Administración pública

Los interinos exigen contratos fijos: "Vamos a ir al paro de larga duración"

Según aseguran plataformas de afectados, la situación de este colectivo continúa en las mismas condiciones de vulnerabilidad que en la casilla de salida a pesar de las medidas aprobadas por el Gobierno

Interinos Manifestación
Interinos Manifestación
Agencia EFE

El pasado mes de junio el Tribunal de la Unión Europea (TJUE) hizo pública una sentencia en la que declaraba ilegal ligar la interinidad a procesos selectivos sin plazo y criticando que la normativa española no incluye "ninguna medida destinada a prevenir y en su caso sancionar la utilización abusiva de contratos de duración determinada sucesivos". En este sentido, el Gobierno de España emitió un decreto ley aprobado por el entonces ministro de Función Pública, Miquel Iceta, en el que se comprometían así a buscar una "solución eficaz a un problema enquistado" en la administración pública.

Asimismo, el Tribunal Supremo determinó ese mismo mes que los interinos fuesen indefinidos no fijos tras tres años de actividad laboral. A pesar de ello, la contratación de interinos ha seguido vigente durante este nuevo inicio del curso laboral. Según los últimos datos del Registro Central de Personal, del total de los 102.000 nuevos contratados por la administración un 90% de ellos son interinos. Con todo, la situación de este colectivo continúa en las mismas condiciones de vulnerabilidad que en la casilla de salida.

A la espera de algo definitivo

Mely de la Cruz Morales, portavoz de la Coordinadora Estatal de Profesores Interinos (CEPI), asegura a La Información que la situación de su colectivo "no está en vías de solución mientras no se hagan bien las cosas".  Respecto a las últimas medidas del Gobierno, explica que "no es una solución para todos los trabajadores" y que están "a la espera de que salga algo definitivo". Según sus propias palabras y centrándose en el ámbito de la educación, cuando ella comenzó en la enseñanza a principios de los años 80 había casi 2.000 profesores interinos en toda España. Hoy hay 170.000. 

La miembro de CEPI indica que este problema ha ido en aumento porque "no se ha querido solucionar" y que "el Estado no está cumpliendo nada". Desde su punto de vida, la convocatoria de oposiciones para este sector según se detalla en "el Icetazo", no tiene en cuenta la duración ni experiencia previa de los trabajadores que, por ejemplo, llevan trabajando 20 o 30 años de forma consecutiva a través de contratos temporales. Además, quedarían en desventajas aquellas personas con más edad o con un contexto personal que les impida prepararse unas oposiciones de manera óptima respecto a una persona más joven.

De la Cruz Morales asevera que una solución efectiva, sin restar importancia al proceso de las oposiciones, sería efectuar una fijeza de manera inmediata, ya que esos puestos en sí ya están contemplados por las propias administraciones públicas. "Nuestros puestos de trabajos ya están presupuestados y se tienen en cuenta la hora de ejecutarse. Se tienen que crear puestos de trabajo necesarios y que la gente esté ahí de manera fija hasta que te jubilen", espeta Mely. En esta línea, la continua sucesión de contratos temporales crea una "inquietud" en sus vidas. 

"Nuestra estabilización es a coste 0"

Por su parte, la portavoz de la Plataforma de Trabajadores Temporales Públicos de Castilla y León, Ana Dueñas, sostiene que los procesos de estabilización que están actualmente sobre la mesa "no son acordes con las últimas sentencias" emitidas a nivel europeo y estatal. "Hay que sancionar este abuso, llevamos muchos años en la administración cubriendo puestos necesarios. Hay gente que lleva más de 30 años cubriendo puestos necesarios a través de contratos temporales y perdiendo nuestros derechos", asegura. "Lo que va a ocurrir es que miles de trabajadores con una media de 50 años nos vamos a ir al paro de larga duración". 

Asimismo, Dueñas hace mención a que las indemnizaciones "disuasorias" planteadas en el plan de ministro Miquel Iceta deberían de ejecutarse por una parte como despidos improcedentes, y por otra como daños y perjuicios y pérdida de remuneración económica al no poder equipararse a un funcionario de carrera. "Esta situación se acumula, y estamos en las plazas más alejadas y con mayor conflictividad y riesgo como es en el caso de los sanitarios", detalla. Al igual que su compañera Mely de la Cruz, Ana Dueñas determina que su estabilización efectiva "no tiene coste''. "Estamos en la nómina, nuestra estabilización es a coste 0". 

Tramitación de enmiendas

El Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, se encuentra en actual tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados a través de la presentación de enmiendas al texto por parte de diversos grupos políticos. La cámara baja rechazó la enmienda a la totalidad de la ley para reducir la temporalidad del empleo público presentada por la CUP, con lo que continuará su tramitación. La diputada de la CUP Mireia Vehí defendió que todas las personas que lleven más de tres años en situación de interinidad y que estén en puestos estructurales pasarán a ser fijas de manera inmediata; algo que defienden las propias asociaciones. 

El Gobierno logró convalidar en julio el decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público, previamente pactado con los principales sindicatos, gracias a un acuerdo de última hora entre el Ministerio de Hacienda y ERC, que dará una mayor prioridad en el acceso a las plazas fijas a los interinos que ya ocupan esos puestos estructurales. Los cambios se introducirán vía enmiendas parciales, ya que el Congreso acordó tramitar el decreto como proyecto de ley.

A día de hoy, el Gobierno ha puesto sobre la mesa que los interinos de las administraciones públicas que lleven más de diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada podrán adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar una oposición, sino únicamente por una valoración de méritos. La norma también dará potestad a las comunidades autónomas para decidir si el examen para las plazas de estabilización que convoquen es o no eliminatorio. El decreto ley ya preveía que la valoración de la experiencia en el puesto pesara un 40 % en el proceso de selección, pero ahora se añadirá la posibilidad de que la prueba no sea eliminatoria si así lo deciden las comunidades autónomas en sus convocatorias.

Continúan con las movilizaciones

Por su parte, las diferentes plataformas continúan sus movilizaciones activas a través de diversas huelgas y manifestaciones. La última movilización tuvo lugar en Madrid el pasado domingo 25 de octubre para exigir al Ejecutivo el fin de su temporalidad y la estabilidad en sus trabajos. Los manifestantes reclamaron una solución justa para las personas que han salvaguardado los servicios públicos en muchas ocasiones y no se les puede pagar ahora con el despido. Los interinos piden que el proyecto de Ley que establecerá los criterios para reducir la temporalidad en las administraciones, en fase de tramitación, transponga la Directiva europea y estabilice a los más de 800.000 empleados públicos en fraude de ley que llevan más de tres años como temporales.

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