posición patrimonial.
Plantean, asimismo, endurecer el célebre lista de morosos con Hacienda, que la ley antifraude ya ha endurecido al rebajar el umbral de la cuantía impagada para ser incluido en la lista de un millón de euros a solo 600.000 euros, proporcionando información más detallada de los incluidos en la misma y rebajando aún más ese umbral hasta los 300.000 euros. Más allá de estas medidas, los inspectores también reclaman un mayor control e información por parte del Estado de la vertiente del gasto público. En este sentido, los inspectores instan al Gobierno a desvelar la identidad de los contribuyentes, empresas y sectores económicos que más se benefician de la tupida y gravosa red de beneficios fiscales del sistema fiscal español que cada año pasa una factura superior a los 40.000 millones de euros.
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