Los inspectores piden dejar sin ayudas públicas a las empresas que defrauden

"En ocasiones no basta con obligar a los defraudadores a pagar lo que han dejado de ingresar y a abonar la correspondiente sanción tributaria. En ocasiones ese esquema sancionador se queda corto o no es lo suficientemente disuasorio. Por eso creemos que es necesario plantearse ir más allá". Para la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), según explica su presidente, Ransés Pérez Boga, el régimen ordinario de sanciones tributarias no está siendo todo lo eficaz que debiera a la hora de disuadir a determinadas empresas del incumplimiento sistemático de sus obligaciones fiscales, por lo que a juicio del colectivo se impone la necesidad de explorar otro tipo de penalizaciones que vayan más allá de la sanción económica.

Y en ese sentido va el documento de propuestas que acaban de remitir al comité de expertos para la reforma fiscal constituido por el Ministerio de Hacienda - en el marco del proceso de consulta pública abierto por el grupo -,  en el que abogan por privar del acceso a subvenciones públicas, ayudas fiscales y contratos del Estado por un periodo de hasta cinco años a las empresas sancionadas por una infracción tributaria de naturaleza grave o muy grave que ya acumulen un cierto historial defraudatorio. Se trata, al cabo, de impedir que empresas reincidentes en la comisión de irregularidades fiscales puedan beneficiarse de las políticas de apoyo al tejido productivo impulsadas por el sector público y sufragadas por tanto a través del pago de impuestos.

El documento remitido por la IHE, fechado el pasado 15 de julio y que contiene 218 propuestas de mejora de la regulación fiscal y de la lucha contra el fraude, subraya la dimensión social del fraude fiscal y traslada la preocupación de este colectivo profesional que encarna la primera línea de lucha contra el impago de impuestos por la conciencia ciudadana respecto a este problema. "Cuando una empresa, o un particular, maquilla sus cuentas para que parezca que gana menos y tener así acceso a ayudas públicas, no sólo está beneficiándose de una ayuda que no le corresponde sino que está privando de ella a otra empresa o particular que realmente la necesita", explica Ransés Pérez Boga, que justifica en esta dimensión social la necesidad de avanzar en medidas que cierren el acceso de estos defraudadores a las ayudas y ventajas garantizadas por el sector público.

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Pérez Boga pone como ejemplo el reparto de decenas de miles de millones de euros en ayudas públicas que se han movilizado para paliar los efectos de la crisis desencadenada por la pandemia y que, en algunos casos, han podido terminar en empresas y contribuyentes particulares que no las necesitaban o no las necesitaban tanto por alteraciones artificiales de su contabilidad. Los inspectores entienden que en estos casos no puede bastar con forzar el reintegro de las ayudas percibidas de más y abonar la sanción que corresponda, "que en muchas ocasiones termina no pagándose porque se trata de contribuyentes aparentemente sin recursos económicos", y se debe actuar de otros modo prohibiendo el acceso de los defraudadores a las ayudas públicas, retirándoles el NIF o inhabilitándoles llegado el caso.

La propuesta de los inspectores ya tiene base legal. El artículo 186 de la Ley General Tributaria ya regula la posibilidad de aplicar este tipo de sanciones no pecuniarias ante infracciones de naturaleza grave y muy grave y cuando se hubiera aplicado "el criterio de graduación de comisión repetida de infracciones tributarias". La norma actualmente vigente - "que se utiliza de manera muy excepcional", explica Ransés Pérez Boga - prevé la posibilidad de vetar el accesso a incentivos fiscales de carácter rogado (no a la totalidad) durante uno o dos años a los defraudadores reincidentes sancionados con más de 30.000 euros y amplía ese periodo a entre tres y cinco años si la sanción es superior a 60.000, 150.000 o 300.000 euros respectivamente.

Lo que piden los inspectores es ampliar el perímetro de las políticas públicas cuyo acceso puede llegar a vetar la Agencia Tributaria e incluir todo tipo de subvenciones y ayudas públicas, el conjunto de las ventajas fiscales previstas en el ordenamiento - no sólo las de carácter rogado - o incluso retirar temporalmente el derecho al disfrute de determinados servicios públicos cuando el defraudador haya falseado información para cumplir los requisitos de asignación de determinadas ayudas públicas. 

La propuesta de los inspectores de Hacienda llega en puertas de que el Reino de España vaya a distribuir más de 70.000 millones de euros a fondo perdido como consecuencia de la ejecución en el país del Mecanismo Europeo de Transformación y Resiliencia para cuyo acceso hay que acreditar determinados requisitos de solvencia financiera.

Sacar de la circulación los billetes de 200 y 500 euros

Entre las 218 propuestas remitidas por los inspectores de Hacienda figuran también medidas orientadas a restringir al máximo el uso de efectivo, entre las que la más audaz es instar al Gobierno de España a que promueva a nivel europeo la retirada de los billetes de 200 y 500 euros, que los profesionales de la lucha contra el fraude fiscal relacionan de forma directa con operaciones en B y de blanqueo de capitales.

También plantean, como ya han hecho en otras ocasiones en el pasado, el reconocimiento de desgravaciones fiscales a las personas físicas que acrediten mediante factura sus gastos personales o domésticos, como un incentivo para 'regularizar' un tipo de operaciones que en numerosos casos se conciertan sin IVA ya que salen más económicas al pagador y permiten ocultar beneficios al proveedor del servicio. Proponen también hacer lo propio con los pagos al personal de servicio doméstico.

Otro grupo de medidas plantea reforzar la dotación de recursos humanos de la Agencia Tributaria y sus competencias, de modo que los profesionales de la Inspección que investigan delitos económicos puedan actuar como una auténtica Policía Fiscal y tengan acceso a información que ahora mismo está oculta a ojos del Fisco por las cautelas impuestas por la Ley General Tributaria o la Ley Orgánica de Protección de Datos. En este sentido también se muestran favorables a hacer pública la identidad de los contribuyentes condenados por delito fiscal como arma disuasoria.