JpD pide una moratoria en el pago de préstamos por personas con dificultades

  • La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha reclamado hoy una moratoria en el pago de los préstamos de las personas con dificultades económicas para evitar los desahucios, así como que se regule legalmente la dación en pago con carácter retroactivo.

Madrid, 29 oct.- La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha reclamado hoy una moratoria en el pago de los préstamos de las personas con dificultades económicas para evitar los desahucios, así como que se regule legalmente la dación en pago con carácter retroactivo.

Además, este colectivo judicial ha solicitado que se apruebe una ley de sobrendeudamiento familiar que faculte a los jueces para valorar las situaciones concretas con la adopción de quitas parciales de la deuda y aplazamientos en la misma como sucede con las personas jurídicas.

En declaraciones a Efe sobre el incremento de los desahucios, el portavoz de JpD, Joaquim Bosch, ha reclamado que se regule por ley de forma urgente estas cuestiones "del mismo modo que el Gobierno ha aprobado decretos en distintas materias, pues la gravedad y la situación de desesperación social de muchos ciudadanos justifican la adopción de medidas inmediatas".

Jueces para la Democracia apuesta por la adopción de modificaciones legales "ante las alarmantes dimensiones" de la problemática de los desahucios en materia hipotecaria, pues desde 2007 han sido desalojadas "cientos de miles de familias de sus viviendas y actualmente dicha cifra ha alcanzado su punto más alto con más de 500 desahucios diarios", según Bosch.

"Nos encontramos con un enorme drama social y la cifra de suicidios vinculados a los procesos hipotecarios es mucho mayor de lo que se cree, como se sabe en el ámbito judicial, pues la mayoría de los casos no ha llegado a los medios de comunicación", ha asegurado.

Jueces para la Democracia ha considerado que la legislación procesal concede a las entidades bancarias "privilegios desproporcionados que limitan de forma injustificada las posibilidades de defensa de los ciudadanos", lo cual "posibilita situaciones abusivas".

Por ello, los jueces de esta organización piden "otra regulación procesal más igualitaria".

JpD ha considerado también que el incremento de los procesos hipotecarios muestra "el fracaso" del Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno, "que ha tenido una incidencia irrelevante ante su carácter voluntario para los bancos y el escaso número de personas que puedan acogerse a él".

Jueces para la Democracia ha destacado que teniendo en cuenta que la sociedad ha realizado "un enorme esfuerzo económico para rescatar los bancos", está justificado que "las instituciones impongan limitaciones" a las actuaciones de las entidades financieras al estar en juego el derecho fundamental a la vivienda y al valorarse la responsabilidad de las entidades bancarias en la situación actual "por sus prácticas negligentes en el pasado".

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