Hasta 25.000 contratos de la pandemia, bajo lupa por opacidad e irregularidades

Los contratos públicos adjudicados por vía de emergencia en lo peor de la pandemia del coronavirus -de marzo a diciembre de 2020- a cientos de empresas privadas de todos los tamaños, que en muchos casos no pudieron acreditar su solvencia técnica y financiera, están en el punto de mira de diversos órganos fiscalizadores y de la Fiscalía Anticorrupción. Una de las primeras adjudicaciones de mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, cuyo importe fue inflado para cobrar millonarias comisiones, o más de una decena de contratos, supuestamente 'amistosos', del Gobierno de Pedro Sánchez, ya están siendo investigados, pero las irregularidades, la falta de transparencia e información o los precios desproporcionados son protagonistas en buena parte de las más de 25.082 adjudicaciones suscritas en menos de diez meses de 2020, valorados en 7.300 millones de euros.

Un repaso exhaustivo de las fuentes que recogen estos acuerdos muestra un elevado número de contratos negociados sin publicidad con motivo de la pandemia, pero de otros muchos es casi imposible encontrar el rastro o conocer cómo, por qué, por cuánto y a quién fueron adjudicados. En este contexto resulta imposible un cuantificación exacta del número de convenios y, sobre todo, del dinero repartido. Una parte de estos convenios de emergencia fueron formalizados verbalmente, mientras otros son imposible de localizar en las diferentes plataformas y portales de contratación por errores que dificultan su búsqueda, falta de información -ausencia de precio o/y adjudicatario-, contratos con varios beneficiarios sin dividirlo en lotes o la falta de homogeneidad a la hora de tratar la información por parte de los cientos organismos contratantes.

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Tribunal de Cuentas y las sindicaturas y cámaras de Cuentas autonómicas han realizado una exhaustiva labor fiscalizadora y supervisora, que continúa en un contexto de aluvión de contratos ofertados por parte de decenas de organismos, y han dado a conocer un buen número de las adjudicaciones detectadas. De su examen se desprende una importante inconsistencia entre del gasto formalizado por los órganos de gobierno de las administraciones para estos contratos con respecto al importe de licitación bruta que recogen, lo que supone otra traba insalvable para la transparencia, que puede deberse a errores en la tramitación, falta de información o simplemente a incumplimientos en la publicación.

Hay 25.000 incidencias de falta de información, desde fechas, número de lotes, fórmula de tramitación, objeto del contrato, adjudicatorio e importe

Mientras, de las más de 11.181 acuerdos tramitados en los tres primeros meses, entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020, recogidas en la plataforma del sector público y las autonómicas, existen 25.000 incidencias de falta de información, desde fechas, número de lotes, fórmula de tramitación, objeto del contrato, adjudicatorio e importe. En esta falta de transparencia, intencionada o no, son protagonistas organismos como la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid y el Servei Català de la Salut. Los contratos de emergencia fueron adjudicados a todo tipo de empresas, desde las grandes, habituales en las licitaciones de todo tipo, hasta mini empresas y sociedades asiáticas, algunas radicadas en España, que facilitaron mayoritariamente mascarilla, guantes, gafas y batas. La falta de material sanitario y la urgencia por conseguirlo en los primeros momentos de la pandemia hizo que surguiesen comisionistas, se comprasen productos de muy mala calidad y se pagasen precios desorbitados. 

Desde la supervisión de Hacienda se destaca que hay un buen número de contratos que realmente son encargos a medios propios y que incluso estos han sido incluidos en procedimientos negociados sin publicidad, algo que resulta totalmente incoherente. Ausencia de documentación y/o justificación documental suficiente es otra práctica habitual, que aunque no constituye una obligación legal, hubiera aportado transparencia a los procedimientos y facilidad para la supervisión, algo que parece imposible en la situación descrita. Otra de las claves es que los contratos de emergencia llevan implícita la ejecución inmediata -no deben demorarse más de un mes-, sin embargo 310 contratos tuvieron duraciones de al menos 365 días y 35 de estos contratos superaron los 730 días de ejecución.

Mientras, el Tribunal de Cuentas comparte bastantes de las tesis del organismo adscrito al Ministerio de Hacienda en los informes realizados hasta ahora. En la fiscalización de 13 entidades, entre ellas RTVE, Instituto de Crédito Oficial, Agencia Tributaria o Banco de España, concluye que de forma habitual no se comprobó la capacidad de los adjudicatarios para poder celebrar contratos con el sector público, ni su solvencia económica, financiera y técnica, ni que las prestaciones objeto del correspondiente contrato formasen parte del objeto social del contratista. Además, en la mayor parte de los contratos fiscalizados no consta la solicitud de ofertas a más de una empresa, lo que hubiera evitado en mayor medida la opacidad y hubiera forzado la competencia para lograr mejores precios.

Los grandes ayuntamientos realizaron la justificación de la tramitación de emergencia de forma inadecuada, indebida e insuficiente

En un informe reciente, el tribunal fiscalizador examina las adjudicaciones realizadas en 2020 por grandes municipios, de más de 300.000 habitantes. Con los datos facilitados por los consistorios, afloran más de 2.700 contratos Covid, valorados en 221, millones. El informe destaca que los contratos de los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Bilbao y Alicante presentaban irregularidades en la justificación de la tramitación de emergencia, que se había hecho de forma indebida, inadecuada o insuficiente. Estas incidencias superan el 85% en los contratos del Ayuntamiento de Málaga, el 33% en el de Murcia y el 28% en el de Zaragoza. Un claro indicio del abuso del trámite de emergencia, un recurso que debería ser excepcional. 

Otro de los asuntos preocupantes que detecta el Tribunal de Cuentas es que en muchas de las licitaciones de los contratos celebrados por los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante y Córdoba no se acreditó la existencia de crédito adecuado y suficiente y tampoco constaba que se hubieran realizado las actuaciones necesarias para su dotación. En Madrid esa incidencia es del 22% y en el consistorio malagueño, del 30%. En cuanto a los impuestos, este tipo de contratos están exentos del 21% de IVA, pero en varios ayuntamientos aparecieron algunos en el que estaba incluido, una circunstancia que debería aclararse. 

Por último, destaca como OIReScon que si bien la contratación de emergencia puede llevarse a cabo verbalmente, lo adecuado y transparente sería que se formalizase por escrito, algo que según constatan no se produce en un buen porcentaje de los casos. En la fiscalización se detectó que, con carácter general, la práctica de formalizar por escrito los contratos no fue observada. Solo el Ayuntamiento de Alicante formalizó por escrito todos los contratos examinados. Junto a esto, el órgano fiscalizador destaca que entre los contratos que ha examinado hay algunos en los que no consta la documentación que acredite que la prestación se ha realizado de conformidad a lo previsto. A partir de estos informes y de la magnitud de la oferta de contratos queda patente que son muchas las irregularidades que esconden y que no será fácil encontrar el destino final de buena parte del dinero.