El Gobierno soluciona un fuego pero se le enciende otro. La resolución de la gobernabilidad en Cataluña con la elección de Quim Torra aplaca uno de los grandes conflictos políticos que tenía abierto el Ejecutivo, ya que se pondrá fin al polémico artículo 155. Pero, a la vez, surge un nuevo problema: el perfil radical del elegido por Carles Puigdemont precipita un nuevo choque de trenes a la hora de cerrar la reforma de la financiación autonómica, especialmente con algunas comunidades del Partido Popular. Arranca a partir de este fin de semana una negociación a varias bandas con la previsible incorporación del nuevo Govern catalán.
El calendario diseñado en Moncloa se va cumpliendo al milímetro. El equipo de Rajoy había calculado que los independentistas tendrían 'in extremis' un candidato limpio a la investidura, como así ha sucedido con Torra. Por eso el Gobierno anunció la convocatoria durante este mes de mayo de la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que abordará en serio la reforma de la financiación autonómica, ya con la previsible participación del nuevo consejero de Economía y Hacienda catalán. Es en el seno de este órgano donde se aprobará el nuevo modelo para los próximos años (el actual lleva caducado desde 2014).
Rajoy ya ha ido avanzando conversaciones personales con diferentes presidentes autonómicos para conseguir una unidad de acción. Se ha visto con Susana Díaz y Javier Lambán en Moncloa y también ha mantenido abierta una vía con Pedro Sánchez para conseguir la complicidad del PSOE en un asunto de gran importancia para todas las regiones. Pero en estos contactos el presidente del Gobierno ha transmitido que no se podía avanzar en un principio de acuerdo sin la participación de Cataluña en las negociaciones. Ya lo dijo Rajoy el pasado verano tras verse con el Rey Felipe en Marivent: o Cataluña participa o no habrá reforma, postura que ha mantenido hasta ahora.
El perfil de Torra no ha pasado desapercibido en Moncloa. Nada más conocerse el 'dedazo' de Puigdemont fuentes del Gobierno afirmaron que la "obligación" del candidato es "respetar la ley y estar en condición de cumplir con sus responsabilidades como presidente de la Generalitat". Las primeras declaraciones de Torra no son nada optimistas, al anunciar un nuevo proceso constituyente y la creación de un comisionado para investigar las consecuencias del 155. Por eso fuentes cercanas al Consejo de Política Fiscal y Financiera apuntan que se avecina un nuevo conflicto incluso aún más duro que cuando Oriol Junqueras ocupaba una silla en dicho órgano. No descartan, incluso, que el futuro consejero ni siquiera acuda a estas reuniones en el Ministerio de Hacienda, como ocurrió en una de las últimas antes del 1-O cuando Junqueras delegó su participación en el consejero de Justicia, Carles Mundó.
Gobierno y PSOE llevan meses cocinando un acuerdo
Mientras se ha solucionado la gobernabilidad en Cataluña, el Gobierno y el PSOE han estado cocinando a fuego lento un documento al que ahora pretenden incorporar al nuevo Govern. Hace ya casi un año que los expertos presentaron su informe base y en este tiempo todas las comunidades autónomas han ido formulando sus propuestas. Las gobernadas por el PSOE reclaman más dinero para gestionar los servicios sociales, pero también hay autonomías que conserva el PP que están librando una dura batalla.
Rajoy, en efecto, cuenta en sus propias filas con algún barón rebelde, que lleva tiempo solicitando una nueva financiación. Entre ellos se encuentran el presidente de Murcia, Fernando López Miras, que llegó a plantear cerrar el modelo sin Cataluña, o el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que cerrará su larga etapa en la política con este acuerdo. También Cristina Cifuentes exigió un pacto urgente, por lo que hay cierta expectación en conocer la postura que tomará el Gobierno de Ángel Garrido.
"Garantizar la educación y la sanidad es más costoso en algunas autonomías, ya que la población está más repartida por un territorio mucho mayor. Por eso el nuevo sistema de financiación tiene que tener en cuenta esta situación. Otros territorios, como Cataluña o Valencia, insisten en que ellos tienen más habitantes y, por tanto, deberían ser privilegiados, pero los servicios sociales son allí más fáciles de garantizar", explica un dirigente castellano-leonés. En una situación similar se encuentra Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, o Galicia, en manos populares.
Los socialistas, en boca de Pedro Sánchez, ya han trasladado al Gobierno cuáles son sus condiciones para aprobar una nueva financiación autonómica. Se remiten a la llamada 'declaración de Valencia' (otra autonomía que exige más financiación), donde plantean la necesidad de "asegurar la Sanidad, la Educación, la Dependencia y los Servicios Sociales que garantizan la igualdad" a todos los españoles. "El modelo debe garantizar el acceso universal a cada ciudadano/a a unos servicios públicos de calidad con independencia del territorio en el que viva", añadían los socialistas en su declaración del pasado mes de noviembre.
"Después de cuatro años de recuperación económica, consideramos inexcusable afrontar y resolver de modo definitivo la crónica insuficiencia financiera de las Comunidades Autónomas para hacer frente a los servicios que proveen a la ciudadanía (...) La suficiencia financiera ha de pasar, por tanto, a ser una de las características centrales del modelo de financiación futuro para todas y cada una de las Comunidades Autónomas, incluyendo la resolución de los problemas de déficit excesivo acumulado, ocasionados en algunas por su injusta infrafinanciación", concluían.
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