En pleno revuelo por su "firme oposición" por el acuerdo alcanzado que rebaja de forma "sustancial las pruebas de acceso por promoción interna", la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) ha aplaudido que el anteproyecto de ley de la Función Pública, que recibió la luz verde este martes en el Consejo de Ministros, extienda la evaluación por desempeño de los funcionarios al modelo general de empleo público, y ha recordado que esta medida se aplica "desde hace años" y "con éxito" en la Agencia Tributaria.
La IHE ha considerado que el resto del texto presenta cambios "muy genéricos", por lo que ha preferido esperar a su posterior desarrollo para valorarlo. No obstante, los inspectores han señalado que la plasmación práctica de las medidas queda en manos del Gobierno, lo que, a su juicio, "no es lo más deseable".
"Esencial la planificación estratégica"
La IHE ha reclamado una planificación estratégica de la Función Pública "de carácter plurianual", basada en los objetivos de la Administración y enfocada en evitar problemas de envejecimiento de las plantillas.
El texto del anteproyecto introduce la regulación de la carrera profesional horizontal. Para el Gobierno esto es una "novedad" en el empleo público, aunque los inspectores de Hacienda recuerdan que la Agencia Tributaria sigue este modelo desde 2007, si bien la crisis financiera congeló su desarrollo.
"Aplaudimos que ahora se implante para toda la Administración General del Estado, a la vez que esperamos que se desbloquee en la Agencia Tributaria", ha señalado la organización, al tiempo que ha calificado como "apropiados" los nuevos complementos salariales que recoge el anteproyecto de ley, y ha reclamado que su desarrollo normativo "garantice su objetividad, transparencia e igualdad de acceso".
En cuanto a la figura del directivo público profesional, contemplada también en el documento aprobado en primera lectura en el Consejo de Ministros, los inspectores de Hacienda han mostrado sus recelos, ya que han anticipado que permitiría utilizar los contratos de alta dirección para fichar a otras personas y "abrir la puerta a la extensión del componente político en la Administración".
"Esto es un gravísimo error, puesto que los intereses públicos deben estar defendidos por funcionarios públicos, obligados por el mandato constitucional de servir con objetividad los intereses generales y sometidos a un estatuto y a los principios de mérito y capacidad en el acceso a su puesto", ha denunciado la IHE.
Los inspectores de Hacienda también han presentado algunas objeciones a las pruebas de acceso a la Función Pública y han cuestionado los nuevos modelos de pruebas, entre los que se plantean exámenes tipo test o eliminación de exámenes en otros casos, así como introducción de entrevistas, o la valoración subjetiva del trabajo desarrollado y minusvalorar la memoria.
Para la IHE, esto vulneraría los principios de igualdad, mérito y capacidad. Los inspectores han advertido de que los criterios previstos en el anteproyecto pueden ser difíciles de compatibilizar con el principio de igualdad.
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