El Gobierno dispone de cuatro meses para convencer a la Comisión Europea de que el hecho de disponer de mayor margen para reducir el déficit no va a restar firmeza a su pulso reformista, para garantizar a las autoridades europeas que eso de la segunda generación de reformas no es sólo un buen eslogan sino también un principio de actuación.
Bruselas ha marcado en rojo el próximo 1 de octubre. Ése día evaluará si España, y el resto de países a los que ha concedido una prórroga para alcanzar sus objetivos de consolidación fiscal (Francia, Holanda, Polonia y Eslovenia), han adoptado medidas efectivas y suficientes "para garantizar una adecuada progresión hacia la corrección del déficit excesivo".
En el caso de España, esas medidas deberán permitir no sólo cerrar este año con un déficit nominal del 6,5% del PIB, desde el 7% en que se cerró el ejercicio de 2012, sino también reducir en algo más de 12.000 millones de euros su desequilibrio presupuestario estructural, ése que no tiene que ver con la crecida del gasto en prestaciones en desempleo o la caída temporal de los ingresos fiscales como consecuencia de la crisis.
Un objetivo que no parece demasiado ambicioso si tenemos en cuenta que las administraciones públicas españolas elaboraron sus presupuestos bajo la premisa de un déficit del 4,5% y que el plan presupuestario del Gobierno prevé un ajuste fiscal cercano a los 40.000 millones de euros este año.
Otro cosa es el medio plazo. El informe sobre España de la Comisión Europea recuerda al Gobierno que el país tiene aún pendiente un ajuste estructural superior a los 50.000 millones de euros, que deberá afrontar de aquí a 2016.Recomendaciones
Para alcanzarlo, Bruselas realizó el pasado miércoles una treintena de recomendaciones al Gobierno español, poniendo incluso fecha límite para muchas de ellas.
¿Qué le ocurriría a España si no cumple con esas recomendaciones en tiempo y forma? Pues, en primer lugar, que la Comisión Europea formularía una advertencia sobre su comportamiento al Consejo Europeo, del mismo modo que le va a ocurrir a Bélgica por el incumplimiento de las medidas recomendadas para reducir su déficit público.
Esta advertencia, recogida en el artículo 126 del Tratado Europeo, no es un simple trámite administrativo, implica la intensificación de los mecanismos de control y supervisión de la política económica del país por parte de las autoridades europeas(es decir, habría más visitas de los hombres de negro) y, además, es el paso previo a la eventual imposición de una sanción.
Hay que recordar que los países que tienen abierto un Procedimiento de Déficit Excesivo (todos aquellos que presentan un déficit público superior al 3%) están expuestos a la posible imposición de una multa que puede llegar al 0,1% del PIB, lo que, en el caso de España, supondría algo más de 1.000 millones de euros.
Aunque en el caso de España, esa multa no es la principal amenaza.
España ha recibido ya 41.365 millones de euros del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y la eventual utilización del margen restante (hasta 100.000 millones) depende no sólo del cumplimiento de las condiciones impuestas al sistemas financiero nacional dentro del Memorándum de Entendimiento del rescate bancario sino también... a la adopción de medidas que contribuyan estabilizar el entorno macroeconómico.
En las próximas semanas, la troika formada por la Comisión Europea, el BCE y la Autoridad Bancaria Europea deberá examinar el cumplimiento de las condiciones del Memorándum y de esa evaluación depende el futuro de la asistencia financiera prestada a España...
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