Se abre la puerta a las reclamaciones

La justicia deberá controlar si el IRPH de las hipotecas es abusivo: ¿y ahora qué?

Fotografía de un edificio con hipoteca.
Fotografía de un edificio con hipoteca.
Canva.

El Tribunal europeo ha precisado que el IRPH debe estar sometido a control judicial para que los tribunales españoles evalúen si se trata de cláusulas abusivas incluidas en contratos hipotecarios. ¿Y ahora qué? Desde algunas asociaciones aseguran que el veredicto que podría costarle a la banca española hasta 30.000 millones de euros, pues hay entre 500.000 y 1,5 millones de personas afectadas que podrían recuperar una media de 20.000 euros.

En Asufin reciben con optimismo el fallo al abrir la puerta a reclamar por este índice y que los usuarios se ahorren más de 150 euros al mes y puedan recuperar entre 20.000 y 25.000 euros que han pagado de más. Las estimaciones de la asociación apuntan que los afectados pagaron de media 165 euros más al mes desde 2004 hasta este año con respecto a los referenciados al Euríbor, lo que supone un sobrepago de 24.987 euros, en términos generales. Su presidenta, Patricia Suárez, ha destacado que los jueces españoles podrán comprobar si se explicó el IRPH de manera clara y transparente como para que un consumidor medio pudiera comprender el coste económico que le podía suponer.

Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, aclara que " las cláusulas no sólo han de ser comprensibles en el plano formal y gramatical sino que deben permitir que el consumidor medio pueda comprender el funcionamiento concreto del modo de cálculo del referido tipo de interés y poder valorar las consecuencias económicas de las mismas". En cuanto al efecto de la sentencia sobre el mercado inmobiliario español, Font no prevé "grandes cambios en el número de compraventas o en la firma de contratos hipotecarios", pues “la mayoría de hipotecas en España se hayan referenciadas al Euribor". "Lo que sí podría pasar es que los bancos establezcan nuevas vías de actuación en su plan comercial para contrarrestar el impacto económico que eventualmente podrían sufrir por la devolución de las cantidades reclamadas por los consumidores, lo que podría encarecer las hipotecas en el medio plazo", vaticina el experto.

Por su parte el socio responsable del sector financiero de KPMG Francisco Uría cree que resulta previsible un aumento de la litigiosidad por la comercialización en España de hipotecas referenciadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). No obstante, cree que es conveniente tener en cuenta que hasta el momento ya se han producido decisiones judiciales, incluso del Alto Tribunal, en las que los magistrados se han posicionado a favor de las entidades financieras en esta controversia. "Es por esto que el resultado de las demandas no tiene por qué ser necesariamente negativo para ellos", ha asegurado, añadiendo incluso que la decisión del órgano judicial europeo es "probablemente la más favorable que hubiera cabido esperar".

Ante la previsible avalancha de demandas judiciales, La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido al Gobierno que tome medidas urgentes para evitar el colapso de los juzgados. "La evidente falta de medios y la pasividad del Gobierno están causando un grave perjuicio a los consumidores que reclaman justicia ante una nueva actuación abusiva de los bancos", ha señalado la organización.

La reacción del Gobierno 

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sostiene que las entidades financieras españolas cuentan con "la solidez suficiente" para enfrentarse a las demandas que se puedan presentar contra ellas tras el fallo.  Desde el Ministerio destacan que la sentencia "da por hecho que el IRPH no es abusivo" y que los jueces españoles deberán analizarlo caso por caso, sobre la base de que la cláusula puede llegar a no ser comprensible para el consumidor, y sustituyéndola por otra si se considera abusiva, según recoge Europa Press. 

En cualquier caso, ha resaltado que "las entidades financieras españolas tienen la solidez suficiente para hacer frente a las demandas que se puedan presentar". Asimismo, desde el Ministerio de Asuntos Económicos consideran que la "pronta" puesta en marcha de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero contribuirá a agilizar el tratamiento de las reclamaciones.

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