Los interinos se la juegan en la calle y en los juzgados para ser 'casi' funcionarios

La batalla de los interinos en fraude de ley para convertirse en indefinidos y lograr derechos similares a los funcionarios de carrera tras años e incluso décadas cubriendo puestos temporales de forma permanente ha llegado a la calles y a los juzgados, que han emitido sentencias dispares y que en muchos casos no acaban de contentar al colectivo. Mientras, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, trabaja para dar una respuesta a una situación irregular que afecta a un elevado porcentaje de los 563.500 empleados públicos inscritos en el epígrafe Otro Personal, la mayoría en las comunidades y en áreas clave como la sanidad y la educación.

Hace poco más de un año, sin que todavía Iceta hubiese desembarcado en el ministerio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJU) emitía una relevante sentencia que marcaba el paso a seguir a los jueces y daba cierta esperanza a los interinos españoles, aunque no total. El TSJU advertía que no convocar plazas de funcionario no significaba convertir a los interinos en falsos fijos con años de trabajo continuado en un mismo puesto. 

Pese a todo, en la resolución no se obligaba a las administraciones a hacer fijos a estos empleados, que es la principal reivindicación de estos trabajadores que encadenan decenas de nombramientos estatuarios eventuales, y se pedía una sanción específica y contundente en el ordenamiento español para estas prácticas, alegando que un problema de esa magnitud no se arregla con nuevas convocatorias, impulsando figuras como el indefinido no fijo o indemnizaciones como las del despido improcedente.

Tras el veredicto del Tribunal, pese a que supuso una victoria a medias, los interinos se han volcado en reclamar su fijeza en los juzgados españoles -con algo más de suerte- y es de esperar un aluvión de multas a las administraciones, que han convertido la interinidad superior a tres años en una pieza básica de su estructura de personal, y de indemnizaciones a estos trabajadores. Muchos de los nombramientos de interinos, justificados por la falta de funcionarios, se caracterizan por la ausencia de transparencia, con nombramientos a dedo y colocación de afines.

Tampoco el Tribunal Supremo dio el año pasado una respuesta muy satisfactoria para estos trabajadores, en este caso representados por Asociación Nacional de Interinos y Laborales, que alegaba discriminación al imponerles superar una oposición para obtener una plaza de funcionario, pese a llevar décadas prestando servicios en la administración. La sentencia del Supremo instaba a sancionar estos contratos abusivos, pero consideraba obligatorio aprobar las pruebas para obtener un puesto fijo, independientemente de los años trabajados en el sector público.

Sentencia esperanzadoras

Recientemente, varios jueces de lo Contencioso de Sevilla han dado la razón a los interinos que la Junta de Andalucía contrató por correo electrónico, un método que la Administración autonómica justificó en la urgencia y en las dificultades generadas por el coronovirus. El primer aspirante en mandar un email se convertía de inmediato en interino, un sistema que generó muchas dudas y que permitía la discrecionalidad del contratador. 

Los procesos de selección fueron anulados, pero no se imponía a las administraciones la obligación general de convertir en contratos por tiempo indefinido los de trabajo de duración determinada. Al tiempo, recogía la tesis del Supremo de dotar al ordenamiento jurídico español de una sanción concreta para estas contrataciones en fraude de ley.

También recientemente el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante dio la razón a una trabajadora que ocupó durante 12 años un puesto de funcionaria interina en el Ayuntamiento de la ciudad. El juez obligaba a convertir a la interina en empleada pública fija y se instaba a que mantuviese en el puesto de trabajo que había estado desempeñando, con el régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera, pero sin adquirir la condición de funcionario de carrera. El mismo juzgado avaló la fijeza de 16 interinos de la Universidad de Alicante.

Protestas, paros e Iceta

Mientras el ministro Iceta busca una fórmula legal efectiva para reducir la temporalidad en las administraciones -del 28% al 8%- y que permita dar una respuesta razonable al asunto de los interinos, diversos colectivos que los representan se han lanzado a la calle para reivindicar sus derechos. En comunidades como Canarias llevan cuatro meses movilizándose, con un calendario de protestas hasta fin de año. En esta autonomía, con un 40% de temporalidad, se plantea la creación de la figura del empleado público 'fijo a extinguir', que debería ser recogida por el Estatuto Básico del Empleado Público.

La comparecencia de Miquel Iceta en el Senado prevista para el próximo jueves y en la que los interinos serán protagonistas, así como la temporalidad y otras cuestiones de calado que afectan a la Función Pública atraerá a Madrid a cientos de interinos y numerosas asociaciones de toda España. Los manifestantes pretenden que se escuchen sus reivindicaciones, fundamentalmente en convertirles en fijos tras años de temporales, en la puerta de la Cámara Alta y en la del ministerio.