Roma.- El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, explicó hoy las líneas básicas del plan de ajuste presupuestario aprobado ayer por su Gobierno para hacer frente a la crisis económica, que, según el mandatario, no contempla ninguna "intervención" sobre las pensiones ni el aumento de los impuestos.
Berlusconi compareció en rueda de prensa junto a su ministro de Economía, Giulio Tremonti, para dar cuenta de su plan de ahorro de 24.000 millones de euros en dos años en el gasto público, medida aconsejada por la Unión Europea (UE) y que el primer ministro italiano definió como "equilibrada" e "inevitable".
"Hemos decidido intervenir para llevar la relación entre déficit y PIB del actual 5 por ciento al 2,7 en 2012. Hemos aprobado una reducción de 12.000 millones de euros al año, basado en un ajuste en el gasto público y en la lucha contra la evasión fiscal", comentó Berlusconi.
"No hemos aumentado los impuestos porque nuestro objetivo es, y sigue siendo, el de reducir los números del ajuste de otros países", agregó.
En este sentido, el mandatario aseguró que su plan de reducción del gasto público, aplicable básicamente para 2011-2012 y contra el que el principal sindicato ha anunciado una huelga general de aquí a finales de junio, es "menor" que el de otros gobiernos europeos porque su Ejecutivo ha sabido "operar bien en estos dos años".
El plan italiano, que suprime diez pequeñas provincias (no especifica cuáles) con menos de 220.000 habitantes, basa gran parte de sus iniciativas en una reducción del gasto de la administración pública del Estado, que se cifra en torno a un 10 por ciento, sobre todo con la congelación de los sueldos de los funcionarios.
"Pedimos un gesto de responsabilidad a los funcionarios, en primer lugar porque sus ingresos han aumentado más, dado que en los últimos diez años se han incrementado un 42,5 por ciento, mientras que el sector privado lo ha hecho en un 24,8 por ciento", dijo el primer ministro italiano.
En esa reducción del gasto público entran también los magistrados, que, en el caso de los del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), verán una reducción en sus sueldos del 10 por ciento, lo que ha llevado ya a la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) a manifestar su preocupación.
Para Berlusconi, es "capital" no tocar las pensiones del país (sí contempla cambios graduales en la edad de jubilación para los próximos años), así como instar a los entes municipales y regionales a reducir el gasto público en inversiones "no productivas" en torno a los 4.500 millones de euros.
"Las pensiones quedan tuteladas y garantizadas. No hay ninguna intervención sobre las pensiones. Pedimos sólo a quien se dispone a jubilarse que se mantenga un tiempo más en su puesto de trabajo", comentó el mandatario, líder del conservador partido Pueblo de la Libertad (PDL).
Según el político, la reducción del gasto público y, por lo tanto, de la "intervención del Estado" en la realidad económica del país es la "mejor receta" para hacer frente a la actual crisis y a la especulación que circula en torno a la economía europea.
En su plan de ajuste, que fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros en forma de decreto ley, Italia apuesta además por la "lucha a la evasión fiscal", con medidas como la rebaja hasta los 5.000 euros en la cifra mínima a declarar al fisco en caso de transacciones en efectivo.
Berlusconi afirmó en este sentido que en el sur del país hay porcentajes de evasión a la Hacienda pública "inaceptables", de entre el 85 por ciento en Calabria y del 63 por ciento en Sicilia.
Indicó asimismo que el plan de su Gobierno, muy contestado por la oposición y los sindicatos, es "inevitable" no por una mala gestión de su gabinete, sino porque "desde hace años Italia, como los países de la vieja Europa, está viviendo por encima de sus propias posibilidades".
De hecho, Berlusconi responsabilizó del actual exceso del gasto público italiano a los gobiernos de la Primera República, así como a los ejecutivos "de izquierda" de hace algo más de una década, que modificaron la Constitución de 1948 para dar a las regiones, según él, una mayor capacidad de gasto en Sanidad.
Lo cierto es que la Confederación General Italia de Trabajadores (CGIL) ha convocado ya una manifestación de funcionarios para el próximo 12 de junio contra este ajuste presupuestario, que ahora deberá pasar el trámite parlamentario.
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