El Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a dar la batalla contra la proliferación de interinos en las administraciones públicas, fundamentalmente las de las autonomías, unos efectivos que en muchas ocasiones se encuentran en situación irregular tras décadas ocupando una plaza pública de forma eventual. El objetivo de la ahora responsable de Función Pública, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, es que muchos de estos trabajadores se conviertan en indefinidos gracias a un decreto que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y que recibirá enmiendas de los grupos políticos hasta el próximo día 22.
Mientras, las comunidades autónomas siguen utilizando a estos trabajadores de forma generalizada para cubrir los puestos vacantes por el envejecimiento de la plantilla de funcionarios y la jubilación de muchos de ellos, y para dar respuesta a nuevas demandas de servicios, muchas generadas por la pandemia del coronavirus en Sanidad y Educación. La intención del Ejecutivo es situar la tasa de temporalidad en la Administración por debajo del 8% antes de 2024, para lo que se contempla un proceso de estabilización que afectará a más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por este personal. Sin embargo, el porcentaje de interinos, mayoritariamente mujeres, ya supera el 36% solo en las comunidades.
Los últimos datos del Registro Central de Personal muestran una tendencia de contratación en las administraciones autonómicas que choca frontalmente con los planes del Ejecutivo, que quedarán plasmados, si consigue los apoyos necesarios, en una ley que saldrá adelante este mismo año. A comienzo de 2021, las comunidades tenían en nómina 1,6 millones de empleados públicos, 102.000 más que hace un año y 87.000 más que hace seis meses. El incremento anual, de casi un 7%, es el mayor desde 2012 y eleva el número de efectivos en la regiones al récord histórico, aunque a costa de la temporalidad.
Uno de cada tres efectivos de las autonomías es eventual y su número se ha disparado por la pandemia. Suman un total de 568.213 empleados
El aumento de plantilla de las regiones, de 102.000 efectivos, procede en un 90% de la incorporación de interinos, que ya suponen 568.213, más de uno de cada tres de los 1,6 millones de trabajadores públicos autonómicos. Dos áreas, Sanidad y Educación, son responsables prácticamente del total de esta subida. En el primer caso suman casi 54.000 efectivos a los que se registraban hace un año, mientras, el número de docentes se incrementó en 47.560. Los aumentos en el área sanitaria se produjeron en todas las autonomías, excepto en País Vasco e Islas Baleares, con descensos inferiores a 400 empleados. En educación, Cataluña fue la única que recortó personal y se quedó con 3.168 profesores menos.
Las consejerías de Sanidad y Educación tiran mayoritariamente de este personal eventual para no aferrarse a recursos que en determinadas circunstancias pueden dejar de necesitar. Sin embargo, la pandemia ha forzado la contratación de refuerzos de enfermeros y médicos y de profesores para dar cobertura a una drástica de reducción del número de alumnos por aula y múltiples requisitos para garantizar la seguridad frente a la Covid. Andalucía y la Comunidad de Madrid son las administraciones que más incrementaron su plantilla sanitaria, 18.000 y 9.600 efectivos, respectivamente. Por su parte, el mayor número de nuevos profesores -interinos- se dio también en Andalucía, 11.000, y en la Comunidad Valenciana, 8.245.
Dos de cada diez trabajadores están empleados en las administraciones, según el INE. En menos de una década hay 828.400 efectivos más
Pese a que cierto nivel de temporalidad es asumible e incluso necesario, el problema aparece cuando se perpetúa y un trabajo que debería ser fijo lo ocupa de forma permanente una persona con condiciones laborales precarias. Estos efectivos viven una situación de incertidumbre constante, no tienen posibilidad de desarrollar su trabajo a medio y largo plazo y su productividad se ve limitada. Muchos de los interinos han llegado a las administraciones después de que estas acudan a las numerosas bolsas de empleo que tienen disponibles. Algunos incluso sacaron un cero en el examen de oposición, como se puede ver en las listas de interinos que publican las comunidades, y no acreditan puntos por méritos.
La otra estadística que muestra la evolución de funcionarios, la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) también muestra el importante incremento de empleados públicos durante la pandemia y su mayor protagonismo en el mercado laboral. El número de asalariados al servicio de las administraciones registrados en las tablas del INE logró en el primer trimestre del año su mayor nivel en toda la serie histórica, que comienza en 2002, y ya hay 828.400 efectivos más que en esa fecha, lo que supone un incremento del 32,25%. Pese a todo, la crisis del coronavirus ha tenido un impacto menor en el empleo privado -gracias a los ERTE- que la de 2008 y la proporción de empleados públicos, aunque elevada, no alcanza los porcentajes de la gran crisis económica, que llegaron al 21,7% en 2012, en el último tramo de la recesión, frente al 21,1% actual.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios