El Gobierno español ha ocultado en la información remitida a las autoridades europeas la factura millonaria que supondrá la devolución de las retenciones practicadas sobre el IRPF en las prestaciones de maternidad y paternidad desde el año 2014, sencillamente, por tres motivos: primero, porque todavía no han cuantificado el importe; segundo, porque este tipo de gastos son puntuales y no afectan al déficit estructural, por lo que no preocupan demasiado a Bruselas; y tercero, pero no menos importante, porque todas las solicitudes de devolución que se tramiten desde que se active el procedimiento hasta finales de este año pueden computarse al ejercicio 2018, esto es, cargarse al déficit del anterior Gobierno del Partido Popular.
Un mes después de la sentencia judicial que declaró ilegal la retención del IRPF en las prestaciones de maternidad y abrió la puerta a una avalancha de reclamaciones de más de un millón de contribuyentes perceptores de este dinero público durante los últimos cuatro años, el Ministerio de Hacienda todavía estudia cómo llevar a cabo las devoluciones, quiénes serán los potenciales beneficiarios y de qué manera se encajará esta factura en los Presupuestos Generales del Estado.
Todo apunta a que la Agencia Tributaria habilitará una herramienta en su página web para tramitar las reclamaciones de la manera más ágil posible, evitando papeleos a los contribuyentes. Además, y aunque el fallo del Tribunal Supremo solo hacía referencia a la "maternidad", cada vez parece más claro que afecta de igual manera a las prestaciones de paternidad. "Lo lógico es que los padres también puedan reclamar la devolución", reconocen fuentes de Hacienda. No en vano, a raíz de la sentencia, la Seguridad Social empezó ya a dejar estas prestaciones exentas de IRPF en la nómina de octubre, y así será en adelante.
La gran incógnita ahora es cómo pretende gestionar el Ejecutivo este gasto que, según admiten desde Hacienda, podría superar los 1.000 millones de euros, una cifra que, en términos presupuestarios, implica una décima adicional de déficit público. Fuentes cercanas a la ministra María Jesús Montero reconocen que "no se sabe en qué partida se meterá", ni tampoco "a qué ejercicio afectará". También deslizan que, en términos de contabilidad nacional, nos encontramos ante un one off, terminología que hace referencia a un desembolso extraordinario, que se ejecuta en un único ejercicio y cuyo carácter no recurrente preocupa poco a la Comisión Europea, una vez que nuestro país haya reducido el déficit por debajo del 3% del PIB, abandonando así el brazo correctivo para pasar al preventivo, en el que lo que se vigila es la evolución de ese saldo estructural.
Ahora bien, si, como parece, la Agencia Tributaria habilita el procedimiento online para efectuar las reclamaciones antes de finalizar este año, todas las solicitudes que entren en el sistema hasta el cierre del ejercicio podrán computarse al resultado de 2018. "Aunque las devoluciones se retrasen hasta 2019, todas las solicitudes registradas mediante este formulario específico se contabilizarán este año". Así lo explica a La Información el secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, quien, sin embargo, augura poco impacto en el déficit: "No va a ser una cifra muy alta como para preocupar al Gobierno", afirma.
De acuerdo con los cálculos de Gestha, el 83% de las madres trabajadoras no recibirán devolución alguna, debido a sus bajos salarios. De esta manera, de las 1.100.000 personas que a priori podrían beneficiarse de la exención, los técnicos advierten de que unas 900.000 no la obtendrán; por lo que solamente menos de 200.000 madres y padres percibirán 266 millones por las retenciones efectuadas por Hacienda desde 2014, a los que se añadirán los intereses de demora correspondientes.
En Hacienda, sin embargo, se muestran recelosos ante estas cifras. Sus estimaciones coinciden con las del sindicato UGT, que eleva el gasto por estas devoluciones hasta los 1.300 millones de euros y hablan de más de un millón de beneficiarios.
Una 'trampa contable' habitual
De cualquier manera, Montero puede hacer una "carambola presupuestaria e imputar el gasto a este año por criterio de devengo", clarifica el economista Javier Santacruz, que detalla cómo el Gobierno puede ampararse en criterios de contabilidad nacional —el sistema aplicado en la normativa europea para las cuentas públicas—, para anotar gastos en el ejercicio anterior. “Es tan sencillo como incluir en la ley de Presupuestos de 2019 un epígrafe one off que especifique que el ejercicio 2018 sufre una modificación del gasto real por concepto de devolución del IRPF de maternidad", explica este profesor e investigador de la Universidad de Essex.
No sería la primera vez que un Gobierno hace uso de esta "trampa contable" para paliar desviaciones excesivas en los números rojos de las cuentas públicas. Santacruz hace memoria y pone como ejemplo lo sucedido con la devolución del conocido como "céntimo sanitario", declarado ilegal por la justicia europea en 2014 pero cuya factura se ha ido arrastrando en los presupuestos del anterior Ministerio de Hacienda y Función Pública hasta este mismo ejercicio.
Triquiñuelas aparte, hay que recordar que el objetivo de déficit de 2018 sigue siendo del 2,2%, pues Bruselas no ha aprobado la relajación planteada por la ministra de Economía, Nadia Calviño, que amplía el desfase al 2,7%. Según los datos más recientes, el déficit público rozó el 2% hasta agosto y ante este panorama, Santacruz tiene claro que "no hay margen". La situación se complica para la financiación autonómica, pues aunque es la Agencia Tributaria la que devolverá los importes del IRPF de la maternidad, "después pedirá cuentas a las comunidades autónomas, pues la recaudación del tributo se divide a partes iguales entre éstas y el Estado", advierte. Y aquí, las más perjudicadas serían las arcas públicas de Andalucía y Cataluña, que presentan el mayor número de beneficiarios, con más de 195.000 en ambos casos, seguidas de Madrid, que supera los 190.000, y la Comunidad Valenciana, con cerca de 110.000.
En lo que interesa directamente a los ciudadanos y ciudadanas que recibieron una prestación por hijos en alguno de los años 2014, 2015, 2016 y/o 2017, que es el cómo y cuándo reclamar a Hacienda el dinero que les retuvieron de manera indebida, lo recomendable es esperar. Fuentes de la AEAT admiten cierto "caos" en las oficinas en las últimas semanas. "Lo mejor que pueden hacer es esperar a que se concrete el procedimiento", recomiendan. De lo contrario, advierten, las reclamaciones que se realicen por cauces no oficiales pasarán al procedimiento ordinario, por lo que verán retrasado el cobro de la devolución del IRPF.
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