IU, ICV y ERC se suman a una querella criminal contra las agencias de rating

Madrid.- IU, ICV y ERC pedirán la comparecencia en el Congreso del gobernador del Banco de España, en el contexto de una querella criminal contra las agencias de calificación a la que se han sumado estas fuerzas políticas, por "alterar el precio de los mercados" en beneficio propio y de sus clientes.

El organismo supervisor debería dar explicaciones sobre el hecho de que el control a estas agencias en España -en concreto Moody's, Standard and Poor's y Fitch- "se limite a una circular interna de tres páginas", según los abogados que representan a las cuatro organizaciones querellantes, entre ellas el colectivo ciudadano Attac.

En una rueda de prensa conjunta de los letrados y las tres formaciones que se han adherido, el abogado y miembro de la dirección de Izquierda Unida Enrique Santiago explicó que entienden que la querella presentada el pasado 25 de febrero ha sido admitida a trámite, aunque no han sido informados de ello.

Coligen que el procedimiento ha comenzado, ya que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno les han pedido la traducción al castellano de tres querellas que adjuntaron a la suya, las iniciadas en los estados de Ohio, Conneticut y California.

Explicó que su investigación se centra en una calificación alterada por una de las agencias a tres minutos del cierre de mercado, lo que habría generado beneficios a determinadas empresas.

Actuaciones como esta, alegan, colisionan con los artículos del Código Penal 2.8.4 (maquinación para alterar el precio de las cosas) y el 2.8.5 (uso de información reservada para beneficio económico).

A pesar de que estas agencias dejan claro que sus notas son simplemente "opiniones", pueden ser constitutivas de delito si tienen "una determinada finalidad para afectar al precio de las cosas", añaden.

El coordinador general de IU, Cayo Lara, admitió que se trata de una lucha "de David contra Goliat", pero confió en que llegue a buen puerto, pues tiene "una buena base".

La portavoz de ICV en el Congreso, Nuria Buenaventura, denunció "el papel del Estado, que es el que tiene que querellarse, no las fuerzas minoritarias", ya que "estas empresas están marcando la política económica a nivel general, y los recortes sociales".

Por este motivo tienen también previsto pedir la comparecencia en el Parlamento del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

Por su parte, del portavoz de ERC, Joan Tardá, afirmó que estamos en el inicio de una cruzada, una batalla contra "el icono de la perversidad del sistema", y defendió que aun cuando pudiéramos perder el caso, el solo hecho de plantar cara "es importante".