Casi 6.000 inversores impugnan en Europa la resolución del Banco Popular

  • Los afectados reclaman ante el Tribunal de Luxemburgo un resarcimiento por las inversiones perdidas de hasta 1,85 euros por acción.

    Los bufetes Cremades & Calvo- Sotelo y Rúa Abogados ultiman otra denuncia contra el Frob en la Audiencia Nacional, en contra del proceso de resolución del banco.

Más de 2.000 afectados por la resolución de Popular presentarán un recurso ante el TJUE este lunes
Más de 2.000 afectados por la resolución de Popular presentarán un recurso ante el TJUE este lunes
EUROPA PRESS
L.I.

Los accionistas minoritarios -casi 6.000- han elevado su rechazo a la resolución del Banco Popular al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Una demanda, presentada por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) y a cuya plataforma se han adherido 3.700 perjudicados, cuestiona la legalidad de la solución dada al sexto banco al “vulnerar” el Tratado de la Unión, refieren fuentes jurídicas. Por su parte, el bufete Rúa Abogados, la interpuso en la misma instancia en representación de más de 2.000 afectados, según informó Efe y Europa Press.

Siguen los pasos de un grupo de inversores mexicanos del banco, entre los que figura Antonio del Valle y que controlaban un 4,13% de su capital, que el viernes pasado abrieron este camino con un recurso en la misma instancia judicial contra las medidas adoptadas por la Junta Europea de Resolución (Jur) en la madrugada del 6 al 7 de junio y que derivó en la adjudicación del Popular por un euro al Santander. Son los más puristas con el plazo de dos meses existente para impugnar la medida. Otros, grandes inversores, como la acaudalada familia Lucksic -dueña del 3,45% del banco- y fondos como Pimco plantarán batalla en septiembre, acogiéndose a la interpretación de que los dos meses cuentan desde que se notificó la operación el día 12 de julio, no desde su ejecución.

El recurso presentado en el tribunal de Luxemburgo el bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo en representación de Aemec, y los miles de afectados adheridos, busca un resarcimiento acorde al precio del banco antes de su intervención más que revertir la situación. Su tesis es que la solución adoptada fue más dañina para los accionistas que la alternativa del concurso de acreedores.

Este despacho eleva a 7.808 millones el valor del Popular, a razón de 1,85 euros por acción, con un cálculo efectuado sobre los balances cerrados a 31 de diciembre de 2016 que estima su capacidad para generar resultados futuros y no solo la mera evaluación patrimonial. Es, sostiene el bufete, el “valor que razonablemente podría considerarse que los accionistas hubieran podido percibir tras un ordenado proceso de liquidación derivado de un hipotético concurso de acreedores, dado que según todas las manifestaciones de las autoridades financieras españolas y europeas, el problema de Banco Popular no era de solvencia patrimonial, sino de liquidez, incluso en el momento de su resolución”.Querella en la Audiencia Nacional

La presentación del recurso no impide que otros afectados puedan sumarse a la demanda más adelante. No en vano Aemec y Cremades & Calvo-Sotelo proyectan reanudar en septiembre las asambleas informativas en grandes plazas como Madrid y otras provincias, después de reunido a miles de afectados en una veintena de foros similares en las últimas semanas, desvelan en el despacho de abogados.

En España ultima en paralelo iniciar una acción legal similar contra la ejecución de la resolución por parte del Frob en la Audiencia Nacional, donde Aemec interpuso una querella el pasado 8 de junio en contra del último consejo de administración del banco, dirigido por Emilio Saracho. Esta asociación ha sido muy beligerante frente a la CNMV antes de la resolución del banco para que prohibiese las posiciones cortas cuando su cotización se vio presa de los ataques de los inversores especulativos, sin éxito.

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