"Salimos a la calle porque el Gobierno no ha escuchado nuestras propuestas"

"Hemos escrito varias cartas a la Ministra y al Secretario de Estado solicitándoles una reunión urgente, les hemos trasladado propuestas para la reforma de las oposiciones (...) Ni nos han recibido ni nos han respondido". La queja la traslada Ana de la Herrán, vicepresidenta de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), en una conversación con La Información. El colectivo de inspectores va a elevar a los tribunales el acuerdo firmado por el Gobierno y los sindicatos (CSIF, CCOO y UGT) el pasado 3 de noviembre para facilitar el acceso de los funcionarios de base a los cuerpos superiores, flexibilizando las pruebas de promoción interna y reformando el sistema de oposición.

De la Herrán, como ha venido denunciando la IHE, asegura que el sistema que se pretende aplicar conlleva dos riesgos: la baja cualificación y la introducción de criterios subjetivos que hacen que, por ejemplo, la antigüedad pese un 60% a la hora de promocionar -lo que desde su punto de vista chirría con la idea de querer "rejuvenecer la Administración"- o que tengan mucho peso los cursos que se hayan ido haciendo a lo largo de la carrera laboral. El acuerdo alcanzado entre Función Pública y los sindicatos rebaja notablemente los requisitos actuales para facilitar la promoción interna: elimina los exámenes orales, los prácticos y las pruebas de idiomas, reduce el temario -que pasa a ser apenas un 20% del que era- y establece un único examen tipo test.

El objetivo del Departamento que encabeza María Jesús Montero es que queden menos plazas de promoción interna sin cubrir para ir solventando el problema de envejecimiento que afecta actualmente a la Administración. Un informe reciente del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del Ministerio de Hacienda, constataba cómo un 46% de los empleados públicos tienen más de 55 años, mientras que tan solo un 5,4% son menores de 34. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector público acumula más de 3,5 millones de empleados frente a los 17 millones que conforman el sector privado.

Sin embargo, los Inspectores consideran que ese objetivo "loable" no debería perseguirse a cualquier precio ni acabar en una "muerte" de la Administración actual. "Si no se cubren las plazas de promoción interna habrá que ver el motivo", apunta De la Herrán, quien apuesta por fijar una previsión a largo plazo de cuándo y cuántas plazas se van a convocar, por aumentar las becas para los opositores de turno libre (quienes no no son aún funcionarios pero cumplen todos los requisitos para presentarse a los exámenes de acceso a una plaza determinada), como ya se hace con los notarios, y por ampliar las ayudas a las personas que quieran opositar pero se encuentran en una situación desfavorable. También considera que sería útil reducir los plazos de las convocatorias. 

Consideran, además, que la reforma supondrá la desaparición de los opositores de turno libre a cualquier puesto del grupo A1 (son los que realizan funciones directivas de gestión, inspección, ejecución, control, estudio y propuesta de nivel superior, como los propios inspectores, los abogados del Estado, jueces...) que dedican varios años de su vida a formarse y estudiar para, vía oposición, poder acceder a ese nivel. Con la reforma, lo fácil sería acceder al grupo inferior (A2), cuyas pruebas son menos complejas, y ascender por promoción interna a los dos años con el examen tipo test que ahora plantea Función Pública. "Habría que hacer un estudio exhaustivo de las cifras, las causas y las posibles alternativas" para solucionar este problema de falta de efectivos, apunta a 'La Información' la vicepresidenta de la IHE.

De momento, la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda ha firmado el acuerdo con sus abogados y se dan de plazo hasta principios de año para presentar el recurso ante los tribunales. Han logrado recoger un total de 1.500 firmas (de un total de 2.000 inspectores de Hacienda del Estado que ejercen su actividad actualmente) que rechazan el pacto entre Ejecutivo y sindicatos. El objetivo es presentárselas a la ministra el próximo 14 de diciembre, tras una concentración ante la sede el Ministerio, la primera concentración que ha convocado hasta la fecha este colectivo.