La Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, tiene por delante una importante prueba de fuego para su Gobierno una vez que el Banco Central Europeo (BCE) inicie el próximo mes de marzo el proceso de reducción de su balance. Este trámite plantea un importante desafío para el propio emisor, el de empezar a retirar el exceso de liquidez del sistema financiero sin desestabilizar los mercados de deuda soberana -con ese objetivo, de hecho, se creó el instrumento para la protección de la transmisión conocido como TPI, por sus siglas en inglés-.
El foco se dirige hacia la tercera economía de la región por tamaño, que se considera la más "expuesta" a eventuales turbulencias una vez que el BCE empiece a vender los bonos soberanos que acumula en su balance. Este camino, inexplorado hasta la fecha, podría tener un impacto desproporcionado sobre la financiación pública en determinados Estados miembros y provocar que aquellos con más bonos en el Eurosistema (como es el caso de Italia) encuentren dificultades para financiarse a medida que estos se vayan liberando al mercado.
El gobierno italiano "conoce perfectamente estos riesgos y sabe también que el BCE no intervendría para apoyar los precios de la deuda soberana italiana si el gobierno opta por desafiar la coordinación de la política macroeconómica europea o cuestiona directamente las normas fiscales", apunta Erik Jones, profesor y director del Centro Robert Schuman de Estudios Avanzados en el Instituto Universitario Europeo, en la última edición de los 'Cuadernos Económicos' de Funcas.
Tanto es así que la hoja de ruta económica que el nuevo Gobierno transalpino mantiene desde el pasado mes de septiembre ha estado marcada por el continuismo, al tiempo que Meloni ha optado por defender la responsabilidad fiscal hasta el punto de enfrentarse por ello a sus socios de coalición (Lega, Forza Italia y Noi Moderati). Este giro de timón no ha tenido consecuencias de momento y los últimos sondeos publicados en el país apuntan a que la mayoría de centro-derecha se habría fortalecido.
Presupuesto continuista... deuda al alza
Una de las primeras medidas del Gobierno fue aprobar el presupuesto para este año, con un objetivo de déficit del 4,5% del PIB, en línea con la política presupuestaria prudente del Gobierno de Mario Draghi, pese a que Meloni ha puesto su sello en algunas políticas bastante más controvertidas, como el aumento del límite a los pagos en efectivo de 2.000 a 5.000 euros. En la agencia de rating S&P descartan que el agujero en las cuentas públicas italianas pueda bajar del 5,1% este año, ante las expectativa de que su PIB se contraiga una décima en el conjunto del ejercicio, obligando a su gobierno a extender algunas de las medidas energéticas este año. La mayoría de organismos internacionales sitúan a Italia y Alemania como las dos grandes economías del euro que no lograrán esquivar la recesión este ejercicio.
El problema añadido es que Roma apenas tiene margen fiscal con una deuda publica en el 144% del PIB (que podría escalar este año hasta el 147%) y cuando está previsto además que Bruselas recupere las reglas fiscales el año que viene. Italia es el mayor beneficiario de los fondos de recuperación Next Generation y recibirá 200.000 millones hasta 2026, a cambio de cumplir con los hitos y objetivos que le han sido fijados por la Comisión. "El principal riesgo para la inversión es que se cuestione el compromiso político con la aplicación del Fondo de Recuperación", coinciden desde Goldman Sachs.
Pese a que la inflación sigue estando disparada en el país y apenas se habría moderado hasta el 10,1% en enero (frente al 5,8% de España, el país con una tasa de IPC más baja de la Unión Europea junto a Luxemburgo), la economía italiana se ha mostrado inesperadamente resistente durante 2022 y principios del actual ejercicio, en el que el gasto y la inversión privados han seguido tirando -sobre todo en construcción y en infraestructuras-. Ni siquiera la subida más acelerada de los tipos de interés desde que se creó el euro (el BCE acaba de situar la tasa de referencia en el 3%) y el consiguiente aumento de los costes de financiación ha frenado estas variables.
Desde la agencia de calificación estadounidense no descartan que la bajada temporal de los precios de la energía pueda aliviar la reciente presión sobre el Ejecutivo transalpino para que mantenga las desgravaciones fiscales y las subvenciones al consumo energético. Esto último sí que proporcionaría cierto margen fiscal al país. Sin embargo, lo que preocupa verdaderamente a las autoridades europeas es que el Gobierno de Meloni aplique todas las reformas previstas en su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, sobre todo en lo referente a competencia, justicia y contratación pública. Un desafío en este ámbito podría comprometer la llegada de los fondos comprometidos para este año.
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